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Por primera vez en la Argentina, un conductor que causó víctimas por correr una “picada” va a la cárcel por homicidio. Sebastián Cabello fue condenado a 12 años, de cumplimiento efectivo, por haber atropellado con su Honda Civic a Celia González Carman y su hijita Vanina, que iban en un Renault 6, el 30 de agosto de 1999. La sentencia se dio a conocer a las dos de la tarde y dio vuelta el clima de una jornada muy tensa, que incluyó la huida de un hombre señalado como custodio privado de la familia Cabello y el posterior desalojo de la sala de audiencias por disposición del tribunal. A las 10 de la mañana, Cabello, con la cabeza baja, había pedido perdón “porque arruiné una familia”. Su arrepentimiento llegó “demasiado tarde”, según la madre de las víctimas. La clave del fallo reside en haber acreditado la existencia de “dolo eventual”: el homicida debía haber previsto que su conducta podía ocasionar víctimas. Y esta conclusión se basa a su vez en que los testigos y peritajes ratificaron que Cabello estaba corriendo una carrera en la vía pública. El veredicto está sujeto a apelación.
Poco antes de las diez de la mañana, la vereda del edificio de los tribunales orales porteños, en Paraguay 1536, estaba ocupada por familiares y amigos de las víctimas y también por muchos demandantes de justicia.
El abogado de las víctimas, Marcelo Parrili, denunciaba ante los periodistas la estrategia de la defensa: “Lograron postergar el juicio durante cuatro años mediante denuncias contra fiscales, jueces, testigos: apostaban a que Carlos Menem volviera a ser presidente porque el abogado Alejandro Novak es empleado en el estudio de Oscar Salvi, a quien Menem había anunciado como futuro ministro de Justicia si ganaba las últimas elecciones”.
La decisión central que los jueces debían tomar era si la conducta de Cabello debía encuadrarse como “homicidio culposo”, excarcelable, o como “homicidio con dolo eventual”: la cuestión era si Cabello sólo se había excedido en la velocidad máxima –como lo sostenía su defensa– o si –como lo sostenían el fiscal y la familia de las víctimas, que habían pedido 11 y 15 años de cárcel, respectivamente– estaba corriendo una “picada” con otros conductores: quien corre una picada en la vía pública no puede ignorar que su conducta pone en riesgo a terceros.
Pero antes de tomar esa decisión, los magistrados debían oír al acusado. Para escuchar a Sebastián Cabello se abrieron, a las 10.15, las puertas del Tribunal Oral Nº 30 de la Ciudad de Buenos Aires. La pequeña sala se llenó de inmediato. Sergio Rosales, esposo de Celia y padre de Vanina, sentado junto a su abogado Marcelo Parrili, encorvado, se mordisqueaba los dedos. Poco después, un funcionario exigió que quienes sin ser periodistas tuviesen máquinas fotográficas las entregaran, y esto fue obedecido pero alguien retrucó: “Si son tan estrictos, saquen a ése”. “Ese” era un tipo de pelo cortito: “Es uno de los provocadores que mandan los Cabello –denunciaban amigos de las víctimas–: en todas las audiencias hubo alguno: espían, molestan, son gente de seguridad privada”. El señalado no esperó a que lo echaran para irse; a los pocos minutos reapareció por la otra puerta, trató de hablar por un celular y fue echado definitivamente.
A las 10.44, acompañado de su abogado Alejandro Novak, llegó Sebastián Cabello. Vestía traje oscuro, camisa blanca y corbata. Tenía la cabeza inclinada, no la alzó durante toda la audiencia; de su cara sólo se veía la palidez. A tres metros de distancia, Sergio Rosales, ahora erguido en su silla, miraba al hombre que había matado a su mujer y a su hija. Vestía camisa sin corbata. Cinco minutos después llegaron los jueces René Morales Penelas, Dina Elsa Rende de Cagide y Oscar Garzón Funes. Un funcionario invitó a “escuchar las palabras finales del procesado, antes de que el tribunal pase a deliberar”.
Cabello, la vista baja, se acercó al micrófono: “Yo jamás supuse o pensé que alguna vez en mi vida podía lastimar a alguien. Mucho menos pensé lo que pasó. No puedo creer que piensen que no me importaban Celia y Vanina. Vivo día a día sabiendo que fui el culpable de que murieran; que arruiné una familia. Lamento de todo corazón lo que pasó y pido perdón a todos”.
