En una abarrotada y por momentos tensa reunión en el Anexo de Diputados, las comisiones de Salud, Seguridad Interior y Legislación Penal se comprometieron ante los familiares y pacientes, grupos de autocultivo de cannabis y especialistas a elaborar por primera vez un dictamen –el martes próximo– que solucione el doloroso trance por el que pasan los enfermos de epilepsia, epilepsia reactiva (muchos de ellos niños), VIH, cáncer, fibromialgias, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras patologías. Hasta el momento, cualquiera de los aludidos podría ir preso con sólo promover el consumo personal si dependiera de alguna de las fuerzas que el Ministerio de Seguridad emplea en su política de guerra contra las drogas, o de alguno de los jueces que deciden dar la venia. La ley de drogas lo prohíbe y lo castiga.

Durante las cuatro horas y media que duró el plenario, la sala del Anexo de Diputados estuvo repleta de familiares de pacientes, de madres con sus chicos con diferentes grados de epilepsia, de militantes del autocultivo, además de especialistas y funcionarios convocados, y diputados integrantes de las tres comisiones.

El primer debate fuerte se concentró en quien encabezaba el plenario: el presidente de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, radical mendocino integrante de Cambiemos. Que el debate sobre un tema de salud haya sido abierto a la comisión de Seguridad Interior y que ésta fuera la cabeza del plenario no es un detalle menor porque confirma el criterio del oficialismo. En su labor al frente de Seguridad Interior, Petri es un nexo entre ministerios de Seguridad provinciales en la guerra contra el narcotráfico que tantos perejiles y consumidores viene cosechando como éxitos. Esa comisión y la de Legislación Penal son las que llevan la rienda sobre la ley madre del asunto, la de Estupefacientes, más conocida como Ley de Drogas.

Por eso, apenas empezada la reunión, la diputada Nilda Garré (FpV) cuestionó que la presidencia del plenario estuviera en manos de Petri. Lo mismo opinaron las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Myriam Bregman (FI), Sergio Wisky (Pro) y Cecilia Moreau (Frente Renovador). El cuestionamiento, en el que más tarde insistió Garré fue motivo de una vehemente autodefensa por parte del presidente Petri, como cierre de la reunión.

Como presidentes de comisión, también se encontraban Gabriela Burgos (UCR/Cambiemos) y de Salud, Carolina Gaillard, la que debería resultar sede natural del tema. Entre los invitados, para complicar en parte el debate, se encontraba el director de Salud Mental de la Nación, Andrew Blake, quien fue blanco de las críticas de los familiares y parte de las/los diputadas/os.

Durante el plenario, tuvieron la palabra varias madres de niños con enfermedades que requieren el uso de aceite de cannabis. Se mostraron videos de fuerte contenido emotivo. Y también presentaron su postura los militantes de algunas de las organizaciones que defienden y promueven la legalidad del autocultivo, entre ellas Mamá Cultiva y Cameda (Cannabis Medicinal Argentina). En el exterior, militantes de otras organizaciones de autocultivadores rodearon el anexo con un abrazo para impulsar a los diputados a sacar el dictamen.

En el Congreso hay una docena de proyectos en danza (diez en Diputados y dos en Senado) que impulsan la legalización del autocultivo con fines medicinales. Y se vienen presentando con esos fines desde 2003. Para esa época, como señaló la diputada Diana Conti (FpV), no había organizaciones que impulsaran como ahora la legalización.

Ayer, una ronda de consulta a especialistas dejó en claro el fuerte apoyo social y de investigación que sostiene la legalización del uso con fines terapéuticos, y la urgencia que imprime el dolor de los pacientes.

Si se logró el consenso para sacar dictamen el martes próximo, lo que se desconoce es en qué consistirá el dictamen, especialmente, qué postura asumirá el oficialismo. Ayer no se discutieron los dictámenes de cada comisión. En realidad, hay uno solo terminado, el de Salud, que encabeza Gaillard (ver aparte), y que será puesto en debate de acá al martes. Cuáles son los puntos claves: la investigación (a cargo de universidades públicas), la producción (a cargo de laboratorios, tal vez nacionales), y el autocultivo (en manos de los propios interesados).

El oficialismo se comprometió ante los familiares a sacar un dictamen que permita el uso de derivados. No queda claro de cuáles. Despenalización es una palabra que desconocen.

La oposición sostiene que la despenalización para fines terapéuticos es clave: “ni las universidades van a investigar productos prohibidos, ni los laboratorios van a producirlos, y los cultivadores van a seguir yendo presos –dijo a este diario Gaillard–. Pero si no quieren modificar la ley, que abran un registro, que lo reglamenten y que habiliten a los usuarios autorizados, que tengan un carnet para que la policía no los detenga”.