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El gobierno nacional vuelve a poner en marcha el Consejo del Salario, la Productividad y el Empleo, superados los escarceos que durante los primeros meses del año provocaron diferencias con la CGT y hasta alentaron temores de un rebrote inflacionario montado en las recomposiciones salariales. “El Gobierno ratifica su vocación y la voluntad de dar los pasos necesarios para lograr una progresiva mejora en la distribución del ingreso”, señaló el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ayer por la tarde, al anunciar la convocatoria al Consejo para el miércoles próximo. Tanto el titular de la cartera laboral como su par de Economía, Roberto Lavagna, evitaron dar precisiones acerca de la propuesta que se considerará en la reunión tripartita de la semana próxima, aunque fuentes de los tres sectores coincidieron en que el debate se centrará en las fechas en que se incorporarán al salario mínimo los 60 pesos ya convertidos en remunerativos en abril y los 100 pesos otorgados por decreto en enero, en este caso en dos cuotas de 60 pesos para compensar –con los 20 pesos adicionales– los descuentos por aportes. La propuesta oficial sería conformar así un mínimo de 630 pesos (en un plazo de dos a seis meses), que junto a un incremento de las asignaciones familiares llevaría los ingresos mínimos para un trabajador con familia tipo y empleo formal a un nivel semejante al que tiene hoy la canasta familiar: alrededor de 770 pesos.
Los representantes de la Unión Industrial Argentina y de la CGT serán recibidos por miembros del Ejecutivo este lunes, para oficializar ante ellos la convocatoria. La UIA irá con su flamante conducción, encabezada por Héctor Méndez, que acaba de asumir al frente de la central empresaria (ver aparte). La CGT irá con Hugo Moyano a la cabeza, pero la composición de su delegación puede reabrir un debate al interior de la central tradicional, que atraviesa una crisis por la disputa de espacios entre los gremialistas afines al camionero y la denominada línea de “los gordos”, aludiendo no tanto a su condición física como a su habitual inmovilismo para ponerse al frente de las luchas gremiales. Son los que llevan más tiempo al frente de sus gremios –muchos, desde antes de la dictadura– y sienten que Moyano y los suyos pretenden desplazarlos, sospechando además de cierto acompañamiento de sectores del Gobierno en la tarea.
La CTA y los demás representantes empresarios –fuera de la UIA– serán informados sobre la convocatoria posiblemente el día martes. Desde la central sindical rebelde anticipan su rechazo a “una propuesta muy restringida” e insistirán en elevar el salario mínimo vital a 772 pesos de inmediato, con una proyección, mediante aumentos sucesivos, para llevarlo a un nivel no inferior al 80 por ciento de una canasta básica actualizada. Esta última, según cálculos de la CTA, está hoy próxima a los 1600 pesos. “Nunca podríamos convalidar un valor de 630 pesos, que no llega ni al 40 por ciento del valor de una canasta digna”, subrayó anoche uno de los dirigentes de la central sindical que lidera Víctor De Gennaro.
Desde las filas del Gobierno descuentan la oposición de la CTA y las diferencias que en principio plantearán la UIA y la CGT pero confían que, en definitiva, la discusión se orientará hacia la definición de las fechas de aplicación del o los aumentos del salario mínimo. “Nadie puede darse el lujo de trabar una auténtica mejora en la distribución del ingreso”, sostenían anoche en los despachos oficiales, evaluando que el acuerdo no puede tardar demasiado.
Desde el Ministerio de Economía, pese a la oposición inicial a una nueva convocatoria al Consejo del Salario, en definitiva acordaron al llamado, a la luz de que, según consideran, “el momento político” habilita para avanzar en ese plano sin riesgos. En marzo, Lavagna había montado en cólera –y no lo disimuló– por los encuentros entre los popes de la UIA y la CGT que dejaron trascender que discutían un aumento de salarios masivo para el sector privado, lo que algunas empresas líderes aprovecharon parajustificar una remarcación de precios preventiva. En la visión de Economía, superada ya la tensión por aquellas expectativas y con la inflación aparentemente encarrilada, ahora es factible encarar la demorada convocatoria al Consejo del Salario, pero con una propuesta prácticamente cerrada desde el inicio.
Ayer, Tomada y Lavagna estuvieron reunidos durante 45 minutos con el Presidente de la Nación en el despacho de este último, antes de definir el anuncio que iban a hacer minutos después en la sala de conferencia de la Casa de Gobierno. El Gobierno busca demostrar que sigue apostando a fortalecer el poder de compra de la población como herramienta de crecimiento económico. Con sus límites, el Consejo del Salario volverá a ser el escenario en que esa intención vuelva a ponerse en juego.