Sara Solarz de Osatinsky describió cómo Jorge “el Tigre” Acosta se desesperó en medio de su sesión de tortura porque ella no gritaba. ¿Por qué no gritás?, le dijo. ¿Qué pasa? Ella le respondió que en realidad no sentía nada debido a todo el dolor que había sufrido. Entonces Acosta llamó a Rogelio Martínez Pizarro, uno de los médicos del centro clandestino –los Tomy– en este caso dermatólogo. Martínez Pizzarro, dijo Sara, la evaluó y señaló que podían continuar con la tortura. Tiempo después, ese Tomy le dijo a Sara: “A mí nunca nadie me puede acusar de ser un torturador porque nunca torturé a nadie”. Ella le replicó: “Dando la venia para que continuaran la tortura, también me parecía que él era un torturador”.

Aquel médico es uno de los 59 acusados que aún esperan sentencia en el megajuicio por los crímenes de la Escuela de Mecánica de la Armada. A la vez, es uno de los únicos tres médicos de este juicio. Con él son juzgados los más conocidos Jorge Luis Magnacco y Carlos Octavio Capdevilla. Martínez Pizzarro llegó a este juicio sin condena. La fiscalía ayer, durante la jornada de alegatos, abordó el rol de cada uno de ellos. Señaló la “función central” que tuvieron los médicos en el plan sistemático de exterminio. En especial, en el tratamiento ilegal de las víctimas más vulnerables. La fiscal Mercedes Soiza Reilly, que continúa a cargo de este tramo de lectura, describió la relación del Departamento de Sanidad de la ESMA y del Hospital Naval en el suministro de esta mano de obra específica. Y recordó, en el caso específico del Tomy Martínez, de acento cordobés, que los sobrevivientes lo situaron dándole la inyección letal a Norma Arrostito, aparentemente el veneno que se sabe que le provocó la muerte.

“Los médicos se encargaron de las víctimas más vulnerables del campo, de lo más terrible, de las más castigadas”, explicó la fiscal. Atendieron a los torturados y lacerados para reponerlos cuando sus captores buscaban continuar interrogándolos. Se ocuparon de las embarazadas para que llegasen al parto y para poder robarles sus hijos. Y del pentonaval para que no opongan resistencia quienes iban a ser trasladados en los vuelos de la muerte.

Detrás del texto de la fiscalía, lo que ayer había en la sala de Comodoro Py era una respuesta a las defensas, que cuando ya no pueden discutir la participación de los médicos en el grupo de tareas sostienen que estuvieron ahí con una función asistencial. O, en el caso del Hospital Naval, que actuó como “salvataje”, por ejemplo con Marta Alvarez, trasladada allí por una complicación en el parto. La fiscalía recordó que, incluso en ese punto, el hospital fue una prolongación del centro clandestino. Marta continúo ilegal, clandestina, ni siquiera registrada y le prohibieron deambular por otros sectores. “No puede ser reducido su accionar a una actividad solidaria, pues sus acciones no los eximen de responsabilidad, más cuando con ellas permitieron la ejecución de las prácticas ilegales que formaron parte del plan sistemático de exterminio. En ese sentido, a poco de repasar los tipos de colaboración podemos acreditar que su actuación fue un soporte esencial en los hechos, descartando cualquier argumentación defensista.”

La presencia de los médicos en el campo no fue un capricho del GT. Estuvo regulada y prevista por el plan secreto de Capacidades de la Armada (Placintara/75) para cumplir con los planes militares, explicó la fiscalía. Los documentos reservados del Ministerio de Defensa demostraron además que institucionalmente dependían del Departamento de Sanidad de la ESMA, ubicado en el predio. Sanidad estaba vinculado al director de la ESMA y proveía de médicos y de enfermeros al CCD, dijo la fiscalía. “Pero es Acosta quien incluye al personal de Sanidad como parte esencial del GT –recordó– cuando en su indagatoria nos manifestó que era una ‘pieza fundamental en la estructura’. Fueron piezas que posibilitaron la concreción de los hechos criminales. Además, Acosta dijo que ellos tenían asignado un lugar en el espacio exclusivo de Los Jorges, el sitio clandestino donde se decidía la vida y la muerte de los cautivos.”

Así como Sanidad, otra área que funcionó en esa línea fue el Hospital Naval. “No sólo facilitando a sus profesionales médicos al GT, sino las instalaciones, dado que en ese lugar la residencia del cautivo fue clandestina como lo fueron las atenciones brindadas ya que continuó siendo sometido a un cruel trato, inhumano.”

Sanidad y el Hospital Naval tuvieron otras características. Sanidad estaba dividida en cuatro áreas: medicina, odontología, farmacia y bioquímica. “Las necesidades operativas obligaban al responsable a requerir la presencia de médicos del Naval, pero –dijo Soiza Reilly– necesitaban especializados en otros temas que podían cubrir con los médicos disponibles en Sanidad, por ejemplo un obstetra.” Martínez Pizzarro, Capdevilla y Magnacco fueron los más nombrados por los sobrevivientes, los más vistos dentro del campo y los que más injerencia tuvieron en el contacto con los cautivos, dijo la fiscal durante el alegato en el que enumeró y describió la función de cada uno en el centro de maternidad ilegal.

Por esas mismas razones, ellos no fueron todos los médicos ni enfermeros que actuaron. “El número de profesionales de la salud no se reduce a los tres imputados del juicio –explicó–. El plan de exterminio se preparó para que estos profesionales tengan asignado tareas especiales dentro y fuera del CCD. Su tarea era atender no solo a la población de las ESMA sino los requerimientos del GT.”

De los tres acusados, Martínez Pizzarro es quizás el menos conocido. Su nombre aparece sin embargo en los primeros listados de los sobrevivientes, tratados en este juicio singularmente con la entidad de prueba documental. Lo nombra Sara Osatinsky, también Lisandro Cubas, Alfredo Buzzalino, Miguel Lauletta, Ricardo Coquet, pero también aparece en la carta escrita por Domingo Maggio, en abril de 1978, cuando escapó de la ESMA. En esa carta que logró redistribuir antes de su nueva captura y asesinato también aparece la referencia a Magnacco.

“La metodología que aplican para deshacerse de los cadáveres de los secuestrados (...) fue cambiando con el tiempo. En los comienzos colocaban en un auto a una cantidad de personas (6 o 7), los acribillaban a balazos y luego incendiaban el auto. Luego adoptaron el ahorcamiento en la misma escuela, para luego tirarlos al mar. En la actualidad se les coloca una inyección somnífero, se los envuelve en una lona y se los tira al mar (...). Esta tarea es efectuada también por un médico, oriundo de Córdoba, que se hace llamar Tomy y por otro al que llamaban Menguele.”

Martínez Pizzarro aún niega su participación activa en la ESMA. Dice que se dedicó a controles “mínimos”. Pero hoy está acreditado no sólo su intervención como médico, sino su ascenso durante el tiempo que estuvo en la ESMA y su integración a los operativos por su paso previo por la Infantería de Marina, es decir, dijo la fiscalía, “un militar entrenado en combate”. Su nombre aparece en el histórico documento que señala las condecoraciones hechas por Emilio Massera a los integrantes del GT por su “heroico valor al combate”: “Si alguna duda cabe, esta distinción de la medalla de honor es por haber actuando en combate real contra las víctimas de este juicio –dijo la fiscal–: no fue por haber atendido a los aspirantes de la Escuela”.