[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde Santiago del Estero

El gobierno nacional finalmente terminó pronunciándose: la Secretaría de Derechos Humanos denunciará en la Justicia Federal de Santiago a Musa Azar por torturas, encubrimiento, secuestro, amenazas, allanamiento ilegal y desaparición de personas durante la dictadura militar. La presentación judicial es uno de los coletazos producidos por la investigación de los crímenes de La Dársena después de la aparición de restos humanos en el zoológico privado del ex jefe del aparato de inteligencia y represión del juarismo. La denuncia y la apertura de la causa por delitos de lesa humanidad en el fuero federal santiagueño fueron ordenadas directamente por el presidente Néstor Kirchner.
La base documental de la denuncia son 24 legajos de los archivos de la Conadep, que en este momento están en manos de la Secretaría de Derechos Humanos. “En esos archivos que se han actualizado después de 1984 existen múltiples constancias de denuncias que involucran a Musa Azar”, explicó ayer durante una conferencia de prensa Eduardo Luis Duhalde, a cargo del área de Derechos Humanos, encargada ahora de impulsar el juicio. Los legajos con los nombres de desaparecidos y de las víctimas santiagueñas de la dictadura militar cuentan con los elementos de prueba para imputar a Musa Azar por los delitos de lesa humanidad. En palabras de Duhalde, son: “aplicación de torturas en interrogatorios, encubrimiento y como integrante del grupo de secuestro de víctimas, orden de tortura, allanamientos y secuestros ilegales y presunta participación en la desaparición definitiva de personas”.
Este hombre cuyos antecedentes fueron difundidos una y otra vez por los organismos de derechos humanos de Santiago y por distintas organizaciones intermedias locales se mantuvo hasta hace sólo cinco meses en el corazón del gobierno juarista. Desde la dirección de la Subsecretaría de Informaciones, una dependencia con rango de ministerio, manejaba una organización dedicada a tareas legales e ilegales de inteligencia política, social y policial. Hasta ahora, ninguno de esos antecedentes habían servido para canalizar las denuncias. La Justicia de Santiago recién decidió detenerlo hace dos semanas, presionada por las marchas de los familiares del doble crimen de La Dársena y por los rumores de intervención federal que apabullaron al poder político en manos de Mercedes Aragonés, la esposa del caudillo Carlos Juárez. Desde ese momento Musa está preso por los crímenes de La Dársena, imputado como instigador del crimen de Patricia Villalba y como jefe de una asociación ilícita que se encargó de encubrir la muerte de Leyla Bshier Nazar.
En ese contexto, la denuncia promovida por Nación parece destinada a alentar las brasas de su infierno. El detonante de la presentación fueron dos datos: la aparición de restos humanos en el campo zoológico del hombre de inteligencia y, a partir de ahí, las sospechas de que se tratarían de restos de desaparecidos de la dictadura. Las sospechas surgieron el martes pasado en boca de una comisión de la Asociación de Familiares de detenidos y desaparecidos políticos de Santiago, que aseguraban que ese campo podría haber sido usado como centro clandestino de detención, de desaparición y de torturas. Con estos elementos en la mano, ayer se anunció públicamente la apertura de la causa contra Musa: “Ante la detección de restos humanos en una finca de su propiedad, el señor presidente ha dispuesto que se materialice esta denuncia con el solo y fundamental propósito de que la investigación alcance estos hechos”, explicaba el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Para el Gobierno, los huesos encontrados en la finca de Musa Azar durante estos días “por su antigüedad, se presume que no corresponden a hechos actuales o inmediatos sino de antigua data”, explicaban. Esta es la información recogida, según dijeron, del juzgado de La Banda. Porque “pueden pertenecer a desaparecidos de la dictadura militar”, dijeron, el Gobierno pidió la ampliación de la investigación ahora que, tal como aparece entre los fundamentos de la denuncia, está dictada la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La denuncia no es sólo contra Musa Azar. También apunta a “quienes puedan resultar coautores, instigadores, cómplices, partícipes de cualquier clase y/o encubridores” por los delitos mencionados, por los que puedan aparecer con la investigación y “a la vez –dice la presentación– como una clara repercusión de hechos delictivos del presente”.
