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Cuatro semanas después del cambio de juzgado, la causa de las narcovalijas comienza a moverse. El próximo 10 y 11 de junio los directivos de Southern Winds volverán a tribunales a pedido del nuevo juez de la causa, Bernardo Vidal Durand, que les tomará una ampliación de sus declaraciones indagatorias. Sus abogados defensores ayer estaban tranquilos: creen que la presentación no empeorará la situación de los ejecutivos, beneficiados hasta ahora con la “falta de mérito” por el juez saliente. Con la nueva citación, Vidal Durand resolvió una serie de medidas pendientes en línea con su antecesor: dictó la falta de mérito de dos empleados de SW en España y un operador de scanner de la empresa de seguridad del aeropuerto de Ezeiza. En tanto, la causa avanza sobre la línea del encubrimiento. Los investigadores creen que alguien encubre a quienes despacharon las cuatro valijas desde Ezeiza y que eran envíos habituales. Se supo además que hubo un error en las bodegas donde fueron embarcadas las valijas, lo que habría provocado una confusión en quienes debían recogerlas en Madrid. De acuerdo con los resultados de la comisión especial de investigación enviada a España, la droga se detectó recién en el tercer control de rayos X porque estaba protegida con una lámina de dos milímetros de plomo.
Con la decisión de Vidal Durand, los hermanos Juan y Christian Maggio volverán a Tribunales para declarar en la causa. El presidente y gerente general de la compañía siguen imputados, pero habían logrado la “falta de mérito” de parte del ex juez del caso Carlos Liporace, apartado de la causa el 2 de mayo último, por decisión de la Sala B de la Cámara Penal Económica.
Los Maggio deberán presentarse con el vicepresidente de SW, Enrique Montero, también con “falta de mérito” y convocado por el nuevo juez en los mismos términos. La decisión no inquietó al entorno de los directivos. Sus abogados están convencidos de que la causa seguirá la línea trazada por Liporace bajo la llamada hipótesis de los “empleados infieles”.
La fiscal María Gabriela Ruiz Morales, en tanto, mantiene una posición distinta sobre el rol de los directivos en el narcoembarque. Desde el comienzo pide la detención y el procesamiento de Juan Maggio y de Montero como presuntos corresponsables del envío. Ella considera que los 60 kilos de cocaína secuestrados en España eran parte de un mecanismo habitual de la compañía.
En ese sentido, la pesquisa tiene probado que durante 2002 y 2004 SW envió a España algo más de 800 valijas sin pasajero. Aunque ni la fiscalía ni el juzgado tienen modo de probar el contenido de las valijas, suponen que esa metodología se usó para sacar otros cargamentos de droga del país. La investigación deberá determinar aún si eso sucedió y determinar si lo hacía un grupo de empleados infieles como suponía Liporace o que contaba con la anuencia de la jefatura de SW, como sospecha la fiscal.
Además de estos puntos, Vidal Durand deberá resolver la recusación de la fiscal María Gabriela Ruiz Morales. El juez Liporace había pedido su apartamiento por una supuesta denuncia de coacción. Con el cambio de juzgado, la fiscal planteó la inconstitucionalidad de la medida con el argumento de que el apartamiento no puede resolverlo un juez sino el Ministerio Público fiscal. Vidal Durand ayer rechazó el pedido de inconstitucionalidad, pero no se pronunció sobre la cuestión de fondo.
El juez se pronunció, en cambio, sobre otras resoluciones pendientes. Dictó la falta de mérito al jefe de base de SW en España, Flavio Cañoto; el encargado de ventas, Marcelo Vernino, y de Matías Barrios, empleado de Top Air Security (TAS). Habían sido indagados por Liporace, pero su situación procesal estaba pendiente de resolución.