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Cristian Ramaro, el joven de 23 años secuestrado el martes pasado en Tigre, sigue sin ser liberado, pese a que ayer se ratificó que los familiares pagaron un rescate de 270 mil pesos en una zona poco concurrida del barrio porteño de Villa Lugano. El caso era seguido de cerca por las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, mientras que los investigadores, que actúan de oficio ya que el caso no fue oficialmente denunciado, esperaban novedades en las próximas horas, teniendo en cuenta que “muchos casos de secuestro se resuelven durante los fines de semana”, recordó una fuente oficial consultada por Página/12. El pago del rescate se hizo “de auto a auto, sin detener la marcha”, en un lugar cercano a una zona de monoblocks del barrio ubicado en la zona sur de la Capital Federal. Anoche, frente a la vivienda familiar de Lavalle 836, en el Tigre, familiares y amigos realizaban una vigilia, con velas y oraciones, para “desear la pronta liberación de Cristian”.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que la familia pagó 270 mil pesos a los captores, aunque todavía “no se había recibido una prueba de vida fehaciente, ya que lo único que se registró fue un presunto llamado a la casa de un amigo de Cristian”. De acuerdo con la versión, ese número telefónico sólo lo podría tener el joven secuestrado. Los informantes recordaron que rara vez se pagan en la Capital Federal los secuestros realizados en la provincia de Buenos Aires. El último antecedente similar fue el del secuestro de Antonio Echarri, ocurrido en octubre de 2002.
El hijo de la víctima, el actor Pablo Echarri, dejó 200 mil pesos en una esquina porteña, pero después se descubrió que quienes cobraron ese dinero no fueron los verdaderos secuestradores, sino delincuentes comunes que “mejicanearon” el rescate y luego fueron detenidos. Ayer había gran expectativa en torno de una posible resolución del caso Ramaro, teniendo en cuenta el pago del rescate, el dramático pedido a los secuestradores de la madre de la víctima, Hilda, y las estadísticas que indican que “el 80 por ciento de los secuestros se resuelven durante los fines de semana”.
De todas maneras, algunos jefes policiales estimaron factible la posibilidad de una “mejicaneada” similar a la del caso Echarri. Otra hipótesis era que los secuestradores, ahora, reclamaran una suma de dinero “extra”, teniendo en cuenta la rapidez –sólo pasaron cinco días del rapto de Cristian– con que lograron los primeros 270 mil pesos. La familia, sin embargo, está convencida de que las cosas se hicieron bien y por eso espera ansiosa la inmediata liberación del joven.
Marcelina de Larrosa, tía de Cristian, confirmó a la prensa que “durante toda la noche (de ayer) no hubo novedades ni llamados telefónicos”, motivo por el cual “la familia está muy angustiada y ansiosa de novedades”. Tal como ocurrió el viernes, los vecinos y amigos de la familia Ramaro se autoconvocaron desde la tarde de ayer frente a Lavalle 836, con velas, carteles con imágenes religiosas y rezos para pedir la inmediata liberación de Cristian. En la puerta de la casa, se colgaron banderas que dicen “Liberen a Cristian”, “Tengan piedad, estamos destruidos”, “Extrañamos a Cristian”, “Aguante el gordo Cristian”, y “Queremos justicia”.
El joven Ramaro, de 23 años, es estudiante de Derecho y fue secuestrado a las 7.15 del martes, cuando se dirigía a su trabajo en la empresa de transporte fluvial La Interisleña S.A., propiedad de su padre Víctor Ramaro. Los delincuentes exigieron a su familia el pago de 400 mil dólares, pero después se llegó a un aparente acuerdo final por 270 mil pesos. El caso es investigado de oficio por la fiscal federal de San Isidro Rita Molina, ya que la familia no hizo oficialmente la denuncia.
Ayer, los padres del joven, Víctor Ramaro e Hilda Larrosa, en ningún momento salieron de la vivienda. La única persona del entorno familiar que dialogó con los periodistas fue una empleada que se limitó a decir: “Sólo nos interesa que Cristian venga cuanto antes”. El pago del rescate se habría concretado a las seis de la mañana del viernes. “Es un caso atípico, donde hay cosas que no cierran, por eso hay dudas acerca de la posibilidad de que pidan un rescate mayor o que haya ocurrido algo parecido al caso Echarri”, insistió una fuente policial.