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Los cinco minutos durante los cuales ayer Francisco Castorina no supo si le harían un juicio por violación del orden público o directamente lo expulsarían por seis años de España y todos los países de la Comunidad Económica Europea serán los que vivirá de aquí en más cualquier inmigrante acusado de un delito leve. Hasta esta semana el artículo de la ley de extranjería que plantea la expulsión aún antes de tres meses vencida la visa era aplicado sólo por algunos fiscales. Pero el lunes pasado el fiscal general de Estado ordenó a los fiscales a aplicarla a pie juntillas. En una circular mandó la “pequeña instrucción” de que los fiscales ante los procedimientos abreviados o juicios sumarísimos “hicieran todo lo posible” por pedirles a los jueces la expulsión de los migrantes. Pidió que “interesaran ante el juez que en lugar de cumplir condena en un centro penitenciario español -cuando la pena del delito por el que se los acusa es menor a seis años– (el acusado) fuera enviado a su país”.