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Las 165 toneladas de alimentos y medicinas que llegaron al país desde España en un envío humanitario generaron una dura denuncia del sacerdote Angel García y una rápida respuesta del gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud. El cura español había solicitado la renuncia de la hermana del presidente Eduardo Duhalde –a cargo de coordinar la ayuda solidaria que llega desde el exterior– y del director del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) por considerar que pusieron obstáculos para el reparto de la donación. En tanto, el Ministerio de Salud aclaró que el 85 por ciento de lo recibido fue liberado luego de la evaluación técnica y el resto fue considerado como de riesgo.
El titular de la organización Mensajeros de la Paz –que había organizado esta campaña– envió una carta al presidente Duhalde en la que reclamaba la renuncia de su hermana Aurora, que se desempeña como representante especial para Acciones de Solidaridad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también exigía la dimisión de Matías de Nicola, director del INAL. Según Angel García, los dos funcionarios contribuyeron a “ponerle trabas a todos los alimentos” y detalló que “dijeron que los derivados de la leche había que devolverlos a España, pese a que tenían todos los certificados técnicos”.
El 11 de marzo, el sacerdote había llegado a Buenos Aires con las donaciones y, tras esperar una semana, se había reunido con Eduardo y Chiche Duhalde para tratar el tema. De acuerdo con fuentes de la ONG, la primera dama habría planteado que las manzaneras distribuirían la ayuda española y García se negó. Después de aquel encuentro, comenzaron las inspecciones oficiales sobre los contenedores, lo que demoró aún más la entrega a diversos comedores populares que finalmente pudo concretarse, según lo indicado por voceros de Mensajeros de la Paz.
El Ministerio de Salud replicó que son “improcedentes las acusaciones y pedidos de renuncia formulados” y consideró que los funcionarios acusados “han cumplido plenamente con la responsabilidad que les compete y han instrumentado los necesarios controles estatales en virtud de la preservación de la salud de la población argentina”.
“No pueden pensar que España les mandaba alimentos infectados”, sostuvo el cura. No obstante, el Ministerio dejó en claro que “fueron controladas las fechas de vencimiento y estado de la conservación y luego otorgados certificados de libre circulación” en el caso del 85 por ciento de la mercadería. El resto, conformado por productos derivados de origen bovino y fórmulas lácteas, fue considerado de riesgo y liberado “sin derecho a uso” hasta tanto se determine sanitariamente que está libre del famoso mal de la vaca loca.