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En Rosario, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como querellante en tres causas en las que la Justicia federal investiga presuntas bandas narcos para impulsar que esas mismas bandas sean investigadas, también, por lavado de dinero. El organismo estableció que en los casos de la Banda de Medina, en los de Los Monos y en el de Delfín David Zacarías, se había logrado “dar apariencia de origen lícito” a activos obtenidos de actividades delictivas, mediante “la administración, transferencia, venta y disimulación” de inmuebles, plazos fijos, pases de jugadores de fútbol, autos, moneda extranjera y cheques, entre otros.

La UIF señaló que para la Banda de los Monos el lavado “resultó posible a través de los vínculos parentales, conyugales” y otros establecidos con allegados. La dinámica era sencilla: con el dinero del narcotráfico, compraban “bienes (muebles e inmuebles) registrables y derechos económicos sobre jugadores de fútbol a nombres de terceras personas”, también abrían plazos fijos, compraban moneda extranjera y realizaban “acreditaciones de cheques de terceros en efectivo”. Esta banda llegó a tener “46 automóviles, cuatro motocicletas y por lo menos nueve inmuebles”.

En la presentación de la causa contra la Banda de Medina, la UIF informó que recibió “reportes de operaciones sospechosas que revelaron la posible existencia de bienes generados por una organización dedicada al tráfico de estupefacientes”, algo que también investigó la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Los investigados “integraría una banda criminal dedicada al tráfico y comercialización de estupefacientes y posterior lavado de los activos”. Con ese dinero habrían creado “tres sociedades comerciales”, una hipótesis alentada por el hecho de que los sospechosos “no poseían, al momento de la exteriorización patrimonial, actividades lícitas que permitieran justificar el origen y licitud” de ese patrimonio reciente. “De esta manera, se sospecha que el origen de esas ganancias provenían del delito de comercialización de estupefacientes.”

Por otra parte, en la denuncia contra Delfín David Zacarías, la UIF indicó que la “asociación familiar destinada a la producción y posterior venta de estupefacientes” había armado una estructura de prestanombres. Gracias a ello compró “gran caudal de bienes, tanto inmuebles –entre otros, más de 30 cocheras– como muebles, entre los cuales figuraban autos de alta gama.