A pesar de que la Justicia determinó su ilegalidad, algunas inmobiliarias todavía cobran a los inquilinos comisiones que equivalen a dos meses de alquiler y utilizan “todo tipo de estrategias elusivas”, denunció la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en una nueva presentación judicial. Meses atrás, junto a Inquilinos Agrupados (IA), la entidad presentó un amparo para que se prohíban cobros superiores al 4,15 por ciento del total del contrato en alquileres de vivienda única en Buenos Aires. “Hemos recibido cientos de denuncias de cobro ilegal de comisión y las estamos presentando en la Justicia para que se apliquen las sanciones correspondientes”, sostuvo Gervasio Muñoz, de la agrupación que nuclea a inquilinos porteños.

Hasta el 6 de mayo, una resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) permitía que esas intermediarias cobraran a los inquilinos dos meses de adelanto en concepto de comisión. Sin embargo, ese día, el juez Marcelo Segón suspendió la medida autoregulatoria e impuso una multa de 20 mil pesos por cada incumplimiento acreditado. El fallo señaló “la importancia del derecho a la vivienda digna, a cuyo acceso se ven dificultados los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires debido al cobro de comisiones que exceden lo permitido por la Ley N° 2340”.

ACIJ denunció ante el Juzgado N° 17 en lo Contencioso Administrativo y Tributario que la cautelar no se cumple y las inmobiliarias continúan exigiendo cobros superiores al máximo legal autorizado, que es el equivalente a un mes de alquiler. Sebastián Pilo, co-director de ACIJ, explicó a Página/12 que una de las trampas más comunes que utilizan las inmobiliarias –todas registradas y presentadas ante la Justicia– son cobros por “gastos” que pueden alcanzar los 5 mil pesos y honorarios no especificados. “Todos los gastos que se le presenten a un inquilino deben ser justificados, en general, el único que suele tenerse es el pedido de informe de dominio, un trámite que oscila entre los 200 y 500 pesos, dependiendo el caso”, añadió el abogado.

La denuncia presentada por ACIJ apunta a las “responsabilidades incumplidas” de las inmobiliarias, que el juez Segón había fijado en su fallo de hace dos meses. La más importante de estas obligaciones era realizar el “control adecuado hacia sus matriculados para evitar prácticas abusivas e ilegales” y, de ser necesario, aplicar las multas correspondientes.

“Si nosotros pudimos constatar casos directos de incumplimiento, evidentemente Cucicba debió estar igualmente al tanto y sancionar los excesos”, dijo Pilo. “Por lo que sabemos, el colegio de inmobiliarias no registró ni sancionó ninguna irregularidad desde que la Justicia falló en mayo”, agregó.

Pilo recordó que también es tarea de Cucicba difundir la decisión cautelar para asegurarse que tanto los titulares de inmobiliarias como sus clientes conozcan la medida dictada por el juez Segón. Para conseguirlo, ACIJ exige que se obligue nuevamente a que en las puertas de las inmobiliarias se instalen carteles que informen los límites comerciales de estas empresas. En la misma línea, Muñoz exigió “que (Cuciba) empiece a cumplir con las funciones que le delegó la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ley 2340, controlando y sancionando a los matriculados que no cumplan con la normativa”.

Mediante un comunicado, la asociación llamó la atención “sobre la necesidad de discutir un nuevo marco normativo para las locaciones urbanas que restituya condiciones de igualdad entre las partes de este tipo de contratos, para lo que se requieren medidas de protección especial hacia los inquilinos”. “Mientras tanto, es imprescindible exigir que las normas protectorias que ya existen (como el tope de un mes de comisión establecido por la Ley 2.340), comiencen a cumplirse”, añadió.

En su resolución de mayo de este año, Segón consideró que “el acceso a la vivienda digna está íntimamente relacionado con otros derechos humanos fundamentales”. La medida alcanza al 32 por ciento de las personas que residen en Buenos Aires, por lo que se calcula que beneficia a alrededor de un millón de personas. Para el mercado inmobiliario, en tanto, cumplir con la regulación significará una pérdida de 1100 millones de pesos anuales.