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En diálogo con Página/12, legisladores y representantes de distintas organizaciones denunciaron “una vez más, el incumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad, como así también el desmantelamiento del sistema de Salud Mental” por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los reclamos figuran “el ataque a la formación interdisciplinaria de residentes y concurrentes, la falta de planificación presupuestaria y ejecución para la creación de dispositivos alternativos, el desmantelamiento de los dispositivos existentes y de las redes de salud mental, y las malas condiciones de trabajo que hacen inaccesible, para la población, el acceso a una asistencia adecuada”.

Los especialistas afirmaron que hay “una política muy clara ligada cada vez más a las corporaciones de la industria farmacéutica y al mercado”. Esto implica “un arrasamiento subjetivo que además de violar los derechos” que establecen la ley de la Ciudad y la Nacional “que son leyes de derechos humanos” y el incumplimiento “viola los derechos de atención a la salud digna, violan los derechos de los trabajadores de la salud y potencian la dificultad de manifestarse y de resistir”, por la persecución que sufren los que están oponiéndose a la política oficial.

La reunión se hizo en el despacho de la legisladora porteña Virginia González Gas, del Partido Socialista Auténtico, con la participación de Ignacio Mosquera, concurrente del Hospital Vélez Sarsfield; Ana Bordenave, asesora de González Gas en la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 y vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos del gobierno porteño; Angel Barraco, asesor de González Gas y representante de la Red por la Plena Implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.

También dialogaron con este diario Patricia Colace, asesora del diputado Maximiliano Ferraro; Ricardo Soriano, del Foro de Salud Mental, ex director del Centro de Salud Mental número uno y ex director de Salud Mental del gobierno porteño; Norma Slepoy, de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina; Adriana Menéndez, de la Mesa Intersectorial de Salud Mental; y Cristina Garland, presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.

González Gas abrió el fuego señalando que hasta hoy “no hemos podido discutir la ejecución del presupuesto del año en curso y mucho menos el presupuesto del año próximo”. La principal crítica que se hace al presupuesto de Salud Mental (ver nota aparte) está dada en el hecho de que “el 88 por ciento de las partidas presupuestarias está destinada a los hospitales monovalentes y se asigna un porcentaje ínfimo para los sistemas alternativos, para los hogares, para las casas de tránsito, para todos los efectores” contemplados en la ley 448. También “se ha reducido el presupuesto para los talleres protegidos”.

La legisladora denunció también la existencia de “persecuciones a los concurrentes, a los médicos, sobre todo del Hospital Moyano, con sumarios y suspensiones”. Otro de los cuestionamientos está dirigido a “las auditorías que hace el Ministerio de Modernización, porque estos yuppies creen que pueden manejar políticas públicas con criterios empresariales”.

Otro de los puntos centrales es la política de formación de los concurrentes “que dependen directamente del área de Salud Mental, y no de la Dirección de Capacitación, como marca la ley”.

Mosquera recordó que “todas las residencias del sistema hospitalario dependían de la Dirección de Capacitación, pero desde febrero, por medio de una resolución, a varias residencias de concurrencia las están pasando a Salud Mental, con lo cual, los médicos se van a formar con Capacitación y los psicólogos y psiquiatras con otra dirección que nada tiene que ver con Capacitación”.

Angel Barraco precisó que “de alguna manera apuntan a romper el nexo fundamental que plantean ambas leyes (la 448 y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657) y que dice que la formación debe ser interdisciplinaria porque el paradigma de atención que se propone en ambas leyes es intersectorial e interdisciplinario”. En ese marco “reiterar el mismo presupuesto para los hospitales monovalentes es seguir sosteniendo un modelo hospitalocéntrico o manicomial, en detrimento de lo que establece el artículo 14 de la ley 448, que despliega una serie de dispositivos como camas de internación en hospitales generales, guardias interdisciplinarias, casas de medio camino, residencias protegidas, emprendimientos sociales, dispositivos de atención domiciliaria que son muy importantes y están desfinanciados”.

Barraco puntualizó que “hay una direccionalidad ideológica en el presupuesto que pretende confirmar la concepción médico-hegemónica psiquiátrica en detrimento de los otros saberes que de acuerdo a las leyes y de forma democrática tienen los mismos derechos. Y más allá de sus incumbencias, les asiste la misma posibilidad de trabajar para el bien de los pacientes, dándoles una mayor garantía, en la medida que hay un mayor acceso de los saberes, para garantizar una mejor atención”.

Los asistentes coincidieron en señalar que “en la medida en la que se hegemoniza la atención tenemos las consecuencias de lo que históricamente es la cuestión y la lógica manicomial. Todo depende de un hospital monovalente donde hay grandes cantidades de camas de internación y no se da la repuesta que a esta altura del siglo XXI debería darse”. Otro de los cuestionamientos es por “el levantamiento de la red de hospitales de día”.

