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Veinte años tardó la democracia en derogar la “Ley Videla”, la más discriminatoria que hayan soportado los inmigrantes en toda la historia argentina. El miércoles, el Senado aprobó una nueva Ley de Migraciones, por la cual tanto las escuelas como los centros asistenciales están obligados a abrir sus puertas a los residentes extranjeros aunque estén indocumentados. Cesa también el poder autocrático que hasta ahora permitía a la Dirección Nacional de Migraciones expulsar a extranjeros sin ningún control judicial, al punto de separar compulsivamente a bebés argentinos de sus madres nacidas en otros países. No obstante, la ley podría “quedar en letra muerta” –según un abogado del CELS– si su reglamentación no elimina las trabas burocráticas y los altos costos que impiden a los inmigrantes regularizar su situación. Y el titular del Inadi exigió en forma “urgente” la reorganización de esa dirección, que depende del Ministerio del Interior y que “durante cien años ejerció la persecución política y el racismo”.
El proyecto fue impulsado por el senador Rubén Giustiniani, del Partido Socialista, el mismo que, en su anterior condición de diputado, lo había presentado en la Cámara baja. “La nueva ley pone fin al poder que la Dirección de Migraciones tenía para ordenar la detención y la expulsión, sin orden judicial, de personas nacidas en el extranjero”, destacó Giustiniani.
La ley también establece que “en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno” y que “no podrá negársele o restringírsele el acceso al derecho a la salud”. La Ley Videla, al revés, ordenaba a los responsables de establecimientos educativos y asistenciales denunciar con nombre y apellido todo caso de residencia ilegal. “Esas denuncias eran giradas a la Dirección de Migraciones y conducían a la deportación”, comentó el abogado Diego Morales, uno de los responsables de atender a estas personas en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La ley que se aprobó no permite la expulsión de ningún extranjero salvo por razones objetivas, como la existencia de causas penales que lo justifiquen, y siempre con posibilidad de apelación ante la Justicia.
Morales destacó que “esta ley es un hito positivo pero por sí sola no resuelve el problema”. Algo que la ley sola no puede resolver es el alto costo de los trámites de migración. “Una causa muy frecuente de deportación es, paradójicamente, la voluntad de la persona de regularizar su situación: va entonces a la Dirección de Migraciones, inicia los trámites pero resulta vencido por las trabas burocráticas o no tiene dinero para pagar los elevados costos, que superan los 2500 para una familia de cuatro personas: cuando abandona el trámite, Migraciones manda detenerlo y expulsarlo”, explica el abogado del CELS.
Y no hay garantía de que esto haya quedado en el pasado porque “si bien la nueva ley dice que los costos no pueden superar el 20 por ciento del ingreso familiar, todo dependerá de la reglamentación, en la cual va a intervenir Migraciones; y hay una serie de decretos que la ley no deroga, como el 322/95 que obliga a pagar 300 pesos para poder apelar una expulsión”. El CELS pide “que los organismos de derechos humanos participemos en reglamentarla”, ya que “la ley puede quedar en letra muerta si la reglamentación es restrictiva”.
Entre los efectos más desdichados de la Ley Videla está la ruptura de las familias. “Estas situaciones se dan cuando las autoridades expulsan al progenitor de hijos que han nacido en la Argentina. Hemos tenido casos de madres de hijos recién nacidos, y los funcionarios de Migraciones argumentaban que, bueno, no era grave porque la madre se podía llevar al chico con ella, o si no podía dejarlo acá con el padre”, recordó Morales.
Por cosas como ésta, el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Enrique Oteiza, exigió “encarar urgentemente la reforma profunda de la Dirección de Migraciones: hay que reorganizarla yhay que capacitar profundamente a su personal, que está marcado por una historia institucional de cien años de ejercicio de la persecución política y el racismo” (ver recuadro).
A la hora de evaluar la actitud de la sociedad argentina hacia los inmigrantes, el hecho de que el Congreso haya tardado 20 años en derogar la Ley Videla se suma a otros datos: “Jamás pudimos conseguir que un juez declarara inconstitucional la Ley Videla, pese a que ello era evidente –comentó Morales–. Además, los extranjeros indocumentados no tenían posibilidad de defensa jurídica gratuita brindada por el Estado, ya que en todos los lugares les pedían el DNI”.