Dos de las cuatro partes querellantes en el juicio por la tragedia de Once pidieron 22 años de prisión para el maquinista Marcos Córdoba y lo acusaron de haber sido “mendaz en sus dichos” por sostener que los frenos de la formación Chapa 16 no funcionaban el 22 de febrero de 2012. Durante la audiencia de hoy realizarán sus alegatos las querellas de Leonardo Menghini y Leila Leiva, y la cuarta y última de las partes, a cargo de Patricia Anzoátegui –desprendida, por desacuerdos, de la querella de Javier Moral–.

Córdoba “indefectiblemente ha sido mendaz en sus dichos”, comenzó ayer en su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el abogado Antonio García. El letrado quedó a cargo de la querella que corresponde al abogado Gregorio Dalbón, quien fue expulsado de las audiencias por su comportamiento agresivo.

Como había anticipado al inicio del alegato, esta querella sólo consideró al maquinista como responsable por el choque del tren en la estación de Once que causó 51 muertos y 789 heridos. Ante los integrantes del TOF 2, Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, el abogado aseveró que el motorman “indefectiblemente ha sido mendaz en sus dichos”.

“Las pericias confirmaron que el ‘hombre muerto’, sistema de frenado, había sido desactivado antes del accidente y Córdoba admitió que lo desactivó aduciendo que tenía el brazo o la mano cansada y eso lo motivó a hacerlo”, opinó el abogado García. “De lo que pudo haber sucedido, en base a conclusiones de peritos y de los ensayos, no surge el mal funcionamiento del sistema de freno”, agregó.

Un segundo grupo de víctimas y sobrevivientes de la tragedia ferroviaria de Once, representado por el abogado Moral, pidió la misma cantidad de años de prisión para Córdoba, a quien consideró el único responsable del siniestro. Moral pidió la condena y adhirió al pedido realizado en la mañana de ayer por la otra querella, tras considerar que Córdoba incurrió en “dolo eventual” al desconectar el freno de seguridad e ingresar a la estación a una velocidad del doble de la reglamentaria.

En alusión a los otros 27 imputados, en su mayoría funcionarios y miembros de la empresa TBA que tenía la concesión, Morales dijo que sentía que estaba en presencia de mucha gente allí “sentada que no tenía nada que ver” con el incidente.

La etapa de alegatos se inició en el Salón de Usos Múltiples de los Tribunales Federales de Retiro a sala llena y con la presencia de los procesados, entre ellos los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Desde las primeras horas del día, en la puerta de Comodoro Py 2002, se concentraron familiares de víctimas que colgaron fotos de sus parientes en las rejas de los tribunales.

En diálogo con Página/12, el representante de la tercera querella y tío de Lucas Menghini Rey –el joven cuyo cuerpo fue el último en ser hallado, tres días después del choque–, Leonardo Menghini, adelantó que sus representados pedirán que se considere a la causa como un “estrago doloso en concurso real con delito de administración fraudulenta”.

El abogado expresó que consideran la decisión de acusar únicamente al maquinista como “totalmente equivocada” e incluso opinan que lo sucedido fue “todo lo contrario. La responsabilidad es de la concesionaria y la falta de control. Esto fue dolo eventual por administración fraudulenta del servicio de trenes”, añadió Menghini.

Entre los 27 acusados restantes, se encuentran “cuatro funcionarios y el resto son empresarios de TBA”, explicó Menghini. “Hay beneficiarios económicos de la concesión que destartalaron el servicio y lo dejaron en las condiciones para que sucediera lo que sucedió.”

El abogado Menghini señaló, además, que el motorman “hizo lo que hacía siempre, sólo que esa vez el tren no respondió”. Para el grupo de familiares representado por Menghini, “las pericias probaron que el maquinista sí intentó frenar”.

Está previsto que el 14 de septiembre sea el turno del fiscal del juicio, Fernando Arrigo. Con su exposición se cerrará la primera etapa de los alegatos. Luego, los magistrados que componen el tribunal comenzarán a oír a los defensores de los 28 imputados.

Al comienzo de la tramitación judicial, el número de imputados era de 29, pero durante el proceso murió Guillermo Antonio Luna, subsecretario de Transporte Ferroviario. A través de 112 audiencias, los jueces escucharon a decenas de personas y tres testigos fueron detenidos por dar falso testimonio.

Informe: María Fernanda Rezzano.