[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Ante jueces y fiscales vestidos con toga negra y volados en las mangas, el argentino Francisco Castorina fue absuelto ayer del delito de “violación del orden público” del que lo culpaba la Justicia española. Y por el momento no se concretó la expulsión a la que ya lo condenó el gobierno de José María Aznar, pero que ayer, por la aplicación de un artículo de la nueva Ley de Extranjería, podría haber sido la medida adoptada antes de comenzar el juicio sumarísimo por el que pasó junto a otros seis jóvenes. Pancho Castorina, un turista de 20 años acusado por la policía catalana de haber portado una navaja y piedras para protestar contra la última Cumbre de Países Europeos en Barcelona, “contento” pero con “pruritos y cierta timidez”, se negó ayer a dar entrevistas. Su padre, el académico Juan Antonio Castorina, y su abogada le explicaron a Página/12 cómo este caso resulta ser el ejemplo de la aplicación de una nueva función de la polémica ley que rige en España el destino de los migrantes: apenas se los acuse de un delito leve –como el que le imputaban hasta ayer a Francisco–, el fiscal debe pedir que el juez, sin darles oportunidad de defenderse, los expulse de la Comunidad.
Castorina estuvo preso 21 días en un sótano mal iluminado de una comisaría catalana, el Centro de la Verneda, hacinado junto a otros inmigrantes que acusados de ilegales esperaban allí ser sacados por la fuerza de España. Salió la semana pasada por una apelación aceptada por el juez Ramón Bardiz, pero debió esperar no sin ansiedad al “juicio sumarísimo” en el que ayer se demostró que las acusaciones contra él y el resto de los jóvenes detenidos junto a él el 15 de marzo, resultaban “incongruentes con las pruebas”. La policía sostuvo desde el comienzo de las actuaciones en la esquina del Paseo de Gracia donde lo apresaron que Pancho era uno de los manifestantes antiglobalización que protestaron contra la cumbre de países europeos. Y que así como otros cargaban piedras en las mochilas, el llevaba una navaja en el bolsillo.
El proceso del martes 8 fue el último de una serie de 9 juicios sumarísimos anteriores. Los magistrados comenzaron a atender los casos a las 9 de la mañana. Desde la misma hora Francisco, su padre, su abogada Monserrat Salvador, los amigos y las organizaciones de Derechos Humanos que los han apoyado esperaron frente a los tribunales. Recién se abrieron las puertas para ellos a las 11 de la noche. Pero a esa hora todavía no se sabía si Francisco, el único extranjero del grupo detenido en esa esquina el 15, tendría o no derecho a la defensa por el delito del que se lo acusaba. ¿Cómo era posible? Pues la ley de extranjería impuesta por el gobierno en su política de discriminación de los extranjeros y de puertas cerradas a la Comunidad Económica, permite casi todo a la hora de deshacerse de un migrante. En uno de sus artículos, el 57, que hasta el momento no era aplicado con férrea determinación por los fiscales españoles, prevé que aquel inmigrante que cometa un delito leve una vez vencida su visa, podrá ser expulsado por el juez de la causa, sin proceso: o sea “antes de termine en la cárcel por lo que hizo o que se lo libere de culpa y cargo si no lo hizo, mejor que vuelva a su país” sería el razonamiento que busca la aplicación de la norma (ver aparte).
Podría hacerse, siguiendo los dos expedientes del caso Castorina –el que le abrió el gobierno por su condición de turista irregular y el penal por su supuesta pasión antiglobalizadora– una especie de recorrido por la ley de extranjería. Si se toma en cuenta la causa administrativa allí se le aplicó –según explicó a Página/12 su abogada, Monserrat Salvador –el artículo “53.1 A”: “Es la expulsión prevista para aquel que tiene sus papeles vencidos hace más de tres meses”. Por eso ya se ha apelado ante el gobierno la decisión de echarlo del país con prohibición de volver a entrar cualquiera de la Comunidad por seis años. Y se estudia una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de Catalunya, el único que podría torcerle el brazo al gobierno, si es que este decide no escuchar el pedido de unos 300 intelectuales que piden la revocación de la medida.
Cierto es –y ayer Castorina no terminaba de festejarlo– que el juicio lo dejó bastante bien parado. Podría haber salido de ahí expulsado por el juez. Pero ayer antes del juicio penal hubo una comparecencia previa para ver si se le aplicaba el artículo 57 y en lugar de un juicio se decidía, también por vía judicial, su salida del país y la prohibición de regresar a la comunidad por un lapso de seis años. El fiscal pidió que se lo expulsara. “Yo me opuse –contó Salvador– y el juez dijo que no podía resolverlo en el momento y que por lo tanto le daba a Francisco la posibilidad de defender ante el tribunal su inocencia.” Fueron cinco minutos previos al juicio sumarísimo que duró luego una hora. Los testigos que presentó la defensa desbarataron la historia policial. Entre ellos la empleada de una librería y la de una farmacia de Gracia dijeron que los jóvenes solo pasaban por la esquina, a cinco cuadras de la marcha, y que los detuvieron a las 18.30, media hora antes de que comenzara realmente el acto contra la Cumbre. La policía sostuvo que fue a las 19, la hora de la manifestación.
Como además la navaja y las piedras que mostró el fiscal no fueron consideradas como pruebas valederas, el mismo funcionario decidió retirar cargos. Hacia la medianoche del miércoles el grupo de chicos acusados de violación del orden público, acompañado por los familiares, no podían creer que la pesadilla penal hubiera terminado. “El final fue muy conmovedor, había gente esperándonos, hubo mucha gente solidarizándose, llamando por teléfono, festejando que se haya hecho justicia”, le dijo el padre de Pancho a Página/12 desde Barcelona. Aunque aún queda por delante la apelación a la medida de expulsión ya decretada por la subdelegación del Gobierno Central en Catalunya. “No opino sobre la ley de extranjería en sí porque soy ciudadano argentino –dijo Castorina–, pero la manera en que la aplican es más dura aún que la propia ley. El caso de Pancho impacta sobre la comunidad de inmigrantes, sobre los manifestantes, sobre los derechos de otros ciudadanos.”