Michael Morales debía morir con una inyección letal a la 0.01 de la madrugada de ayer en la prisión estatal de San Quintín, en la bahía de San Francisco, California. Pero su ejecución se aplazó cuando los anestesistas que debían asistirlo para minimizar el sufrimiento que provoca la dosis letal de medicamentos se negaron en forma rotunda a supervisarla por “motivos éticos”.

“Aunque contemplábamos un papel positivo que podría permitirnos verificar un protocolo humano de ejecución para el señor Morales, lo que se nos pide es éticamente inaceptable para nosotros”, dijeron los médicos anestesistas, sin identificar, en un comunicado leído por el portavoz de la cárcel, Vernell Crittendon. Es la primera vez que esto sucede en California desde la reinstauración de la pena de muerte en EE.UU., en 1976.

La semana pasada, los abogados de Morales, 46 años, convicto por el asesinato y violación de una joven de 17 años en 1981, alegaron que el uso de la inyección letal era “cruel” y un castigo “excepcional” que violaba la Octava Enmienda de la Constitución.

Jeremy Fogel, juez de distrito, ordenó entonces a los funcionarios de la prisión que alterasen la composición de los productos químicos letales usados en la inyección o que permitiesen la presencia de expertos médicos que asegurasen que no se infligía un dolor “innecesario” durante la ejecución.

El juez Fogel expresó su preocupación: dos de los tres compuestos químicos usados en California en las inyecciones letales, y que deben causar la muerte en un minuto, a veces tardan hasta 45 minutos en detener el corazón del condenado. El estado de California consideró que la solución era que un anestesista, no identificado, asistiera a la ejecución. Un segundo anestesista sustituto debía ser nombrado en caso de que el titular fallase.

La presidenta del Consejo de Asuntos Eticos y Judiciales de Medicina, la doctora Priscylla Ray, condenó la sentencia que requería la presencia de anestesistas. “El juicio de un médico para otro fin que no sea mejorar la salud o el bienestar individual mina el fundamento ético básico de la medicina: no herir”, dijo Ray a través de un comunicado. “Exigir que los médicos estén presentes en las ejecuciones viola su juramento de salvar vidas.”

A Morales le dieron ayer otra hora para su muerte: las 19.30. Según un parte oficial de la prisión de San Quintín, en su ejecución se emplearía una dosis fatal de barbitúricos en lugar de la inyección de tres compuestos químicos que se usa en California y en otros 35 estados de la Unión y que viola la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles. Su orden de ejecución expiraba a las 23.59 de ayer martes.

Si Morales no era ejecutado antes de esa hora, se hará necesario retomar la sentencia judicial en la que fue condenado a muerte en 1983 para que se dicte otra orden. Y parece que sería difícil encontrar otra fecha para su ejecución.

El juez que en su momento dictó la máxima pena para Morales, Charles McGrath, se ha unido a los que solicitan clemencia al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, para el preso. McGrath ha expresado sus dudas por la credibilidad de un testigo cuyo testimonio fue determinante para la condena a muerte. El juez tendría 60 días para una nueva orden.

En la petición de clemencia soli-

citada –y denegada– al gobernador

Schwarzenegger, Morales –que ad-mite su culpabilidad– alega que cuando violó y asesinó a Terri Winchell estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Cuando ayer se le comunicó que su sentencia iba a ser retrasada, “no se inmutó”, informó el portavoz de la penitenciaría. Sin embargo, los familiares de Winchell mostraron su frustración. “Había mucha preocupación y las caras de los partidarios de la muerte de Morales expresaban rabia por el hecho de que el condenado no fuera a sufrir”, relató Crittendon.

En la mañana del lunes, parecía que las opciones de Morales se agotaban cuando el Tribunal Supremo rechazó revocar la condena de muerte y cuando Schwarzenegger denegó la clemencia por segunda vez. California ha ejecutado a 14 personas desde que se reinstauró la pena capital en 1976.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.