[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El ministro de Defensa, José Pampuro, informó al presidente Néstor Kirchner que la comisión de brigadieres retirados recomendó el juzgamiento del ex jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Rohde, por su actuación –o mejor, su no actuación– en el affaire Southern Winds. Si bien esa decisión todavía no se tomó, el nuevo titular de la aeronáutica, Eduardo Schiaffino, sancionó con treinta días de arresto a Rohde y al ex jefe del aeropuerto de Ezeiza, Alberto Beltrame –su hijo Walter fue procesado ayer por el juez Carlos Liporace (ver aparte)–, con 25 días de prisión al ex jefe de Regiones Aéreas, brigadier Borsato, y con 5 días al ex titular de la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), Juan Giaigischia.
Por orden de Kirchner, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se constituyó una comisión ad hoc, integrada por tres ex jefes de la Fuerza Aérea –Héctor Fautario, Teodoro Waldner y Ernesto Crespo– para analizar cómo había actuado la fuerza ante la denuncia de tráfico de drogas a través de Southern Winds. Tras analizar los descargos de los propios brigadieres, pidieron que un tribunal militar juzgara a Rohde por faltas graves al reglamento castrense. Si se concreta el juzgamiento, Rohde podría ser sancionado con la destitución.
Giaigischia detalló en su informe que en cuatro oportunidades, entre el 22 de noviembre y el 12 de enero, les pidió a sus superiores que separaran a Beltrame –cuyo hijo estaba prófugo por haber autorizado el envío de las valijas sin pasajeros y con 60 kilos de cocaína a Madrid– de su cargo en Ezeiza. El ex titular de la PAN escribió: “Con fecha 29 de diciembre de 2004, el suscripto recibió un llamado telefónico del comodoro (Alberto) Beltrame, solicitándome los videos del 16 de septiembre de 2004 (N. de R.: el día del embarque de la droga), a lo cual le respondí que no se podía entregar ningún video si no era mediante oficio judicial, dado que los mismos sirven como prueba en las causas judiciales” y abundó en que “con fecha 3 de enero 2005, el comodoro Beltrame vuelve a solicitarme los videos, argumentando para dicho pedido que los necesitaba como pruebas para el abogado defensor de su hijo”.
A pesar de la obvia irregularidad de aprovechar su cargo para conseguir pruebas que pudiesen mejorar la situación de su hijo prófugo, Rohde no dispuso el relevo de Beltrame. En su descargo el ex jefe de la Fuerza Aérea admite los reiterados pedidos de Giaigischia pero argumenta que “el comodoro Beltrame tenía muy buenos antecedentes profesionales y además no tenía ningún requerimiento judicial (...). Había exhibido un acta notarial en la cual constaba que su hijo se había desvinculado de la empresa SW mediante un acuerdo en el que percibía la indemnización laboral correspondiente. El relevo podía ser interpretado como que se debía a una hipotética vinculación del comodoro Beltrame con los hechos investigados”.
El informe con ambos descargos fue elevado al ministro de Defensa y al Presidente, la Oficina Anticorrupción fue la encargada de hacérselo llegar al juez Liporace, quien todavía no tomó la decisión de citar a los brigadieres. Giaigischia sería el primero en ser citado a declarar en la causa. En cambio, nada ha dicho hasta ahora sobre la situación de Rohde y Beltrame. Eso sí, después de la decisión de la Cámara de Apelaciones que le ordenó activar la causa, el juez allanó la casa del comodoro Beltrame, desde donde salió su hijo para entregarse a la Justicia después de 50 días prófugo.
Pampuro dio a conocer las sanciones dispuestas por la Fuerza Aérea pero no informó los fundamentos de las medidas disciplinarias. Kirchner ya había ordenado hacía diez días el arresto de Beltrame, pero la medida se concretó sólo como un apercibimiento.
Como consecuencia de la aparición de las cuatro valijas que quedaron girando solas en Barajas, el Gobierno primero quiso circunscribir el tema a “un caso policial”, luego disolvió la Policía Aeronáutica Nacional, después relevó a la cúpula de la Fuerza Aérea, pasando a retiro a trece brigadieres, desplazó a los responsables del Departamento Drogas Peligrosas de la Aduana, que en un año sólo registraron un vuelo de SW, le sacó el subsidio anual de más de 100 millones de pesos a SW y le quitó a la empresa la ruta Tacna (Perú)-Córdoba –tramo en el que se incautaron 50 kilos de cocaína en seis meses–. Sin embargo ahora volvió al discurso original y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, retomó la línea: sólo se trata de un caso policial.