Cuarto intermedio hasta las 13. El acusado debía esperar en otra dependencia del edificio. “¡Eso! ¡Eso! ¡Que Cabello vaya preso!”, crecían los gritos en la vereda de Paraguay. Sara de González Carman, la madre de Celia, decía: “El perdón debía haberlo pedido a lo sumo dos días después del accidente; ahora es demasiado tarde”.
A las 13 volvieron a abrirse las puertas de la sala pero, 20 minutos después, los jueces dispusieron el desalojo de amigos y familiares porque “hubo una agresión contra un abogado del imputado” y por “versiones de que puede haber armas en la sala”. Hubo protestas pero no resistencia. Quedaron sólo las partes en el juicio y los periodistas. El acusado se demoraba en bajar, y finalmente hizo uso de su derecho a no estar presente en la lectura del veredicto, que tuvo lugar a las 13.50.
El juez Morales Penelas empezó a leer el veredicto de “la causa 695 contra Sebastián Cabello por el delito de homicidio doble”. Sergio Rosales miraba fijamente al juez; su cuerpo, por estar tendido hacia el estrado, tomaba una expresión de súplica.
“...Condenar a Sebastián Cabello, por considerarlo autor penalmente responsable de doble homicidio con dolo eventual, a 12 años de prisión de efectivo cumplimiento...”. Rosales dio un puñetazo triunfal sobre la mesa y fue contenido por el abogado Parrili; Sara empezaba a sonreír. “...E inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, e inhabilitación especial para conducir automotores por el tiempo máximo previsto.” Sara llevó a sus labios el medallón, que colgaba de su cuello, con las fotos de su hija y su nieta. “...Se procederá a la inmediata detención de Sebastián Cabello, debiendo ser trasladado a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal”, leía el juez. La madre y el esposo de las víctimas se abrazaron largamente.
Los jueces también dispusieron que se investigue por falso testimonio a Daniel Cristian Pereira Carballo, que acompañaba a Cabello en el momento del accidente. Según el abogado Parrili, “Pereira Carballo es corredor habitual de picadas y también es responsable de las muertes”.
“Voy a llorar todo lo que no lloré hasta ahora”, dijo después, con los ojos húmedos pero todavía sin lágrimas, Sara de González Carman, e instó “a todos los que trabajan contra la impunidad, que sigan luchando”. En cuanto al monto de la condena, “creo que 12 años son suficientes: para entonces, Cabello va a tener 35 y su mentalidad va a haber cambiado. Yo tengo 79, y para entonces probablemente ya no estaré”.
Sergio Rosales se declaró “muy satisfecho” con el fallo y destacó el hecho de que “se puede luchar contra familias de poder adquisitivo y poder político como los Cabello”. El abogado Parrili se asombraba gratamente de que los jueces hubieran dispuesto la detención de Cabello: “Si no, iba a seguir en libertad durante los dos años que pueden llevar las apelaciones, y posiblemente iba a terminar fugándose”. Luego de que den a conocer los fundamentos del fallo –el próximo viernes–, la defensa tendrá diez días para presentar un recurso ante la Cámara de Casación, y le quedará la chance de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Los abogados defensores se retiraron sin hacer declaraciones. Más tarde Rafael Cabello, padre de Sebastián, sostuvo que a su hijo “le hicieron una cama tremenda” y que “no hubo un solo testigo que dijera que fue una corrida”, ya que “la carrera no existió”.
Eran cerca de las tres de la tarde cuando los jueces, al retirarse, fueron recibidos con aplausos. Morales Penelas saludó a Sara de González Carman con un beso en la mejilla. La jueza Rende de Cagide ratificó a este diario que la clave del fallo fue la constatación de que Cabello corríauna picada “con, por lo menos, otro vehículo; así lo ratificaron testigos presenciales”.
A las 16.50, Sebastián Cabello fue retirado por la policía hacia la alcaidía de Tribunales, desde donde será derivado al establecimiento penitenciario. Algunas personas lo habían esperado para gritarle “asesino”. Se equivocaron al desconocer que no fue condenado por asesinato sino por un homicidio con dolo eventual, que cometió a los 19 años y por el cual ayer –de igual modo que, cotidianamente, sucede con jóvenes de otra condición social– empezó a pagar.