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Carlos Alberto Lagos, abogado, recibía a sus clientes José Luis Milla y Jorge Casas y les contaba cómo iba el juicio, “el éxito de las acciones planteadas y su pronta resolución”, cuando en realidad la causa ya había prescripto porque el letrado dejó vencer los plazos para presentarse en los tribunales. De esta manera, los ex empleados de la Municipalidad de La Matanza no pudieron cobrar la indemnización laboral que reclamaban. Por esta razón, Lagos fue condenado a pagarles a sus ex clientes casi 40 mil pesos.
El fallo, emitido por la Cámara en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, destacó que el abogado actuó en forma “contraria a la buena fe” y que “abusó de la confianza puesta en su actuación profesional”.
La causa se originó en 1992, cuando los por entonces trabajadores municipales se acoplaron a un plan de retiro voluntario con el que percibirían una suma equivalente a la totalidad de la indemnización que les correspondería en caso de despido. Pero antes de caducar el período para el retiro, se los declaró “prescindibles”, por lo que la indemnización fue la mitad de lo esperado.
A todo esto, Lagos abría su teatro ante Milla y Casas “cuando ya sabía que el juicio había terminado por caducidad de instancia y no podía proseguirse”. Así lo resolvieron los jueces Lidia Hernández, Luis López Aramburu y Gerónimo Sansó en la Sala B de la Cámara Civil porteña.
Los camaristas consideraron que “la gravedad de esta conducta debe ser resaltada porque implicó defraudar las justas expectativas de los actores”, que no eran vanas, ya que los ex empleados tenían “una fundada probabilidad de que los derechos hubieran sido reconocidos”.
Para sostener esta premonición, los jueces advirtieron que “en casos similares, la Suprema Corte bonaerense ordenó la reincorporación al empleo de otros agentes municipales, por lo que cabe presumir que la decepción, frustración, menoscabo y aflicción de los actores ante el resultado del juicio por culpa de su abogado debieron ser aún mayores”.
Por ello, Lagos fue condenado a pagarle 22.000 pesos a Milla y 5500 a Casas, más un incremento de 4500 pesos por “daño moral”.