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La Justicia española decidió ayer no expulsar a los argentinos detenidos el 11 de febrero pasado en Tenerife por trabajar sin habilitación, como respuesta al pedido realizado la semana pasada por el abogado defensor. Los magistrados suspendieron la medida hasta que culmine el proceso judicial, por lo que Mauricio Martínez Vulcano y Pablo Omar Luna siguen arrestados en el Centro de Internación de Extranjeros de Hoya Fría, aunque hoy recuperarían la libertad, según adelantó a Página/12 el abogado de la Casa Argentina en Madrid, Carlos Slepoy, quien calificó la resolución como “sin precedentes”. En Buenos Aires, la Federación de Sociedades Gallegas en Argentina y otras agrupaciones se reunirán el próximo jueves frente al consulado de España “en solidaridad con los argentinos ilegales” y en oposición al gobierno español “que no respetó al pueblo argentino”, pese a las recientes negociaciones efectuadas por el presidente Néstor Kirchner con su par español.
“Los jueces han acordado mantener la suspensión de la expulsión por lo menos hasta que culmine el proceso judicial, que va a llevar mucho tiempo”, afirmó el abogado José Alberto Díaz Domínguez, que basó la defensa en un tratado bilateral de 1863. Según la resolución, el juez Jaime Gilarte Martín Calero suspendió la expulsión porque “está en vigor el Tratado General de Cooperación y Amistad entre España y Argentina de 3 de junio de 1988, cuyo artículo 8 establece que cada una de las partes facilitaría a los nacionales del otro país la realización de actividades profesionales en plena igualdad con los nacionales del Estado de residencia”.
“Son muchos argentinos” en España que tienen abiertos trámites de expulsión por “problemas de papeles”, informó Slepoy. Y según las negociaciones entre los gobiernos de ambos países –para que se respeten los tratados bilaterales y que se reconozca el derecho de residencia y trabajo de los argentinos que se encuentran en España–, las autoridades españolas “no podían detener” a ningún argentino, recordó Slepoy.
La medida fue calificada por Slepoy como “un fundamento muy fuerte porque con esta decisión el magistrado está preanunciando que, conforme este tratado, ellos (los argentinos detenidos) no podrán ser echados de España”. A su vez, Slepoy opinó que la resolución es “sumamente importante porque crea un precedente muy grande no solamente para esta causa, sino para otras similares. Es un fundamento muy grande frente al propio gobierno español ante las negociaciones que está llevando a cabo el presidente Néstor Kirchner”.
Los detenidos recuperarían la libertad en las próximas horas y comenzarán los trámites para regularizar su situación en ese país, anticipó Slepoy, y sentenció que “la gente no pide permiso para residir en España porque sabe que el gobierno español lo deniega. Aquí queda muy en evidencia que los ilegales no son los argentinos. La ilegalidad es del gobierno español que vulnera los acuerdos entre ambos países”.
La Federación de Sociedades Gallegas en la Argentina y otras agrupaciones se concentrarán el jueves próximo, a las 19, frente al consulado español, ubicado en Guido y Callao, porque “el gobierno de José María Aznar no respetó a Néstor Kirchner ni al pueblo argentino. Los chicos en Tenerife estaban trabajando, no estaban robando. Sería bueno recordar que durante la guerra civil en España, miles y miles de españoles vinieron a la Argentina sin documentos y acá se les dieron todos los papeles sin discriminarlos”, describió el presidente de la Federación, Francisco Lores.
La iniciativa es similar a la efectuada la semana pasada por la entidad Argentinos en el Exterior frente al consulado argentino en Madrid. Martínez Vulcano y Luna, ambos de 31 años, oriundos de Tandil y Mar del Plata, fueron detenidos en Tenerife el 11 de febrero pasado, luego de comprobarse que trabajaban como albañiles sin tener papeles en regla, lo que violaba la denominada Ley de Extranjería.

Informe: Silvia Marchant.