En relación con el operativo “Febrero Blanco”, realizado hace una semana por Gendarmería Nacional y en el que se secuestraron 267 kilos de cocaína, ayer fue detenido el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad salteña de Salvador Mazza, Alejandro Gabriel Maurin, de 32 años. En la misma causa, cuya investigación comenzó hace ocho meses, continúa prófugo el concejal Mauricio Gerónimo, cuya situación será analizada hoy, en asamblea extraordinaria, por el cuerpo legislativo, según adelantó Ivana Soria, concejal a cargo en forma interina de la intendencia de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, que tiene una larga secuela de denuncias por narcotráfico que han involucrado a distintas figuras políticas desde el año 2006.

Ivana Soria, del Partido de la Victoria, está reemplazando al intendente Rubén Méndez, quien se encuentra con licencia médica. El concejal Alejandro Maurin, del Movimiento Popular Unido y quien se encontraba a cargo de la presidencia del Concejo Deliberante suplantando a Ivana Soria, fue detenido ayer en un operativo que se hizo sobre la ruta 34, en proximidades de la localidad boliviana de Carapari, conocida como la Capital Gasífera del vecino país.

Maurin fue detenido cuando iba en un camión cuyo conductor también quedó preso. Ante la baja de Maurin, del Partido Miles, como miembro del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, su puesto será ocupado en la asamblea extraordinaria de hoy por Manuel Vilte. De los nueve miembros titulares del Concejo, hoy sólo quedan siete.

En el marco de la causa, se pidió la captura internacional del concejal Mauricio Gerónimo, quien había quedado vinculado a la organización luego del secuestro de los 267 kilos de cocaína, tras una serie de allanamientos que se hicieron en las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero.

El avance en la investigación fue posible gracias al entrecruzamiento de información entre el titular de la Fiscalía Federal 1 de Salta, Ricardo Toranzos, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, y la fiscalía federal de Orán, cuyo titular es José Luis Bruno. En el marco de esta investigación ya se realizaron 14 allanamientos en distintas provincias y además de los 267 kilos de cocaína, se secuestró “importante material” para la logística de los traficantes, como gran cantidad de dólares, GPS, teléfonos satelitales y celulares, vehículos y documentación de interés probatorio para la causa.

La investigación fue iniciada hace ocho meses por el fiscal Toranzos en el marco de una causa que tramita ante el Juzgado Federal de Salta Uno, a cargo de Julio Bavio. Toranzos habían sido advertidos sobre la posibilidad de que un cargamento de estupefacientes fuera “soltado” desde una aeronave en el Departamento de Anta, una zona rural y de monte de Salta, según informó la Procuración General de la Nación.

En el informe se dijo que “comenzaron a ejecutarse las tareas de campo para dilucidar en qué lugar se descargarían los estupefacientes, así como también se tomaron medidas para dar seguimiento a las personas que, como fruto de la investigación preliminar, se encontraban individualizadas como partícipes del ilícito”. Entre la medianoche del sábado y la madrugada del domingo, se advirtió que de la zona de Anta partía un camión detrás de una camioneta “puntera”, que es como se denomina a los vehículos que custodian y alertan de cualquier irregularidad en el camino, a los que transportan los el estupefacientes.

“Ante la información de que habían sacado un cargamento de la zona”, relató el fiscal federal, “se detuvo en la localidad chaqueña de Monte Quemado a la camioneta puntera. Enterado de eso, el camión se fugó, pero resultó interceptado posteriormente en Taco Pozo, Santiago del Estero”. Ese vehículo, dentro del panel delantero del acoplado, llevaba oculta la cocaína, distribuida en “ladrillos”. Fueron detenidas cuatro personas y en una mochila encontraron medio millón de dólares. También se ordenó la captura del concejal Gerónimo y de otras personas.

Salvador Mazza es una localidad que tiene poco más de 20 mil habitantes y es considerada, desde hace más de una década, como uno de las principales puertas de ingreso de la droga en la Argentina. En 2006, la ciudad se conmovió con el asesinato de la productora rural Liliana Ledesma, quien había denunciado las actividades ilegales. El hecho provocó en su momento la renuncia del diputado provincial Ernesto Aparicio, del sector que respaldaba al entonces gobernador Juan Carlos Romero.