En un marco de denuncias de “parcialidad” –por parte de la querella– contra el Tribunal que tendrá a su cargo el juicio oral, mañana cinco policías bonaerenses comenzarán a ser juzgados por el homicidio de Gabriel Blanco, de 21 años. El hecho ocurrió el 1º de marzo de 2007, cuando el joven se encontraba detenido en la Comisaría 2ª de San Carlos, en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Al inicio de la investigación, la versión oficial que se trató de imponer por parte de las autoridades policiales fue la del supuesto suicidio de Blanco en la celda donde se encontraba. Esa versión fue desestimada por los hechos reales, dado que se comprobó que el joven había recibido una brutal golpiza que le provocó la muerte.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, que viene acompañando a la familia de Blanco, cuestionó la decisión de la Justicia de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a tres de los cinco policías imputados. Se trata de los que tenían la acusación más grave, por “torturas seguidas de muerte”, y que estuvieron detenidos en una cárcel común hasta el 22 diciembre pasado, doce días después de la asunción de Mauricio Macri como presidente y de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Pablo Pimentel, presidente de la APDH de La Matanza, al cuestionar la decisión judicial que otorgó el beneficio de la detención domiciliaria a los tres policías que estaban con prisión preventiva, afirmó que “no puede haber un retroceso en el empoderamiento de derechos”. Señaló que el organismo que encabeza, durante la anterior gestión gubernamental, en la provincia y en la Nación, siempre tuvo “una relación independiente” del gobierno kirchnerista. Por eso señalaron “lo que estuvo bien y lo que estuvo mal”.

Pimentel sostuvo, sin embargo, que en la anterior gestión “siempre había alguien con quien hablar” mientras que con el macrismo “no tenemos con quién” dialogar. Recalcó que ahora, los funcionarios “sólo reciben a algunos organismos porque viene de visita un presidente extranjero”, en referencia a Barack Obama. Afirmó que si logran condenas en el caso de Gabriel Blanco, esto puede servir para enfrentar “una política de persecución y venganza que se va a dar territorialmente, como ocurre en Jujuy con Milagro Sala”.

Advirtió que la sentencia que se tome en la causa por el homicidio de Gabriel Blanco, “va a marcar tendencia en lo político y social” porque el partido de La Matanza es “un lugar que marca tendencia”. Cuestionó al Tribunal Oral 5 de La Matanza por sus “últimas decisiones”, poco antes del comienzo del juicio, aludiendo a la prisión domiciliaria y a la resolución de los jueces que declaró nula la reconstrucción del hecho que se había realizado y que es una de las pruebas más firme para la fiscalía y la parte querellante.

En una reunión de prensa que se hizo para sentar posición respecto del juicio oral que se viene, Pimentel estuvo acompañado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y por los abogados Alejandro Bois y Christian Blanco, que representan a la familia de la víctima. Schulman dijo que “a cuarenta años del último golpe de Estado estamos aquí para decir Nunca Más a la violencia estatal”. Agregó que la causa Blanco “es un claro ejemplo de una práctica que, lejos de ser aislada o casual, es sistemática y creció en los últimos años con los decretos de emergencia en seguridad, que hizo el ex gobernador Daniel Scioli, en 2014, y con la constitución por decreto de las policías locales”.

Nora Cortiñas aseguró que “la prueba irrefutable de que Gabriel Blanco fue asesinado es imposible de disfrazar” y que en este caso, “como en el de Luciano Arruga y tantos otros, los poderes fueron cómplices”. Alejandro Bois expresó por su parte que “es difícil lograr verdad y justicia con jueces más propensos a estar cerca de las agencias de seguridad”. Como antecedentes del TOC 5, Bois recordó que es el mismo que falló “en el caso de Gastón Duffau, torturado por la policía, y absolvió a los cinco efectivos acusados”. También intervino “en la causa de Lucas Navarro, señalado como participe en un robo y linchado por cinco vecinos a los que el Tribunal dejó libres por el beneficio de la duda”.

Bois precisó que “muchas de nuestras conclusiones” acusatorias “se nutren de la reconstrucción ahora anulada” por el Tribunal 5,y que es “la misma reconstrucción del hecho que la Cámara de Apelaciones había validado cuando le tocó intervenir en la causa”. Puntualizó que “este Tribunal no sirve como árbitro porque tiene puesta una camiseta” y porque, además, “nos señala que por nuestros planteos de parcialidad (contra los jueces) podemos caer en una infracción a la ética profesional de los abogados”. Por lo dicho, estimó que “el resultado del juicio está un poco anticipado”.

Blanco vivía en el barrio La Borgward, de Isidro Casanova, junto con su pareja y el hijo de ambos. Trabajaba como vendedor ambulante y la querella ha señalado que era “perseguido por la policía por su negativa a trabajar para ellos”. Eso lo habría convertido “en blanco de hostigamiento sistemático porque le quitaban la mercadería con la que trabajaba”, motivo por el cual “cuando salía a trabajar era acompañado por su pareja o por su madre hasta la parada del colectivo” que lo sacaba de la jurisdicción de la comisaría segunda de San Carlos.

Los policías imputados son el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena, acusados por “torturas seguidas de muerte”. Por su parte, al comisario inspector Claudio Horacio Hundayn y al capitán Daniel Omar Dos Santos, se les imputa el delito de encubrimiento.

El 23 de febrero de 2013 el juez de Garantías Ricardo Raúl Alí dictó la prisión preventiva para tres de los acusados. La medida fue apelada ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de la Matanza. Los policías estuvieron detenidos en cárceles comunes hasta el 22 de diciembre del 2015, cuando los integrantes del TOC 5 se expresaron a favor de la prisión domiciliaria a la espera el juicio. Además, el mismo tribunal declaró nulo el peritaje de reconstrucción del hecho, realizado en marzo de 2012 por Gendarmería y la Policía Científica. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervendrá como veedora del juicio, que comenzará mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la sala de audiencias ubicada en Marconi y Florencio Varela, de San Justo, partido de La Matanza.