Verónica Gladys Romero tenía que robar dinero de su propio sueldo para poder comprarles ropa a sus hijas, y para cubrirse ante su esposo, Juan Ramón Soto –que le quitaba hasta su tarjeta de débito–, le pedía a su madre que mintiera delante de él y dijera que ella se la había regalado a sus nietas. Como suelen hacer los hombres violentos contra su pareja, en los años que convivieron, Soto la fue alejando de sus amistades y familiares cercanos y la descalificaba diciéndole despectivamente “escracho” o “negra” y “no servís para nada”. La violencia psicológica y económica era habitual, pero también ejercía sobre ella violencia física y sexual. Hasta que Verónica, una profesora de lengua de 38 años, se separó y empezó a vivir su propia vida como una mujer libre. Pero Soto, profesor de educación física, de 40 años, no la dejó: como ella no pretendía rehacer la relación, la asesinó de 11 puñaladas. No serás mía, no serás de nadie, pareció escribirle, como otros femicidas, con cada puntazo. Ayer, Soto fue condenado a prisión perpetua por el homicidio agravado por el vínculo, con alevosía y cometido en un contexto de violencia de género, de acuerdo al fallo que dictó la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia.

El tribunal, bajo la presidencia de la jueza Elda Cristina Torresagasti, y conformado por María Susana Gutiérrez y Osvaldo Antonio Verón, tuvo en cuenta el alegato de la querella a cargo de la defensora oficial Lorena Padován, que pidió que se contemplara el asesinato como un femicidio, según el artículo 80 inciso 11 del Código Penal. Ayer al mediodía se leyó la sentencia, pero no sus fundamentos, que se espera conocer en las próximas horas. “Estamos conformes”, dijo a Página/12 Gisela Romero, una de las hermanas de la víctima, profesora de Tecnología, quien encarnó el pedido de justicia por el femicidio de Verónica. Gisela contó a este diario que a partir de la muerte de su hermana empezó a leer sobre la problemática de la violencia machista. “Es increíble, pero siempre es igual: los violentos actúan de forma similar”, aprendió. Ella y las otras dos hermanas de Verónica y sus amigas empezaron a conocer después de su separación las distintas caras de la violencia que había sufrido en su matrimonio: lejos de Soto, la docente pudo contar sobre el control del dinero, sobre sus descalificaciones, los golpes de vez en cuando, sus intentos de tener sexo sin su consentimiento. Para afuera, como tantos violentos, el profesor de educación física era “encantador, simpático, servicial”, describió la defensora oficial Padován, que pudo reconstruir la relación entre ambos a partir de los testimonios de las amistades de Verónica, de sus compañeras de trabajo y de su familia. Verónica y Soto habían tenido dos hijas, hoy de 12 y 9 años, que quedaron al cuidado de Gisela. Pero en el juicio oral y público, que tuvo lugar entre marzo y diciembre de 2015, quedó en evidencia que él mantenía otras relaciones paralelamente a su matrimonio, al punto que tiene otras dos hijas con otra mujer, una de las cuales tiene la misma edad que la mayor de las niñas que tuvo con Verónica, según precisó la defensora oficial.

Padován se mostró ayer también muy conforme con el fallo: “El tribunal hizo lugar a mi pedido para que el caso se encuadrara como homicidio agravado por el vínculo aunque estaban separados de hecho; lo calificó por alevosía, porque el día que la mató le pidió que fuera sola a encontrarse con él y la atacó en el auto, sin posibilidades de que ella pudiera pedir ayuda o escapar. También se probó el contexto de violencia física, psíquica, económica y sexual que ejercía Soto sobre Verónica. La mayoría de los casos de femicidio se dan cuando la mujer se quiere separar”, apuntó a Página/12 la defensora oficial, que representó a la madre y a las tres hermanas de la víctima, como querellantes. Las cuatro fueron consideradas por el tribunal víctimas al sostener que la violencia la sufren todos los integrantes de la familia. “Hoy empezó el proceso de duelo para la familia”, destacó Padován. Hasta ahora estuvieron abocados a la trama judicial. Gisela, que aprendió no sólo de violencia machista en estos años, tuvo que recorrer los laberintos de la Justicia, cuando apenas había concurrido alguna vez en su vida a una comisaría para obtener un certificado de domicilio.

Otra particularidad del caso es que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó en el juicio como amicus curiae, en cumplimiento del deber del Estado argentino –por los tratados internacionales suscriptos– de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. Los fiscales Héctor Valdivia y Jorge Gómez, habían acusado inicialmente a Soto por homicidio agravado por el vínculo.

El cuerpo apuñalado de Verónica fue encontrado en su auto, estacionado en una calle de la ciudad de Resistencia, Chaco, el 27 de marzo de 2013. El día anterior, Soto la había citado para “hablar de unas cosas”, según les contó ella a su madre y a su hermana Gisela, cuando se despidió esa tarde, diciéndoles que en un rato volvía. “Cuidate mucho”, le escribió por mensaje de texto una sobrina que vive en el interior de la provincia, cuando supo que iría a verlo.

Ayer, el Tribunal cerró el juicio que se extendió durante casi un año en Resistencia, al sentenciar a Soto por femicidio, con el agravante de la alevosía, el vínculo y el contexto de violencia de género, como lo había solicitado la familia de la víctima.