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El 2 de febrero de 2001, Daniel Alejandro Sosa, por entonces de 33 años y padre de dos hijos, conoció sin saber que lo hacía a Ramón Aníbal Olivera. Aunque Daniel no pueda dar fe de ese conocimiento porque cinco minutos antes de la medianoche fue atacado a balazos por Olivera y murió, habrá que aclarar que el victimario era por entonces suboficial principal de la Bonaerense. El hecho ocurrió en la entrada de Aldo Bonzi. Ramón Olivera fue enjuiciado en abril de 2004 y, aunque su argumento fue la defensa propia porque Sosa intentaba asaltarlo, durante el proceso se presentaron suficientes pruebas para demostrar que fue Olivera el que intentó asaltar a Sosa para robarle la camioneta. Hasta ese momento, pese a la demora de tres años, la tarea judicial podría considerarse casi impecable. Casi, salvo un detalle para nada menor: los jueces permitieron que Olivera permaneciera libre pese a que se lo acusaba de homicidio. El ex policía asistió todo el juicio, menos el día clave, el de la sentencia. Todavía lo están buscando con recompensa incluida. Los padres de Daniel Sosa juran que rasguñarán piedra y tierra hasta dar con el culpable.
La historia puede contarse desde la actualidad hacia el pasado o desde pasado hacia la actualidad. La impresión que se saca no es la misma. Si uno comienza desde el presente hacia atrás, descubrirá que en julio pasado pusieron precio por la cabeza de Olivera: 30 mil pesos ofrecidos por el gobierno bonaerense. Dos meses antes, el 15 de mayo, el mismo Olivera quedaba encolumnado con el número 211 en la resolución 802 del Ministerio de Seguridad bonaerense, la que fue la primera lista de prescindibles de la Bonaerense. Además, su foto quizá no demasiado actualizada pasaba a incorporarse a la página de policías prófugos del mismo ministerio. El 29 de abril del mismo año, el Tribunal Oral 3 de La Matanza lo condenó a 18 años de prisión por el asesinato de Daniel Sosa y lo declaraba prófugo, después de haber asistido a todas las audiencias del juicio.
Desde ese punto de vista, todo el peso parece quedar sobre los hombros de Ramón Olivera. Un ex uniformado descarriado, condenado por la Justicia, expulsado de la fuerza por el gobierno, y que intenta eludir el cerco policial aunque ya se haya puesto precio a su cabeza.
Desde el punto de vista que da la historia relatada desde el principio hacia la actualidad, la perspectiva es diferente. El 2 de febrero de 2001, Daniel Sosa, chofer de una empresa de camiones, sufrió un esguince en su rodilla y se dirigió desde la empresa hasta el Hospital Británico en su camioneta. Daniel llamó desde su celular a su familia para avisar que se dirigía al hospital. Luego, según registra la empresa telefónica, volvió a llamar desde el hospital a las 22 para avisar que salía hacia su casa, en Aldo Bonzi.
A las 23.50, Amelia, hermana de Daniel, lo llamó al celular. Lo notó asustado, sensación que confirmó cuando Daniel le dijo: “Estoy en la entrada de Aldo Bonzi. Me cruzaron una camioneta y unos tipos me están apuntando. No sé qué pasa”. Inmediatamente, la familia de Daniel salió en su búsqueda. Estaban a pocas cuadras de su casa. Pero no apareció donde dijo que estaba. Su cuerpo fue hallado a seis cuadras del lugar, en la calle San José, a pocos metros del número 2235. Allí vivía (o vive, según el punto de vista), Ramón Olivera, por entonces suboficial principal de la 1ª de San Justo, con Inocencia Guimarrez y sus hijos, Roque, David y Ezequiel (actualmente oficial principal, suboficial y cadete de la Vucetich, en ese orden).
Según las pericias médicas, Daniel murió dos minutos pasada la medianoche del 2 de febrero y siete minutos después de haber recibido un disparo en el corazón. Poco antes de que la familia de Daniel descubriera el cuerpo, Olivera llamó por teléfono a una comisaría y denunció que había matado a un hombre que intentó asaltarlo. No sabía que la víctima vivía en la zona, que tenía un esguince en la rodilla, que la lesión figuraba en una historia clínica, y que todo su recorrido estaba confirmado con el listadode llamados de la empresa telefónica, pruebas que transformaban en imposible la versión de que Sosa estaba en plan de algún robo al voleo.
Durante tres años, pese a las evidencias, la Justicia de La Matanza consideró al caso como defensa propia, pese a la cantidad de evidencias y dudas que planteó Elsa Gómez, madre de Daniel. Olivera pudo asistir en libertad al juicio. El 19 de abril de 2004 se inició el debate oral. Un testimonio perdido entre el farragoso papeleo de la Justicia matanceña incluso señaló a dos de los hijos de Olivera como autores del asalto, pero la autoacusación de papá suboficial bastó para el tribunal. Hasta el 29 de abril, Olivera asistió al juicio con su cargo y su sueldo completo. Recién después de la condena y del papelón de la fuga, le quitaron el uniforme y los derechos policiales. Es un decir. Le quitaron los formales. Elsa y Miguel Sosa aseguran que la solidaridad uniformada, la misma a la que pertenecen sus hijos, lo sigue cubriendo. Elsa y Miguel no son precipitados. Experiencias semejantes existen para pensar que Ramón Olivera tiene membresía en el club de los B.B. (Buscados por la Bonaerense).