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Los pedidos de medidas de protección de niños en situaciones de violencia –familiar, en su mayoría– se incrementaron en 2003 hasta alcanzar cerca de 3000 casos, sólo en la ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 25 por ciento respecto del año anterior. Y los reclamos “por un nivel de vida adecuado” (que comprende mayoritariamente a chicos de la calle o en situación de abandono) treparon a 3705, el 146 por ciento más que en 2002. Las cifras del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño revelan algunos de los derechos vulnerados, que dejan a la Argentina en deuda con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que hoy celebra su décimo quinto aniversario. “Estamos en una mora muy grande”, advirtió la titular del Consejo María Elena Naddeo.
El derecho a “no ser discriminado” también fue uno de los pedidos más mencionados entre los llamados recibidos a la línea 102, del gobierno porteño: en 2003 aumentó un 137 por ciento respecto del año anterior. Los llamados son realizados por vecinos, familiares y docentes, entre otros, que detectan algunas de estas situaciones. En las defensorías de la ciudad el panorama no es mucho más alentador. El derecho a la convivencia familiar aparece como el principal reclamo, con un aumento del 22 por ciento en 2003 en relación con el año anterior, mientras que el acceso a un nivel de vida adecuado en estas dependencias se incrementó un 53 por ciento el año pasado.
“La crisis que transitó el país agudizó la situación de los chicos. Y sumado a eso, sólo la ciudad de Buenos Aires y cinco provincias actualizaron su legislación, pero son 24 distritos los que tiene el país”, señaló Naddeo. El cambio en la legislación es uno de los principales reclamos para acercarse al cumplimiento de la Convención. Argentina se comprometió a hacerlo al momento de ratificar el texto adoptado en 1989. Pero hoy el país se maneja con la misma ley de menores desde 1919. “Si se actualizaran las leyes de menores, no habría privación de la libertad a chicos que no cometieron delitos, la Justicia quedaría más liberada, lo que se agilizaría su funcionamiento, habría más descentralización y participación de la comunidad”, puntualizó Naddeo.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Fue ratificada por todos los países a excepción de Estados Unidos. Argentina se adhirió y la convirtió en ley nacional hace 14 años, al inicio de una década que se caracterizó por las políticas de ajuste, lo que empobreció aún más a los 12 millones de niños, niñas y adolescentes con los que hoy cuenta el país. Según datos de Unicef, siete de cada diez chicos en la Argentina son pobres, y en las provincias del norte, la situación empeora aún más ya que la pobreza ataca a tres de cuatro niños, mientras que uno de cada tres es indigente. Pero la pobreza parece, además, agredir el derecho mismo a la vida: de los 700.000 niños que nacieron en el país en 2002, 11.703 murieron antes de cumplir un año, la mayoría de ellos por causas evitables, las enfermedades respiratorias y accidentes domésticos.
Existen casos en que los profesionales del Consejo se encargan de vincularse con los chicos en alguna situación de vulnerabilidad, antes de realizar la denuncia ante la Justicia. “Hace poco tuvimos un caso en que una vecina denunció que había una adolescente prostituyéndose en la puerta de una iglesia”, contó María Federica Otero, a cargo de los servicios de atención directa dentro del Consejo. En esos casos, como en los de abuso o maltrato, los chicos son alojados en un centro perteneciente al Consejo, para que no terminen “encerrados” en un instituto de menores.