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La Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en ratificar el Protocolo de la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La ratificación del acuerdo, firmada esta semana por el presidente Néstor Kirchner, fue una de las cartas de presentación realizada ayer por la delegación argentina ante el Comité para la Prevención de la Tortura de la ONU, en la ciudad de Ginebra. El Gobierno, no obstante, recibió serios cuestionamientos del organismo por no cumplir con algunas recomendaciones para evitar ese tipo de prácticas, como por ejemplo no haber creado un registro nacional con información sobre las denuncias de apremios ilegales, según reveló ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Somos el primer país latinoamericano que ratifica el Protocolo”, destacó, desde Ginebra, Rodolfo Mattarollo, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y presidente de la delegación argentina ante el Comité, órgano encargado de supervisar la vigencia de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional. El organismo se dedicará hasta hoy a analizar la situación argentina.
El Protocolo de la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas es un instrumento que permite, entre otras medidas, que expertos internacionales visiten las cárceles del país sin necesidad de aviso o permiso de las autoridades locales. De todos modos, el funcionario reconoció que la firma del Protocolo “no va a ser un remedio o un milagro, pero sí un elemento importante para romper el aislamiento del mundo carcelario y garantizar la seguridad”. El Congreso había aprobado el tratado hace unas semanas y el Ejecutivo lo ratificó el lunes.
Según difundió el CELS, la delegación argentina reconoció en la sesión de ayer que la práctica de la tortura no responde a situaciones excepcionales o a circunstancias particulares, sino que está incorporada a la rutina de las fuerzas de seguridad, y que resulta un legado de la última dictadura militar que los gobiernos democráticos no han podido resolver. Asimismo, de acuerdo con la información difundida por el CELS, la delegación argentina reconoció que existe una respuesta inadecuada de la Justicia frente a estos hechos aberrantes. En ese sentido, Mattarollo anunció que el gobierno nacional se propone presentar un proyecto de ley mediante el cual se establezca que el delito de tortura debe ser investigado por la Justicia federal.
Al término de la exposición, la delegación argentina escuchó los cuestionamientos del Comité. Uno de sus expertos, Claudio Grossman, expresó su preocupación porque la Argentina no había cumplido las últimas recomendaciones del organismo, en especial remarcó la falta de creación de un registro nacional que contenga información sobre la totalidad de las denuncias realizadas por torturas y apremios ilegales en todo el país. A su vez –según informó el CELS– resaltó la contradicción que existe entre la abundante cantidad de seminarios de capacitación de las fuerzas de seguridad sobre derechos humanos que reseñó la delegación argentina y la gran cantidad de hechos de tortura que ocurren en el país. Y preguntó si se había evaluado por qué estos seminarios tenían tan poco impacto. Grossman también transmitió su preocupación por las denuncias de torturas a manifestantes en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y por los casos de los chicos asesinados por la policía de la provincia de Buenos Aires luego de haber denunciado torturas, según lo investigado por la propia Suprema Corte de Justicia de la provincia.