En este punto existe “un doble discurso del Gobierno de la Ciudad porque se dice que no se adhiere a la ley nacional por una cuestión federal, dándole una interpretación errónea, pero que sí se respeta la 448, cuando eso es una total falacia”. Puntualizaron que “el único punto que tienen en cuenta es el que no plantea, como en la ley nacional, el cierre definitivo de los hospitales monovalentes”.

Denunciaron que se trata de “una avanzada sobre todo lo que tiene que ver con la formación de residentes y concurrentes”, situación a la que consideraron “peligrosísima, porque una resolución pretende vulnerar una ley vigente, y esta desesperación en lo que respecta a la formación obedece a una disputa no sólo ideológica sino también de intereses porque es una apuesta muy fuerte a la medicalización”.

Se dijo que todo apunta “a un modelo médico-hegemónico que piensa en la medicalización; todos los programas que hoy está implementando la Dirección de Salud Mental van en la línea de ese modelo medicalizador y es muy peligroso porque estamos hablando de la formación de las futuras generaciones”. Recalcaron que “cuando nos pasan de formación a los programas de Salud Mental dejan de lado programas diseñados hace décadas y nos ponen bajo el mando de personas elegidas a dedo por el Gobierno de la Ciudad”. Señalaron, como ejemplo, que “en el último programa se está sacando todo lo que es la bibliografía que tiene que ver con atención comunitaria para favorecer todo lo que apunta a la medicalización”.

Apuntaron que “no se están desconociendo sólo las normas locales sino también las fijadas por la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que apuntan a una atención comunitaria e interdisciplinaria”. La política actual hace que “nuestro futuro es ser evaluadores de prácticas para pasarle después los pacientes a los psiquiatras para que les den su medicación”.

Norma Slepoy insistió en que lo que pretenden es que se respete “el espíritu de las leyes, que tienen que ver con una proyección de los sujetos que propugna que la concepción psíquica es producto de una concepción biopsico-social cultural, en oposición a lo que sería tomar el aspecto meramente biológico que lleva a la psiquiatrización y a la medicalización, a la cosificación de los sujetos”.

Los especialistas aclararon que “no toda la responsabilidad es del gobierno porteño sino que hay una responsabilidad compartida con la principal corporación de la Ciudad, la Asociación de Médicos Municipales, que cogobierna en la Ciudad porque tiene la facultad de designar de ministro para abajo a todos los funcionarios y cambiar secretarios en base a su propio criterio”.

La opinión general es que con la política actual “se retrotrae la situación a cuando se aplicaba la Ley de Ejercicio de la Medicina, la 17.132, una ley dictatorial todavía vigente que dice que hay una sola profesión que es la de los médicos y el resto son auxiliares de la medicina, criterio que se rompió con la Ley del Psicólogo, en el año 1985.

Otro de los problemas es que los agentes de Salud Mental se van jubilando y los cargos no son reemplazados a través de concursos. Esto significa que o se pierde el puesto o se ordena que sea reemplazado por otra especialidad médica. Se jubila o fallece un trabajador social y el cargo se lo dan a cardiología, lo que supone un achicamiento de Salud Mental”.

Subrayaron que la “política neoliberal” del gobierno porteño es certificada “por la propia directora de Salud Mental (María Grosso) que dice públicamente ‘no estoy de acuerdo con la Ley y entonces no la voy a implementar’, como si cualquiera pudiera decir que no estoy de acuerdo con que el semáforo en rojo diga que hay parar”.

En ese marco, “no hay efectores nuevos que funcionen con dispositivos no manicomiales, las casas de día han sido desmanteladas o funcionan con cuatro camas y no alcanzan para dar atención adecuada para los cinco mil usuarios que están internados en los hospitales monovalentes”. El panorama es similar en lo que respecta a la atención de niños y adolescentes porque “los chicos internados están hoy menos tiempo internados, porque no pueden estar más de dos meses, pero el problema es que cuando salen no tienen adónde ir, entonces van a hospital de día o a los consultorios externos del hospital monovalente Tobar García, que hoy no tiene profesionales para trabajar como hospital de día, como históricamente ha sido porque no tiene profesionales tratantes”.

Aseguraron que “se desarmó la red de hospitales de día desde la Dirección de Salud Mental y se armó la red de trastornos del espectro autista que diagnostican el autismo con métodos de screening y acá empieza otra vez la cosificación y la medicalización del paciente. Esto es lo que esta pasando con nuestros pibes”.

Los especialistas concluyeron que “hay una política muy clara ligada cada vez más a las corporaciones de la industria farmacéutica y al mercado, en donde los mismos médicos que están en contra de esto no tienen mas remedio que hacer guardias de no sé cuántas horas, donde pierden los lugares de anclaje que tenían en su formación. Todo esto, además, implica un arrasamiento subjetivo que además de violar los derechos, porque estas leyes son de derechos humanos, violar los derechos de atención a la salud digna, violan los derechos de los trabajadores y potencian la dificultad de manifestarse, la dificultad de resistir, de luchar, de nuclearse”.

Admitieron que sienten que cada vez son “menos”, pero de todos modos “hay que tener la fuerza necesaria y el apoyo de los medios para que se haga conocer a la población lo que esta pasando” con la Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires.