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El mail lo firmaba John Doe, que en Honduras es como decir Juan Pérez. En su escrito, JD ofrecía un trabajito con recompensa de 100 mil dólares para asesinar a una serie de funcionarios hondureños, incluido el presidente. JD argumentaba haber sido maltratado durante su estancia en Honduras, secuestrado y expulsado del país por orden presidencial, y clamaba venganza por mano propia. Según reveló el embajador hondureño Napoleón Alvarez Alvarado a Página/12, la historia de John Doe curiosamente coincide con la denunciada por un argentino que no es ningún Juan Pérez porque se llama José Luis Ortega. Ortega vivió en Honduras y denunció al gobierno de ese país de haberlo secuestrado y expulsado en abril del año pasado porque mantenía relaciones con la mujer de un médico de altísimas esferas. Este año, Ortega llegó a ser recibido por el embajador en la Argentina. Las autoridades hondureñas suponen que Ortega en realidad es el John Doe de los mails y presentaron una denuncia para que la Corte Suprema argentina las saque de dudas.
El relato de José Ortega conlleva una carga de dramatismo que impacta. En ese relato, el argentino asegura haber conocido a una hondureña, Lupita, a través de un chat. Tan caliente fue el intercambio vía Internet que Lupita terminó viajando a la Argentina en agosto del 2002 para conocer a José. Y tan perdidamente enamorados parece que ambos quedaron que cuando Lupita volvió a su país le costó muy poco convencerlo para que viaje a Honduras, con propuesta de matrimonio y posterior nidito de amor en España. Pero la bonhomía de Ortega se desmoronó como un castillo de arena cuando, al llegar a Honduras, descubrió que la despampanante Lupita no era Lupita sino que era la despampanante Michelle Guadalupe Mole Gómez, esposa de uno de los médicos más afamados de Honduras y madre de varios hijos. De todos modos, la pasión no decayó y la pareja se siguió viendo como amantes.
Hasta que algo fracturó tanto sueño. El sábado 3 de abril, Ortega escuchó que golpeaban a la puerta del apartamento donde se alojaba. Al abrir se encontró con dos oficiales de Migraciones, un hombre de traje y dos uniformados de la Policía Nacional que le pidieron que los acompañara en lo que luego definió como un secuestro. Fue trasladado a un centro de detención de inmigrantes ilegales, en el sector femenino. Y allí, el hombre que vestía traje se presentó como abogado de Michelle y le mostró una hoja impresa dirigida al suegro de la mujer, exigiendo un pago para no difundir la historia. Evidentemente, el abogado responsabilizaba a Ortega.
Lo tuvieron 11 horas hasta que el 4 de abril pasado lo deportaron a Buenos Aires. Ortega presentó denuncias ante autoridades de los dos países por daños y perjuicios. Y llegó a mantener una audiencia con el embajador hondureño en la Argentina. “Era una persona que, exteriormente, daba la sensación de una persona normal y tranquila.”
Pero, con los datos aportados por el representante de Honduras, la historia de Ortega no cierra. “No estaba en un appart, estaba en una pensión de un barrio bajo, la pensión Río”, dijo el embajador. El encargado de la pensión, René Sánchez, aseguró a las autoridades que, efectivamente, Ortega estuvo alojado en un cuarto, pero que se retiró por su propia cuenta y sin que nada llamara la atención. “Migraciones asegura que dejó el país el 4 de abril, pero no hacia Buenos Aires, como él dijo, sino hacia Guatemala.”
“Pero hasta ahí estamos de acuerdo –dijo a este diario Napoleón Alvarez Alvarado–. Hasta ahí se trata de una mujer y un hombre enamorados, una instancia privada, es cierto que de una familia muy reconocida, pero una situación privada en la que el Estado no tiene nada que ver. Distinto es cuando empiezan a distribuir mails con amenazas entre los periódicos hondureños, incluso a esta embajada.” Según Alvarez Alvarado, los mails eran firmados por un tal John Doe, “que en Honduras quiere decir NN, un Don Nadie”, y ofrecía una recompensa de 100 mil dólares.
“Desde un correo prestado respondí al destinatario, [email protected], como si fuera un interesado, sin darme aconocer, y me respondió inmediatamente. Detallaba que pagaba 10 mil dólares por cada funcionario, eran cuatro, y 60 mil por el último, y aunque no pone como blanco al presidente, Rafael Maduro, lo acusa de ordenar el secuestro y expulsión. La plata la depositaría en una cuenta suiza después de logrado el objetivo. Como la primera dama, Aguas Ocaña de Maduro, visitaba el país el 1º de marzo pasado, recibí instrucciones del gobierno para que denunciara el caso y que la Justicia argentina investigue.”