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La mano invisible de George W. Bush en la “guerra preventiva” contra el terrorismo llegó hasta el suelo argentino y está ocasionando serios inconvenientes para viajar en avión, incluso en vuelos de cabotaje, a ciudadanos nacidos en el país con apellido de origen árabe. Cada vez que quieren volar por Aerolíneas Argentinas son demorados por “averiguación de antecedentes y razones de seguridad”, porque sus nombres son iguales o similares a los que figuran en una “lista confidencial” de personas peligrosas o sospechosas de terrorismo elaborada por el gobierno estadounidense luego de los atentados del 11-S. Tres damnificados denunciaron a la empresa aérea ante el Inadi y el organismo dictaminó que se trata de un caso de “discriminación por racismo”. El tema aterrizó en el Congreso, donde un grupo de diputados reclama al Gobierno –a través de un proyecto de resolución– que impida a la compañía continuar con la misma política.
Entre los afectados están el pediatra y cardiólogo infantil tucumano Ismael Jalil y su esposa Fedda Hussain, y Mustafá Alí, de 42 años, vecino porteño, experto en cooperación internacional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). “La discriminación por portación de apellido es claramente violatoria de la legislación vigente. Además, la normativa que dice aplicar Aerolíneas Argentinas significa un avasallamiento grosero a la soberanía de nuestro país”, señaló a Página/12 el director del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Enrique Oteiza.
Mustafá Alí fue demorado en el Aeropuerto de Ezeiza al intentar abordar el vuelo AR1284 de Aerolíneas Argentinas con destino a Santiago de Chile. Fue el 20 de octubre último. “Después me pasó en cuatro vuelos de cabotaje. Pero me sucede sólo con Aerolíneas y no con otras compañías”, contó a Página/12. “Cada vez que voy a embarcar y presento mi documento de identidad la operadora se pone nerviosa, empalidece. Creo que si me pongo las manos en el bolsillo hace cuerpo a tierra”, relató con cierta ironía.
Jalil, su esposa y sus hijos sufrieron un problema similar el 15 de enero de 2003. La familia se presentó ante el mostrador de Aerolíneas en el aeropuerto de la ciudad de Tucumán para viajar a Mar del Plata. “Recuerdo haber sido el primero en la fila para embarcar. Cuando chequearon la documentación, me dijeron que esperara y me hicieron colocar a un costado. Pasó media hora y yo seguía allí. Esperé hasta que vino un señor que me dijo: ‘Tenemos un problema, hay un sistema informático con una lista de selección de apellidos, entre los cuales está el de su esposa, la señora Hussain’. Finalmente, pudimos viajar pero hice la denuncia por dos motivos: uno, porque no puedo creer que en el siglo XXI persista la discriminación por portación de apellido; dos, porque en un vuelo de cabotaje, como era ése, una línea aérea se rija por condiciones de seguridad impuestas por el gobierno de Estados Unidos o por cualquier otro gobierno extranjero”, declaró Jalil.
Según explicó la apoderada de A.A., Marcela Echegoyen, en su descargo ante el Inadi, la empresa se maneja con “un listado de personas con restricciones para volar (‘Non fly list’) que en forma estrictamente confidencial envía la Trasportation Security Administration (TSA), dependiente del Department Homeland Security (DHA), que a su vez reporta directamente a la Presidencia de Estados Unidos”. Ambos organismos fueron creados por el gobierno de Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 “a fin de controlar el terrorismo internacional”. A.A. argumentó que cuando aparece alguno de los nombres de esa lista, el sistema electrónico le impide la emisión de la tarjeta de embarque (boarding pass) “antes del chequeo exhaustivo e intenso de todos los datos filiatorios a fin de concluir si hay coincidencia o no con la persona” que pretende viajar. Para A.A., este mecanismo no es “discriminatorio” y su aplicación responde a que “el tema seguridad es de alta prioridad para las empresas de transporte aéreo”. Los nombres de Mustafá Alí y de la señora Hussain están incluidos en esa nómina secreta.
Ni el Inadi ni un grupo de diputados encabezados por el socialista Jorge Rivas aceptaron las explicaciones de la empresa. Rivas –acompañado por Héctor Polino, Claudio Lozano, Ariel Basteiro y María Elena Barbagelata, entre otros legisladores– presentó un proyecto de resolución en el que reclama a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, encargada de fiscalizar los vuelos, que impida que Aerolíneas Argentina continúe “desarrollando estas prácticas discriminatorias”. En su dictamen, el Inadi aconsejó “intimar” a la empresa a cesar con esta política.