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El Gobierno dará marcha atrás con un decreto sobre adopción que generó una fuerte controversia en el Congreso de la Nación, y que un grupo de madres adoptantes había llegado a calificar de “verdadera legalización del tráfico de niños”.
El problema surgió cuando el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la ley 25.854, que tuvo como objetivo crear un registro único de padres y madres que aspiran a adoptar. La letra de la reglamentación fue mucho más allá de lo aprobado por el Congreso y eso desató la polémica. El Ejecutivo creó además un registro de chicos ya adoptados que no existía en la ley y además flexibilizó los requisitos de residencia en el país para los padres adoptantes. La ley exigía, como mínimo, cinco años de residencia previos a la adopción, pero la reglamentación permitió computar las estadías temporarias, incluso después de la adopción.
“Es una aberración porque facilita el alquiler de vientres, permite quedarse con un chico sin estar en el país y encima discrimina a nuestros hijos al obligarlos a aparecer en un listado especial”, acusó María Mondelli, integrante de un grupo de padres adoptantes que se autoconvocaron para resistir el decreto y dieron una conferencia de prensa en el salón José Luis Cabezas del Congreso. El reclamo fue acompañado por un grupo de diputados de diferentes partidos, que presentaron tres proyectos para derogar los alcances de la reglamentación: Silvia Martínez (PJ), Cinthya Hernández (UCR) y Federico Pinedo (Compromiso para el Cambio).
Al lugar llegó también Victoria Martínez, directora nacional de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien adelantó que el Ministerio de Justicia había presentado un proyecto de derogación de los aspectos más controvertidos, que ya está a la firma del presidente Néstor Kirchner. “Lamentablemente, la subsecretaría no fue consultada y se desvirtuó el sentido de la ley”, reconoció Martínez. Pero enfatizó que “el ministro Horacio Rosatti se comprometió a modificar el decreto”. Las críticas contra la reglamentación vinieron de oficialistas y opositores. “El Congreso creó un solo registro y el PEN incluyó otros cuatro”, se quejó Martínez. Y el socialista Héctor Polino criticó a los funcionarios que “quieren reemplazar al Congreso y, al reglamentar una ley, darle un sentido completamente diferente”.