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La polémica por la intervención del hospital neuropsiquiátrico Braulio Moyano sigue subiendo de tono. El secretario de Salud porteño, Donato Spaccavento, reveló ayer que hace una semana denunció ante el juez federal Ariel Lijo que el desplazado director del establecimiento, Néstor Marchant, sería “el responsable” de que se hicieran “pruebas de nuevos medicamentos” no autorizados en mujeres internadas en el lugar. “Por cada paciente se habría cobrado cinco mil dólares, pero aún no sé qué laboratorios participaban”, declaró Spaccavento. Ayer, ante el clima tenso que se vivía en el Moyano, tuvo que postergarse para hoy la asunción del interventor designado por el gobierno porteño, Pablo Berretoni, quien aseguró que irán “hasta el hueso” en las investigaciones sobre presuntos abusos sexuales y prostitución de las pacientes, al igual que en la causa por la experimentación irregular de nuevos medicamentos. Ante la gravedad de la situación, en la Legislatura porteña se hará hoy una reunión para formar una comisión especial de seguimiento de la intervención y para “garantizar la integridad” de las pacientes.
“Estamos esperando que venga la intervención, así me puedo tomar vacaciones”, dijo ayer, en tono desafiante, el relevado director Néstor Marchant, quien siguió en su despacho mientras parte del personal afiliado a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaba un “quite de colaboración” en repudio “a la denuncia periodística que involucra a enfermeros y médicos en el armado de una red de prostitución”. El delegado general de ATE, Mario Muñoz, rechazó las acusaciones y le pidió al juez “que venga a investigar”. Completó su postura con una frase contundente: “Que vengan, no tenemos ningún problema, no tenemos la cola sucia y no le cuidamos la cola a nadie”.
La diputada kirchnerista Ana María Suppa le recordó a Página/12 que las denuncias por abuso sexual “ya estaban mencionadas en un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que se dio a conocer en 1999”. Precisó que allí se dieron a conocer “relatos de violaciones, se dejó sentado la falta de provisión de anticonceptivos orales por falta de personal y la falta de provisión de los DIU, por falta de presupuesto”. La diputada porteña precisó que en aquella ocasión, cuando Marchant ya era el director del Moyano, hubo también denuncias por “uso de chalecos de fuerza que estaban prohibidos desde 1968, lo que llevó a la destrucción de esos chalecos”. La Defensoría determinó que había 106 pacientes que comían con las manos, por falta de cubiertos, y se hizo una denuncia penal por los malos tratos que había recibido una paciente.
El secretario de Salud, Donato Spaccavento, dijo que Marchant “fue separado tres veces del Moyano, pero siempre volvía porque nunca hubo pruebas necesarias para incriminarlo; yo esperé a tener pruebas concretas para que la Justicia pudiera investigar lo que ocurre en el Moyano”. Reiteró que la intervención por 180 días es para “darle tiempo al juez que investigue a fondo, con transparencia y tranquilidad”. Entonces reveló que él mismo aportó pruebas sobre las supuestas pruebas, en los pacientes, de medicamentos no autorizados por los organismos competentes.
Ayer al mediodía, un grupo de legisladores porteños –encabezados por la macrista María Soledad Acuña y la kirchnerista Ana María Suppa– se hizo presente en el Moyano para apoyar la llegada del interventor. Los diputados tuvieron que regresar sin poder ingresar al establecimiento. “Marchant estaba acuartelado y el clima no era el más propicio”, relató a este diario una fuente de la Legislatura. Por ese motivo, hoy se reunirá la Comisión de Salud para debatir la situación y crear un cuerpo especial de seguimiento de la intervención. Acuña, presidenta de la comisión, consideró que la medida tomada por el gobierno porteño “es positiva y necesaria” para poder “dilucidar las graves denuncias recibidas”.
Marchant criticó ayer al interventor Pablo Berretoni. “Fue mi discípulo y ahora se pegó a Spaccavento para hacer todo un movimiento en contra mía”, aseguró el director desplazado. Sobre las denuncias de supuesta explotación sexual de las internas, Marchant dio una curiosa versión: “Hay pacientes que se internan que son prostitutas y que tienen un brote psicótico (...) Muchas salen a hacer sus cosas, a visitar a su familia y después se prostituían o seguían su trabajo. Pero ahí no tenemos nada que ver”. Sólo admitió que hace dos años había denunciado ante el gobierno porteño “casos de abusos o de prostitución, pero nadie hizo nada”.
El interventor Berretoni prometió que los casos de supuesta corrupción se investigarán “hasta el hueso” y aclaró que las denuncias sobre abusos y prostitución “no están dirigidas a todos los 760 empleados” que tiene el Moyano, sino a un grupo pequeño que estaría identificado. “Lo que se busca es que se esclarezcan todos los hechos que han tomado estado público” porque esa es la forma de “preservar al personal y que haya un funcionamiento normal”. En una asamblea, los trabajadores del Moyano rechazaron la intervención y pidieron una reunión con el secretario de Salud. La medida cuenta con el aval de la Asociación de Profesionales del hospital, que siempre acompañó la gestión de Marchant.