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La Cámara Federal dio por probado que durante el gobierno de Fernando de la Rúa se pagaron coimas a varios senadores a cambio de que aprobaran la Ley de Reforma Laboral. Por eso confirmó el procesamiento por el delito de cohecho del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, del ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, de los ex senadores José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda y del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto, cuya confesión fue determinante en la investigación judicial. El ex presidente será indagado como sospechoso después de que Pontaquarto haga un reconocimiento ocular en la Casa Rosada, previsto para el 4 de marzo. Con el nuevo fallo, la causa inicia su camino hacia el juicio oral.
“Va a ser como el juicio a las Juntas pero de la corrupción”, vaticinaban funcionarios de tribunales que prevén que el proceso oral –que podría comenzar a fin de 2006– será histórico y paradigmático. La resolución de la Cámara, firmada por Martín Irurzun y Horacio Vigliani, ratificó los procesamientos dictados por el juez federal Daniel Rafecas. El año pasado este magistrado recibió el expediente casi en cero, porque los mismos camaristas habían anulado los procesamientos dispuestos por el juez Rodolfo Canicoba Corral, instructor anterior del expediente. En aquel momento pusieron en duda el testimonio de Pontaquarto. Esta vez admitieron que “se ha avanzado” en la “comprobación de su versión”.
El tribunal dejó intactas sólo las acusaciones por el delito de cohecho (activo para los que pagaron y pasivo para los que recibieron), que fija hasta seis años de prisión. A la vez alivianó la situación de De Santibañes, al eliminar la imputación por peculado (sustraer fondos públicos) que le había impuesto Rafecas y a los ex senadores los liberó de la figura de encubrimiento. Esto se debe a que los camaristas consideran que aún no quedó comprobado que el dinero de las coimas haya salido de la SIDE. La resolución confirmó el embargo de 100 mil pesos a Pontaquarto y de 300 mil a Flamarique. Para los demás la cifras seguramente serán atenuadas. La más alto, de 7 millones, le había tocado a De Santibañes.
El tono de la resolución es esencialmente técnico. Reafirma que existieron las coimas, pero advierte que faltan pruebas que corroboren el relato íntegro del arrepentido. “Se encuentra demostrado que Pontaquarto retiró ‘...un maletín y una valija y una caja de cartón envuelta en cinta adhesiva ancha...’ del edificio de la SIDE conteniendo la suma de $5.000.000. Lo que no se puede demostrar, con el grado de convencimiento propio de este tipo de pronunciamiento, es que ese dinero fuera del organismo citado”, dice el fallo. Advierte, incluso, sobre la existencia de informes contables que desmentirían “esa hipótesis”.
Para Rafecas estaba acreditado que en abril de 2000 el gobierno de la Alianza usó 5 millones de pesos/dólares provenientes de la SIDE para distribuir sobornos entre varios senadores para que aprobaran la reforma laboral. El juez había dado crédito al relato de Pontaquarto, luego de desplegar gran cantidad de medidas entre pericias, inspecciones oculares, testimonios y, sobre todo, fueron claves los análisis de llamados telefónicos para determinar dónde y a qué hora estaba cada uno de los acusados y con quién hablaba.
El ex secretario parlamentario situó el comienzo de la trama de las coimas entre fin de marzo y principio de abril de 2000, en una reunión en la Casa de Gobierno a la que, según su versión, asistieron el ex presidente provisional del Senado (el radical Genoud) y los ex senadores justicialistas Alasino y Tell para transmitirle a De la Rúa las condiciones para votar la reforma laboral. El ex presidente le habría encomendado “las otras cosas” que exigía el PJ a De Santibañes.
Pontaquarto relató que el 18 de abril de 2000, con instrucciones de Genoud, retiró de la SIDE todo el dinero que repartiría a los pocos días. La noche del 26 de abril, dijo, fue al departamento de Cantarero y le entregó 4,3 millones de pesos. Los 700 mil restantes se los dio al día siguiente a Genoud en su despacho del Congreso. El senador le habría dicho que eran para Flamarique.
Irurzun y Vigliani sostuvieron que está “acreditado” que Pontaquarto llevó el dinero el día 26 al domicilio de Cantarero, donde “habrían asistido Costanzo, Alasino, Branda y Tell”. También insistieron en que faltan pruebas sobre “la reunión en la Casa Rosada”. Encomendaron un nuevo estudio pericial de la agenda presidencial, que pudo haber sido adulterada, y reclamaron, entre otras cosas, avanzar sobre el patrimonio de los senadores. Pese a poner en duda que el dinero de los sobornos fuera de la SIDE, admitieron que en ese organismo salía “dinero sin control ni auditación”, que el secretario podía manejar fondos “con discrecionalidad” y advirtieron acerca del papel del director de finanzas, Juan José Gallea.
Con este fallo, más allá de las observaciones, es probable que el fiscal Federico Delgado pida la elevación de la causa a juicio oral en los primeros meses del año. Los ex funcionarios y senadores involucrados pueden esperar ese momento en libertad, pero no tienen asegurado ese beneficio si les toca una condena. Ahora falta que declare De la Rúa (ver aparte), pero ese tramo de la pesquisa puede cerrarse después. Después habrá que ver si, como pidió Rafecas, el dinero es restituido al Estado.