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“La muerte del adolescente (Cristian) y las lesiones gravísimas de los otros dos adolescentes (Nihuil y Gastón) tienen una relación de causalidad directa con la omisión deliberada de los funcionarios actuantes del Poder Ejecutivo local y del Instituto de la Vivienda de la Ciudad para el cumplimiento de la sentencia judicial que había quedado firme.” Así dice un tramo de la denuncia penal que presentó ayer el asesor tutelar Gustavo Moreno para que se investigue a los funcionarios porteños que desoyeron los fallos judiciales de primera y segunda instancia que desde 2011 ordenaban la realización de obras concretas para reparar las fallas estructurales y el deterioro edilicio en el complejo habitacional de Villa Soldati, donde los chicos cayeron al vacío desde un sexto piso. La presentación responsabiliza penalmente por los sucesos al titular IVC, Emilio Basavilbaso y a varios integrantes de su equipo. Sugiere también que se analice el papel de la Jefatura de Gobierno porteña.

Moreno representa como asesor tutelar ante la Cámara Contencioso Administrativo a María Eugenia Andicoechea y Mirtha Corpache, quienes denunciaron ya en 2009 el peligro que implicaba para la salud y la vida de sus hijos el deterioro ostensible del complejo (ver aparte), que por una ley de 2001 tanto el Poder Ejecutivo como el IVC debían reparar.

La denuncia penal contra los funcionarios fue radicada en la fiscalía a cargo de Estela Andrades y repasa los fallos de primera instancia y de Cámara que intimaban al gobierno porteño a realizar las obras y que no fueron acatados. Se referían, además, a dos edificios puntuales, uno de ellos donde ocurrió la tragedia.

En la causa, recuerda el escrito, hay un informe pericial de la Superintendencia Federal de Bomberos que señalaba el “riesgo de colapsos y desprendimientos de material, de electrocución e incendio, riesgo de precipitación, cortes y golpes, riesgos de explosión, emanación de gas natural y monóxido de carbono”. Agregaba que “el deficiente estado de los ascensores deriva en riesgo de caídas, cortes, electrocución, incendio, aprisionamientos y atrapamientos de personas”. En el fallo de primera instancia el juez Hugo Zuleta decía que el Gobierno porteño y el IVC “no pueden desligarse de sus obligaciones máxime teniendo en cuenta que la salud integral de las personas que habitan el complejo y, en especial los niños, corre peligro”. Describía “escaleras rotas”, “barandas caídas”, “rajaduras”, “filtraciones de agua”, “humedad en las paredes y gran cantidad de basura desparramada”. Les ordenó elaborar un cronograma de obras con un plazo de quince días. La Cámara, el año pasado, siguió el mismo criterio.