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La demanda de un grupo de cartoneros contra el gobierno porteño terminó ayer con un escándalo frente a la casa central del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. La jueza Patricia López Vergara –que reemplazó al recusado juez Andrés Gallardo– clausuró el tesoro del banco con una orden judicial para asegurarle 3075 pesos de subsidios pedidos por los padres de 15 niños cartoneros. El Gobierno de la Ciudad consideró la medida como un exabrupto. El jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández, adelantó que recusará a la magistrada y que hoy mismo el gobierno, mediante una presentación judicial, “la hará responsable patrimonialmente por los posibles costos financieros del banco”. De acuerdo con fuentes del Banco Ciudad, la jueza habría adelantado que levantaría la medida a primera hora de hoy.
La causa de los cartoneros comenzó con un expediente presentado por quince familias en el despacho de Andrés Roberto Gallardo, un juez al que el gobierno de Aníbal Ibarra considera que actúa con “enemistad manifiesta”. En cumplimiento del pedido de las familias, que reclaman un subsidio para sus hijos, Gallardo dispuso la “indisponibilidad procesal” de todos los fondos del Estado porteño –unos 1100 millones de pesos– para asegurarle la suma de 205 pesos a cada uno de los cartoneros con hijos menores de 17 años de edad. Una de las medidas positivas, según consideró, necesarias para asegurar la escolaridad y terminar “con el trabajo infantil”.
La decisión de Gallardo promovió una estampida de reclamos en las oficinas de Desarrollo Social del gobierno, donde 400 cartoneros se presentaron para pedir el subsidio. La causa, de todos modos, pasó de su juzgado al de la jueza Lidia Lago después de una recusación interpuesta por el Gobierno de la Ciudad. Pocos días mas tarde, la jueza Lago fue apartada de la causa, esta vez una recusación presentada por los cartoneros. Así fue que el expediente llegó a manos de Patricia López Vergara.
Ayer la magistrada se acercó a la casa central del Banco Ciudad, ubicada en la esquina de Sarmiento y Florida, para reclamar el pago de los 3075 pesos correspondientes a los demandantes. Pero llegó después de las tres de la tarde, cuando el banco estaba cerrando. Los responsables de la entidad se negaron a entregarle los fondos en esas condiciones, pero ofrecieron hacer hoy un depósito judicial por esa suma. “La jueza se negó y ordenó la clausura del tesoro del banco para asegurarse la provisión de los fondos”, explicó anoche Fernández a Página/12.
“De mantenerse la medida –especularon fuentes del gobierno porteño–, el banco no podrá hacer los pagos previstos para durante el día de mañana (por hoy).” Raúl Fernández, en el rol de vocero, le pidió rápidamente a la procuradora Alejandra Taddei que comience a trabajar en un nuevo pedido de recusación, en este caso para la flamante jueza del caso. “Responsabilizo a la jueza y pido que responda con su patrimonio ante una eventual falta de disponibilidad de fondos públicos”, explicó.