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La ley seca en la ciudad de Buenos Aires comienza hoy con una campaña masiva de difusión de los objetivos de la medida e inspecciones a los locales alcanzados por las restricciones. La medida que se pone en práctica abarca a kioscos, maxikioscos y las estaciones de servicio, donde está totalmente prohibida la venta de cualquier tipo de bebida alcohólica –independientemente de su graduación–, de acuerdo con una norma impulsada por el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, y aprobada la semana pasada por la Legislatura porteña. Los negocios habilitados para vender alcohol sólo podrán hacerlo, para consumo externo, entre las 8 y las 23.
Los objetivos de la medida serán difundidos por el gobierno porteño con avisos, spots publicitarios y carteles en la vía pública que intentarán aclarar el motivo de las restricciones, bajo la consigna “Una medida para proteger”. Al mismo tiempo, el gobierno lanzará a la calle desde las primeras horas de hoy cerca de un centenar de inspectores que “comenzará a controlar el cumplimiento de la nueva disposición”, según se informó en un comunicado oficial.
Los agentes de control estarán facultados –en caso de comprobar el incumplimiento de la norma– de aplicar una “primera infracción”, que implicará una multa de “300 a 10.000 pesos” y “retirar del local la mercadería de comercialización prohibida”, continuó el comunicado. Esas medidas serán de aplicación durante los primeros 30 días de vigencia de la veda, lapso después del cual –en caso de comprobarse un nueva infracción– se podrá “clausurar preventivamente” el comercio y hasta “retirar la habilitación del local”.
“El titular de la mercadería podrá requerir la devolución de la misma en un plazo improrrogable de 30 días, previo pago de multas, costos de traslado y de ocupación en el depósito”, se informó. El gobierno distribuirá a los comercios un stickers para ser pegado en lugar visible con la leyenda: “En este comercio no vendemos alcohol”.