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En treinta días el ministro de Educación Daniel Filmus y los gremios docentes tendrán que consensuar una propuesta de ley de financiamiento educativo. Ese es el plazo y el objetivo que se fijaron ayer después de una reunión de un par de horas y a menos de una semana del paro nacional docente en reclamo de una norma que garantice el incremento de la inversión. Filmus dijo que “la idea es llegar al 6 por ciento del Producto Bruto Interno con un piso de igualdad de inversión equivalente para terminar con las desigualdades educativas” y aseguró que la intención es que “la ley sea aprobada este año para que sea parte del Presupuesto 2006”.
–La Ley Federal de Educación vigente establece que en 1998 se tendría que haber llegado al 6 por ciento del PBI y no se cumplió, ¿por qué esta vez sería distinto? –le preguntó Página/12 al ministro.
–La Ley Federal no previó los mecanismos para que ese incremento de la inversión (N. de R.: actualmente ronda el 4 por ciento) se cumpla. Hoy tendría que haber 9 mil millones de pesos más, pero ese porcentaje se incrementará según el crecimiento del PBI. La diferencia con la ley que vamos a proponer es que estamos buscando el máximo nivel de confluencia entre el Gobierno, los gremios y los bloques legislativos para que exista el mayor consenso. No va a haber ley de financiamiento que se cumpla sin el compromiso de fondos, pero de ninguna manera estamos pensando en crear nuevos impuestos. Además, el ciento por ciento de la sociedad nos tiene que acompañar.
–¿En cuánto tiempo se llegaría a ese porcentaje?
–No ha sido establecido en cuánto tiempo. Ese es uno de los temas a trabajar en la comisión junto con las garantías de ejecución de la ley y los mecanismos institucionales y sociales de control para el cumplimiento de la inversión.
Si bien en Educación los economistas están trabajando desde hace más de un año en los borradores de esa ley, recién ayer empezó el diálogo con la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Docentes Particulares (Sadop). De movida hay una diferencia que no es menor: la Ctera plantea que el 6 por ciento del PBI debe ser el piso y no el techo de la inversión educativa. Al inaugurar la Asamblea Legislativa el 1º de marzo pasado, el presidente Néstor Kirchner prometió llegar a esos quiméricos 6 puntos en cinco años.
Los puntos a negociar son muchos y los rostros de funcionarios y dirigentes al término del primer escarceo denotaban que los debates serán arduos. Educación fijó diez objetivos generales en sus borradores destinados a establecer para qué se necesita más plata: la necesidad de garantizar los diez años de educación obligatoria mediante la asignación de becas, libros y material didáctico, la incorporación de la mitad de los chicos de 3 y 4 años, la inclusión de los chicos de 5 años al nivel inicial, el dictado de inglés, la alfabetización digital y el incremento del salario docente de acuerdo con el crecimiento del PBI y la inflación son algunos de ellos.
El dirigente de la Ctera Francisco “Tito” Nena explicó que “nosotros primero queremos una ley de financiamiento y después una nueva ley de educación, porque hoy existen 24 sistemas educativos provinciales con distintas inversiones por alumno. Nosotros queremos un Estado que sea el garante del derecho social de la educación, que equipare condiciones de aprendizaje, laborales y salariales”.
Uno de los puntos de más difícil resolución es cómo asegurar que la Nación y las provincias se comprometan a incrementar los fondos. En un sistema descentralizado –fragmentado, en rigor–, la Nación tiene casi nulas atribuciones para obligar a las jurisdicciones a cumplir sus obligaciones. “El tema no es sólo que se suba el piso reproduciendo desigualdades sino para superar desigualdades”, destacó Filmus. El 26 de junio se conocerá el resultado del diálogo entre gremios y Gobierno.