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Pablo Lanusse está en medio de un fuego cruzado: su paso como interventor en Santiago del Estero acelera la discusión sobre el futuro de los espadachines “técnicos” del gabinete de Gustavo Beliz, piezas funcionales de la política de transparencia del estilo K. Los observadores del escenario santiagueño aseguran que la trasparencia es esencial, pero no alcanza como herramienta de construcción de poder en una zona donde la deuda pendiente es el desmantelamiento político, económico y cultural de uno de los regímenes más siniestros de la Argentina. En diálogo exclusivo con Página/12, Lanusse hace un balance a dos meses de gestión, presenta una radiografía de la herencia negra que aún mantiene sometida a Santiago y anuncia la inauguración de un calendario político con reforma constitucional y elecciones. No piensa presentarse como candidato en Santiago, pero anticipa que analiza su renuncia al cargo de fiscal “en licencia” para ponerse a trabajar en política.
El viernes a la mañana, Lanusse se reunió con los ministros Aníbal y Alberto Fernández para presentar por segunda vez balances mensuales de la intervención. Esta vez, en la mesa se habló “del ineludible punto de la reforma de la Constitución de Santiago”, el primer punto de la agenda política que medirá las fuerzas de los interventores frente a la herencia del sistema juarista.
–Para que se entienda –dice Lanusse–, la Constitución fue netamente funcional al régimen autoritario. La parte dogmática no tiene nada que envidiarle a cualquier otra Constitución, más allá de cosas puntuales. Sin embargo, nadie puede decir que en Santiago se respetaban los derechos humanos. Y esto es porque los aspectos que definen la estructura de poder le permitían al gobernador o al partido que ganaba eliminar la representación de las minorías: con un 35 por ciento de los votos, se garantizaba el 75 por ciento del control de la cámara.
–¿Para ustedes, ése es uno de los núcleos vitales que tuvo el juarismo?
–Es que esta Constitución ¿garantiza un régimen republicano? No. ¿Tengo que hacer la vista gorda? No. Hay que tocarla, porque es hegemónica: es funcional a un régimen autoritario, viola el derecho de las minorías, viola el municipalismo. Hay un sistema perverso que hace que el gobernador sea el dueño, amo y señor de la Legislatura. Igual que del Poder Judicial, a través del Consejo de la Magistratura. El plan de reforma constitucional está previsto para principios de octubre o noviembre. El llamado a una Constituyente implica, al mismo tiempo, la continuidad de la intervención, más allá del plazo original de 180 días previsto por el Congreso. Aunque la ley consideraba la renovación por otros 180 días, para los interventores la extensión del plazo es clave no sólo para la reforma sino para la construcción de una alternativa de poder, un alianza, capaz de convertirse en una oposición real frente a la herencia del régimen que aún sobrevive dentro y fuera del PJ. En este momento, la reforma cuenta con el aval de 120 organizaciones nucleadas en la Mesa de Diálogo, un espacio que trabaja con la intervención desde los primeros días de la gestión. El jueves pasado la Mesa emitió el primer documento que sella el acuerdo para convocarla antes de las elecciones.
–¿Cuál es el calendario político, entonces?
–Una posible elección de constituyentes para principios de octubre, principios de noviembre. Y una elección a gobernador para fines de febrero, principios de marzo, porque los 360 días que otorgó el Congreso vencerían el 25 de marzo de 2005.
–¿Que porcentaje del PJ acuerda con la medida?
–El Foro de Intendente Justicialistas no emitió opinión publica, pero apoya. Y los radicales apoyan, pero señalaron la necesidad de que vaya acompañado de una garantía de que no que habrá ley de lemas.
–Si las elecciones terminan con el triunfo del juarismo, la intervención habrá fracaso. ¿Están en condiciones de garantizar que eso no suceda?
–Creo que no nos tenemos que centrar en los nombres, sino en las formas. Sería muy poco favorable para la provincia que no ganara un nombre que fuera símbolo de algo y ganara alguien que fuera igual. Acá lo importante es que no gane. Por el bien de Santiago y del reclamo de la sociedad santiagueña: no nos tenemos que olvidar que la gente instaló a nivel nacional la situación crítica y el reclamo de cambio. Lo mejor que puede pasarle a la provincia es que gane un sistema totalmente distinto al sistema hegemónico, prebendario, clientelista, que lo único que le interesaba era mantener un supuesto orden: un orden que se daba con el pago al día del sueldo y con un sistema de espionaje y de represión para todo aquel que quisiera levantar una voz en contra.
–A dos meses de gestión, ¿cómo está ese sistema?
–Yo voy a decir cómo está el sistema político de gestionar.
–¿Por qué?
–Porque a mí no me interesa nada más que el juarismo, yo tengo que erradicar de la provincia todo lo que sea antirrepublicano y antidemocrático y no le pongo etiquetas. No me interesa nada más que un sector. Encaramos medidas que afectaron a un grupo económico. Y a mí me preguntaron si lo hacíamos porque lo teníamos como enemigo. No. El único enemigo que tiene la intervención es la ilegalidad, la corrupción y lo antidemocrático. No me interesa hablar de juaristas, me interesa hablar de todo aquello que fue funcional a esa forma de gobernar.
