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Obdulio Sartirana, un hombre de más de 60 años, comerciante, sin antecedentes recuperó la libertad hace una semana. Lo mismo ocurrió con dos vendedores de escobas, Gustavo Ortiz y Sebastián Vera Chávez. Todos ellos estuvieron presos por más de dos años por uno de los más sórdidos crímenes de los últimos años: el comisario Jorge Piazza fue secuestrado en una de las vías más transitadas de la provincia de Buenos Aires, la avenida Calchaquí, en Quilmes, un viernes a la tarde, a plena luz del día. Ocho horas más tarde llevaron al comisario a un descampado ubicado al lado de una dependencia policial, donde lo hicieron arrodillar y le pegaron un tiro en la nuca. Sartirana, Gustavo Ortiz y Vera Chávez fueron acusados de semejante secuestro y asesinato.
Todos los criminalistas consultados en su momento por este diario coincidieron en que el secuestro –en el que se usaron tres autos– tuvo todo el aspecto de un operativo policial: es casi imposible que alguien que no tenga la venia uniformada se anime a realizar un secuestro a esa hora y en ese lugar, con tal despliegue. Sin embargo, la investigación protagonizada por el comisario Julio Ravenna, luego ascendido a titular de la Brigada Antisecuestros, y avalada judicialmente por el fiscal Claudio Pelayo y la jueza Adriana Mitzkin, imputó por el secuestro y el homicidio al comerciante y a los dos vendedores de escobas.
¿Sobre qué base se mantuvo presos a estas tres personas? La clave estuvo en una curiosa testigo de identidad reservada, prima de un cabo que estaba bajo las órdenes del comisario Ravenna. Esa testigo se llama –o llamaba– Marisa Rosario Maurente, pero se hacía llamar Marisa Barbona. Supuestamente murió, pero por ningún lado aparece su certificado de defunción. Su testimonio fue asombroso, relató detalles del secuestro y de los momentos previos a la ejecución, hechos separados por ocho horas. Eso sólo lo podía conocer un integrante de la banda homicida, por lo cual debía ser detenida de inmediato, o bien, la otra alternativa –casi obvia– es que fuera una testigo armada. O sea que se convalidó una testigo de nombre trucho, familiar de un policía que participó de la investigación y con un testimonio a todas luces falso.
Los dos testigos restantes se llaman Gustavo Calachi y otro de apellido Silva. Este último terminó declarando que él no vio el secuestro, sino simplemente un choque y nunca reconoció las fotos de los detenidos. Calachi, por su parte, admitió que conocía a Piazza desde 1993 y que no era el que subieron a la Trafic. Curiosamente, uno de estos testigos estuvo detenido por estar en un desarmadero, pero en su momento quedó en libertad. Trascartón declaró que vio el secuestro –parece que ése fue el trato– y ahora finalmente se desdijo.
Por último, en la causa judicial declaró otra dudosa vecina del predio donde apareció muerto Piazza. Supuestamente mencionó a un tal Chirola, uno de los vendedores de escobas del barrio, pero luego en un programa de televisión negó que hubiera dicho eso y aseguró que la policía incluyó el nombre en su declaración. Además, en la propia fiscalía reconocieron que la mujer relató cómo ingresaron al comisario al descampado, pero las pruebas demostraron que no lo entraron por ahí, sino por otro lado.
Por su parte, Sartirana presentó nueve testigos que certificaron que estuvo aquella noche en un asado, Vera probó que estaba en Mar del Plata y Ortiz aportó cuatro testigos de que estaba con su novia. Al comerciante Sartirana lo acusaron de haber participado del secuestro con su propia camioneta, algo que no tiene la menor lógica: semejante delito, que encima culmina con un fusilamiento, jamás se comete con un vehículo a su propio nombre y menos todavía cuando el secuestro se produjo a plena luz del día en la avenida Calchaquí.
Página/12 y el diputado Francisco “Barba” Gutiérrez denunciaron desde el primer día esta escandalosa investigación. Este diario insistió una y otra vez en que se trató de un secuestro y un crimen policial y un artículo de Página/12 puso en marcha una denuncia de la Cámara de Apelaciones que terminó derribando la pesquisa trucha. El gran interrogante ahora es si el comisario retirado Ravenna, el fiscal Pelayo y la jueza Mitzkin van a quedar impunes, si haber dejado a tres inocentes presos durante dos años y medio les saldrá gratis. Y un interrogante de igual magnitud es si la Bonaerense y el Poder Judicial de Quilmes van a terminar esta farsa consagrando la impunidad de los secuestradores y asesinos del comisario Piazza.