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El Tribunal Superior de Justicia porteño habilitará el inicio de los trámites del referéndum para que los ciudadanos de la Capital Federal decidan si Aníbal Ibarra debe ser separado de su cargo por la tragedia de Cromañón. Ayer, durante un plenario que les llevó buena parte de la mañana, los jueces analizaron el tema y resolvieron avanzar. No lo harán en la dirección buscada por el jefe de Gobierno (quien habló de llamar directamente a un plebiscito sobre su continuidad), sino que darán curso al expediente abierto por los familiares de las víctimas, que habían solicitado la revocatoria cuatro días antes de que el jefe de Gobierno hablara de impulsar una consulta.
Ayer Ibarra dio instrucciones a la procuradora general, Alejandra Taddei, para que solicitara la realización del referéndum ante el Tribunal. La funcionaria lo hará el jueves, con un escrito en el que pedirá que se omita el requisito previo de reunir las firmas del 20 por ciento de los electores para ir a la votación.
Fuentes cercanas al jefe de Gobierno admitían que sería una excepción que el tribunal aceptara esta vía. “El puede pedirlo argumentando que es su voluntad política, pero lo cierto es que la posibilidad no está prevista por la ley”, dijo a Página/12 uno de los consultados. De todas maneras, evaluaban los asesores, más allá de lo que decidan los jueces el gesto hacia la sociedad estará cumplido.
El proceso de revocatoria figura en la Constitución de la Ciudad, que en su artículo 67 lo define como un derecho del electorado. Iniciar el trámite es sencillo: sólo hay que cuidar que el funcionario haya cumplido un año de gestión y le falten más de seis meses para terminar su mandato. La ley número 357, que regula el mecanismo de la revocatoria, agrega como requisito que la petición se funde “en causas atinentes al desempeño de sus funciones”. Esto es, no habla estrictamente de mal desempeño, sino que utiliza un concepto más laxo.
El tribunal, que ya recibió dos pedidos vinculados a Cromañón, citó para hoy a los abogados de los familiares para que los ratifiquen. Uno de los escritos tiene fecha del 27 de enero; está firmado por particulares y un grupo de ONG (Defensa Ciudadana, Ibape, Fundación Bicentenario), esta última conocida por haber hecho una fuerte campaña contra la designación de Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema. Al segundo escrito lo presentó el último lunes Gabriel Rodríguez Vallejos.
En la reunión de hoy con los jueces, los peticionantes deberán explicar las causas por las que solicitan la revocatoria. Fabián Bergenfeld, autor del primero de los escritos, dijo a Página/12 que acusarán a Ibarra de “negligencia e incumplimiento a los deberes de funcionario público” por no haber tomado en consideración las advertencias que le hicieron “la Defensoría del Pueblo y la Auditoría General de la Ciudad” sobre la falta de seguridad en los boliches. También alegarán que el jefe de Gobierno “omitió responder al pedido de informes que le hizo la Legislatura tres meses antes de la tragedia”.
El tribunal integrado por Alicia Ruiz, Julio Maier, Jorge Casas, Ana María Conde y Luis Lozano tiene un sólo antecedente de pedidos de revocatoria, al que dio lugar. Fue una iniciativa contra Ibarra que se presentó en el año 2002, por un tema vinculado a los vendedores ambulantes. En aquella oportunidad los jueces pidieron a los demandantes que hicieran algunas aclaraciones porque no habían identificado correctamente el nombre del funcionario y su cargo, tras lo cual les entregaron las planillas para reunir las firmas. Como se ve, el trámite no tiene grandes trabas y la clave está en si se junta o no el 20 por ciento de las firmas. En el caso del pedido del 2002, caducó porque no lo consiguieron.
En base a este antecedente, en el ámbito político ayer descontaban que el tribunal dará vía libre al pedido actual y pasará al segundo paso, entregando las planillas para que se reúnan las firmas. El plazo para obtenerlas es de 12 meses. Sólo una vez que esto esté cumplido se convocará al referéndum.
¿Quién organiza la iniciativa popular y quién decide cómo se formula la pregunta? La organización queda en manos del Tribunal Superior de Justicia. En cuanto a la pregunta, se desprende de la ley; los especialistas consultados coincidieron en que las boletas deberían preguntar “¿Está de acuerdo en revocar el mandato del jefe de Gobierno?”.
Para conseguir la remoción, es necesario reunir más del 50 por ciento del padrón electoral. Como el cálculo se hace en base al total de los electores inscriptos y no al de quienes efectivamente concurran al cuarto oscuro, la abstención y el voto en blanco favorecerían a Ibarra.