–Juárez sentó parte de su fuerza sobre el interior, en particular los municipios. Ustedes tomaron medidas, pero sólo con los comisionados.
–Es que Juárez tenía delegados departamentales en todos los municipios, que tenían más poder y más capacidad de gestión que cualquier intendente. Después de 31 años de existencia, los hemos erradicado. Los dejamos sin efecto. Esa estructura no tenía más sentido que ser los ojos y los oídos del gobernador en todo el territorio de la provincia. Y eso es importante para que no sea más el paraíso de las normas perfectas y de la realidad totalmente contraria. El famoso comisionado municipal estaba también garantizado por la constitución: el intendente que es elegido por el pueblo tiene un ejido sólo de 5 kilómetros a la redonda del municipio, el resto lo controlaban los comisionados.
–¿Por esa razón la intervención no actuó sobre los municipios?
–Queremos garantizar el juego de las instituciones democráticas. ¿Quién es el encargado de sancionar a un intendente que malversa fondos públicos, que atropella libertades? ¿Una intervención, los jueces o el Concejo Deliberante? Si yo quiero recuperar las instituciones, tengo que dejarlas hacer. Porque hasta ahora no los dejaban hacer. Además, tanto los intendentes como los comisionados, delegados y el Ejecutivo hacía que su autonomía y responsabilidad sea más acotada cada vez. A partir de ahora, si la Justicia no interviene cuando tiene que hacerlo o un concejo apaña, sí vamos a adoptar medidas porque tengo las facultades para hacerlo.
–¿Se trata de una judicialización de la salida?
–Sí, pero en algunos casos, puede existir un comportamiento no penal pero que igual sea reprochable. Y los concejos tendrán que intervenir. El Tribunal de Cuentas está evaluando gestiones que nos permitirán actuar en el caso que corresponda. Tuve una reunión con 27 de los 28 intendentes, y les trasmití que no había cheque en blanco. Les quiero exigir el cumplimiento de la ley.
–¿Y cuál fue la respuesta?
–El foro del PJ, y el resto nos acompañan.
–Sobre esa base, ¿imaginan una perspectiva de recambio que se refleje en las urnas?
–No lo puedo garantizar, lo tiene que demostrar el pueblo en las urnas. Esa forma de proceder histórico no se hacía por la fuerza, sino por el voto popular. La gente de Santiago, mucha gente, está haciendo mea culpa y encuentra espacios de libertad. Pero antes no les quedaba otra: porque perdían el trabajo, eran perseguidos o excluidos. Hoy hay espacios de libertad, pueden manifestar en contra incluso de lo que no podían y exigen lo que no podían. El plazo mínimo de los conflictos que nos vienen a plantear es de 5, 6 o 7 años. No vienen a decir que hace un mes me quedé sin agua. No, hace 15 años que no tienen. No me molesta tener gente todos los días en la Casa de Gobierno, porque quiere decir que la intervención era necesaria.
–Después de estos dos meses de gestión, ¿cuál es la herencia cultural tal vez más crítica?
–Yo creo que hay dos puntos: uno es que cuando la gente habla con un subsecretario o un ministro, siente que no es recibido por ninguna autoridad. Que la única palabra valedera y el que tiene la varita mágica es el interventor. Piden hablar nada más que conmigo: muestra una cultura deformada.
–¿El otro?
–La otra deformación cultural es que están educados en la convicción de que el Estado es papá. Entonces, le tiene que solucionar todos los problemas, le tiene que dar el sueldo, la casa, el subsidio. Eso es la estructura del Estado paternalista: todo es el Estado paternalista, y eso es una cultura muy, muy jorobada. Y eso sí, dudo que uno la pueda revertir. Va a ser el gran desafío de los que vengan. Porque va a hacer muy fácil caer en la trampa de ser un Estado Papá que permita y no establezca pautas, que no fomente el desarrollo individual, y recurra al clientelismo. Ahí está uno de los mayores desafíos.
–¿El futuro de Juárez?
–Entendemos que tienen que ser por el canal donde se desarrolla la investigación y la sanción que le pueda corresponder. Más allá de eso, tiene que haber un recuerdo de eso porque me parece que es una forma de sentar un cimiento. No hay mejor forma de garantizarlo para que no se vuelva a repetir que si no muestro y hago palpable ese sistema de persecución. Es mínimamente inocente decir que existían los legajos de espionaje, tal como lo hizo el señor Juárez hace unos días en una entrevista, porque era necesario conocer los antecedentes de quien podía ser designado juez. Me parece hasta casi una falta de respeto a los santiagueños. Porque no resiste el mejor análisis: me pregunto, si también quería nombrar obispos o a periodistas como jueces, porque no les daban los requisitos.
–¿Va a renunciar a la fiscalía?
–Lo estoy pensando. Lo venía pensando antes de que me ofreciera el Presidente hacerme cargo de la intervención. Por muchos motivos lo venía pensando, pero todavía no he tomado la decisión. Formalmente la tengo incorporada para adentro, lo he hablado con mi señora y todavía no la he concretado. Pero sí, lo estoy evaluando.
–¿Candidato en Santiago?
–No, no, no, no.... No pienso presentarme.