Entre los legajos que sostienen los fundamentos de la denuncia, la Secretaría subraya el testimonio del suboficial Orestes Estanislao Vaello, con el legajo 3675. Vaello “reconoció haber participado de operativos de secuestro bajo la coordinación de Musa Azar y dio fe del conocimiento pleno que éste tenía respecto de la aplicación de torturas y de las detenciones ilegales”. El cuadro se completa, dice el informe, con el listado general de víctimas de desaparición forzada en el territorio de Santiago del Estero, el listado de las desapariciones de las que resultaron víctimas nativos de esta provincia, más el listado de los liberados de centros de detención ubicados en ese mismo territorio.
El petitorio concluye allí, pero la conferencia de prensa siguió adelante. Duhalde y Fernández escucharon durante un rato preguntas sobre las bandas de parapoliciales que amenazan a los campesinos santiagueños, sobre la intervención y sobre la responsabilidad política de los Juárez en la relación con Musa. Las respuestas fueron mesuradas, tanto como el tiempo que se tomó el Gobierno para lanzar esta primera piedra caliente sobre Santiago. No habrá intervención hasta que no lo decida el Parlamento, dijeron, pero le mandaron un mensaje a Carlos Juárez: “Funcionarios de esas características –dijo Fernández– no serían sostenidos por el gobierno nacional, es todo lo que puedo decir”.
Pero fueron sostenidos en Santiago. Antes, durante y después de la dictadura. Esta es una de las líneas que está mostrando la investigación del doble crimen de La Dársena. Detrás de los responsables directos de las muertes, de la cadena de impunidad y del silencio, la jueza María del Carmen Bravo está recogiendo piezas que muestran la continuidad de los métodos de la dictadura. En este momento, estructura el auto de procesamiento con pruebas sobre la organización paramilitar dirigida por Musa Azar, integrada por células de las que participaban policías de distintas jerarquías, miembros del Poder Judicial, hombres que le respondían en el Registro Civil, en el Registro de la Propiedad, en las dependencias de Antecedentes Policiales y en el Instituto Provincial de la Vivienda, entre otras áreas. Los datos los apartan distintos testigos e imputados de la causa, entre ellos uno de los hombres de confianza del ex jefe de Inteligencia. Durante estos días, detalló los operativos de inteligencia política, policial y social ordenados por Musa. El testigo es uno de los imputados de mayor rango. La jueza le preguntó:
–¿Usted piensa que la organización de Musa Azar estaba formada por células paramilitares?
–Sí –dijo él– y dentro de la Subsecretaría de Informaciones había fuerzas legales e ilegales.
Ese aparato paramilitar que aún no se ha extinguido hacía negocios, extorsiones, se dedicaba al tráfico de animales salvajes, a los negocios de las carnes, acumulaba casetes con escuchas ilegales usadas para extorsiones. El mismo imputado habló de tres de las investigaciones que le ordenó Musa Azar: una sobre los movimientos políticos en la localidad de Loreto para averiguar particularmente por qué el justicialismo había perdido. Otra sobre el Movimiento de Campesinos de Santiago y otra sobre Mario Efraín Avila, un ex diputado de Santiago, impulsor de las denuncias de abigeato y candidato a intendente con buen rating social.
Esa misma persona también habló sobre La Dársena. Sobre las visitas diarias que recibía Musa Azar del jefe de la investigación policial, el comisario José Bonifacio Leiva, ahora detenido. Nombró causas denunciadas por las Madres del Dolor, la organización de familiares víctimas del gatillo fácil y del abuso policial. Todos estos datos están en la causa. Retratan la imagen de Musa y, al mismo tiempo, de la provincia.