A casi dos años de la muerte de Ludmila (Lulú), de dos años, hija de Yanina González, de 23, recién ahora su madre puede presentarse como particular damnificada para ser querellante en una causa que estuvo parada mucho tiempo y que apunta a quien desde el principio fue el sospechoso del crimen: Alejandro Fernández, el padrastro de la nena. Yanina González, que tiene un retraso madurativo, estuvo procesada, detenida en una cárcel y con prisión domiciliaria desde el 17 de agosto de 2013, el día en que murió Lulú, hasta el 11 de marzo de 2015, cuando fue sobreseída por el Tribunal Oral 2 de San Isidro. Ese fallo había sido recurrido por la titular de la Fiscalía Especializada en Género de Pilar, Carolina Carballido Calatayud, responsable de la acusación por supuesto “abandono de persona” contra Yanina, pero la fiscal de Casación Daniela Bersi desistió de mantener la acusación y confirmó el fallo del Tribunal Oral 2. Además del impulso a la causa contra Alejandro Fernández, la ex pareja de Yanina, que también tenía como fiscal a Carolina Carballido Calatayud, otra de las novedades es que la controvertida titular de la Fiscalía supuestamente “especializada en género”, aceptó la recusación presentada en su contra por la abogada Gabriela Conder, que representa a González. La fiscal Calatayud también fue denunciada por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) para que se investigara si incurrió “en discriminación ante Yanina por razones de género, discapacidad y pobreza”. Por el caso Yanina González, la fiscal Calatayud fue denunciada por “fraude procesal” por enviar a prisión y sostener, sin prueba suficiente, la acusación hasta llegar al juicio oral de marzo de este año. Conder consideró que “fue lamentable el rol que jugó la fiscal (Carballido Calatayud) que fabricó una acusación por supuesto ‘abandono de persona’, cuando tenía todos los elementos para acusar a Fernández porque la nena falleció por los golpes que le había dado este hombre”.

Otro dato que ensombrece aún más la actuación de Carballido Calatayud, es el hecho de que diez meses después de su acusación contra Yanina González por el presunto “abandono de persona” de Lulú, abrió otra causa por “homicidio”, por el mismo hecho, contra Alejandro Fernández. Lo curioso es que en vez de hacer la segunda acusación en el juzgado de Garantías 6 de San Isidro, a cargo de Nicolás Ceballos, donde tramitaba la imputación contra Yanina, lo hizo ante el juzgado de Garantías 7. Al parecer, Ceballos no tuvo conocimiento de la segunda imputación y por eso la que llegó primero a juicio oral fue Yanina.

El caso Lulú no es el único que marca la tendencia de la fiscal Carolina Carballedo Calatayud a castigar a las víctimas de violencia de género. A fines de junio acusó a Celina Benítez de “abandono de persona”, luego de que su beba muriera víctima de los golpes que recibió de su padrastro.

El nuevo caso fue denunciado públicamente y ante la justicia por la abogada Sabrina Cartabia, de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva.

Celina Benítez, de 22 años, estuvo detenida más de una semana después que su pareja abusara y asesinara a su beba de casi dos años mientras ella estaba trabajando. La denuncia pública fue hecha a través de los medios alternativos de comunicación, como en el caso de Yanina, hasta que el tema fue tomado por algunos medios de prensa nacionales. Cartabia se mostró satisfecha por el hecho de que Calatayud no intervenga más en el caso de Lulú, pero denunció que todavía se encuentra al frente de la Fiscalía especializada y como tal, está a cargo del caso que involucra ahora a Celia Benítez, que recuperó su libertad pero no fue sobreseída.

Por esa razón, Cartabia reclamó que “los que están al frente de las fiscalías de género tengan criterios de idoneidad para investigar como corresponde los casos de las mujeres que sufrimos violencia en la provincia de Buenos Aires”. Para explicar el padecimiento que sufren las mujeres golpeadas, y de manera especial las que no tienen medios económicos para asumir su defensa, recordó que Yanina González “empezó el proceso con una defensa oficial, gratuita, y estuvo varios meses en la cárcel sin saber por qué. Era el derecho de Yanina ser informada respecto de qué estaba pasando, pero la defensora no se entrevistó con ella y no le prestó la atención necesaria”. Dijo que ahora Celina también empezó cona una defensa oficial, lo que llevó a su organización a intervenir para evitar que se repitan los procesos.

En diálogo con la Red Eco Alternativo, la abogada resaltó que se trata de víctimas que son “mujeres de bajos recursos económicos o ingresos nulos” y en esas condiciones “llevar adelante un juicio y pagar un abogado” es imposible. Ante tal situación quedan “a la buena voluntad o la militancia de abogados y abogadas que están llenas de causas que tienen que llevar adelante” sin los recursos necesarios.