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Por Cristian Alarcón y Carlos Rodríguez

Otro jefe de la Bonaerense renunció envuelto en un escándalo. Hacía cinco meses que el comisario Amadeo D’Angelo era investigado –junto a un grupo de policías y funcionarios de la Zona Norte– como sospechoso de recibir coimas de una red de prostitución y esclavitud de mujeres. La noticia no había trascendido. D’Angelo sabía que estaba imputado en la causa por cohecho que tramita en una fiscalía de San Martín, pero fue recién ayer cuando decidió pedir su retiro después de que una de sus casas, la de Quilmes, fue allanada en búsqueda de pruebas. Hasta las alfombras fueron levantadas en busca de dinero, documentos, comprobantes de posibles ganancias malhabidas, contaron a Página/12 fuentes de la propia policía. Tratamiento similar recibieron las oficinas del intendente de San Miguel, Aldo Rico, la del presidente del Concejo Deliberante y la de varios oficiales de la policía de la Zona Norte. “Son las reglas del juego”, le dijo D’Angelo ayer a este diario sobre su renuncia, después de asegurar que es inocente de lo que se le imputa.
El comisario D’Angelo era el jefe de la Departamental Zona Norte cuando una cámara oculta de “Telenoche Investiga” registró, hace dos años, al dueño de tres cabarets contando que gastaba 18 mil pesos mensuales en adornar a las autoridades de las zonas de influencia: no solo San Miguel, donde funcionaba Imagina; sino también José C. Paz, donde estaba Hawai, y San Fernando, como sede de El Porteño, este último en jurisdicción de la Departamental al mando del hombre que habla ronco y pausado. El mismo ha contado que su tono de voz no tiene misterio: recibió un tiro que le cortó las cuerdas vocales en épocas en que era un “oficial operativo”. Así fue que siempre se lo respetó en la fuerza: por ser un duro y “representar” a la tropa, por un lado; y por ser un capo demasiado cercano a Mario “Chorizo” Rodríguez, por el otro.
¿Cómo es que el fiscal de San Martín, Edgardo Ledesma, llegó a allanar una casa del Jefe de la Bonaerense? La historia se remonta al escándalo que ya salpicó al riquismo hace dos años cuando quedó al descubierto una red de prostitución que esclavizaba a mujeres, la mayoría paraguayas, obligándolas a trabajar vendiendo sexo a cambio de una paga magra y un encierro que llegaba, según los testimonios, hasta a 40 días sin tiempo libre. En aquel momento, los allanamientos dieron sus frutos: no sólo quedó preso el capo de la organización, Vicente Serio, sino que fueron cayendo a su paso, al menos como sospechosos, los hombres que le habrían garantizado el funcionamiento libre de los tres prostíbulos a cambio de un pago organizado, metódico, y bastante caro: 18 mil pesos –de cuando eran dólares– por mes para funcionar sin presiones.
Pero de todo lo encontrado en los locales donde también se explotaba sexualmente a menores de edad, lo que produjo este nuevo escándalo fue una agenda escrita a mano en la que Vicente Serio llevaba minuciosas cuentas y nombres y apellidos de sus contactos: el nombre de Amadeo no aparece allí. Lo que se lee, en una lista en la que siempre a una identidad le corresponde a un costado una cifra en pesos, es su cargo de entonces: Jefe Departamental Zona Norte. Por ese motivo, es que D’Angelo quedó en la mira de los investigadores. Luego “un entrecruzamiento de comunicaciones entre los teléfonos de Serio y de los imputados” determinó que hubo demasiados contactos del fiolo con la Departamental. “Llegamos a contar 200 llamados a un solo comisario”, dijo a este diario una fuente judicial. Además, la mujer de Serio, Estela Paredes, declaró, según aseguraron a Página/12 fuentes judiciales, sobre pagos semanales a la Departamental y algunas comisarías. Claro que no solo de policías se habría construido la impunidad con que Serio regenteaba su negocio: en la famosa lista aparecieron también los nombres de funcionarios de Aldo Rico.
Ayer, cuando los taparrollos de la casa de D’Angelo en Quilmes fueron sacados de su lugar para revisar también allí si había objetos de valor productos del supuesto dinero ilegal, eran allanados otros 20 domiciliosen diferentes puntos del conurbano. El que terminó más tarde de todos los allanamientos fue el que se realizó con la presencia del fiscal Ledesma a las oficinas del intendente Rico. Similar mal trago debió beber ayer el presidente del Concejo Deliberante, Claudio Pérez, y Oscar Zilocchi, secretario de Gobierno de San Miguel, quienes sí ya habían visto sus nombres en letras de molde cuando este diario adelantó, en julio de 2000, que estaban imputados por cohecho. Mientras, la causa por la red de prostitución por la que Serio continúa preso acusado de los delitos de “privación ilegal de la libertad y facilitación y promoción de la prostitución” aguarda el juicio oral. Hace cinco meses que de ese expediente se desprendió uno nuevo, el de las supuestas coimas de polis y políticos.
“Después de analizar la agenda se hizo un cruzamiento de números telefónicos que concuerdan entre Serio y estos policías. Con esos elementos, el juez Oscar Quintana ordenó los allanamientos”, explicó a este diario una fuente de la fiscalía de San Martín. Por el delito estaban ya señalados policías de San Fernando, Los Polvorines y José C. Paz.
Sin embargo, ayer D’Angelo le dijo a Página/12: “Ninguno de mis hombres estaba sospechado”. Y como despedida aclaró: “Todo había ocurrido en San Martín, pero luego de dos años decidieron allanar mi casa. Si le pasa esto a un comisario, lo tengo que poner en disponibilidad preventiva hasta que se aclare la situación. Como yo soy el jefe, me tengo que ir. Estas son las reglas del juego, aunque no tuve nada que ver”.