En el marco de un operativo a nivel mundial contra la pornografía infantil, nueve allanamientos simultáneos fueron realizados ayer en la Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata y en el Círculo Médico de la ciudad de Córdoba. La investigación se inició en España y las intervenciones se concretaron a la misma hora, convenidas con autoridades judiciales y policiales de países latinoamericanos, europeos y asiáticos. Sólo se secuestraron computadoras. En Córdoba hubo personas demoradas, pero ninguna quedó detenida, porque, según la legislación argentina, eso sólo es posible si los imputados son sorprendidos “in fraganti”.

En la institución médica cordobesa se secuestró material con pornografía infantil que se compartía desde allí con el resto de la red a través de un programa denominado e-donkey, que se utiliza también para bajar y compartir archivos de temas musicales y hasta películas en DVD.

En Córdoba, el procedimiento estuvo a cargo del comisario inspector Ernesto Porcel de Peralta, quien informó que se incautaron equipos, y aclaró que “no hay ningún profesional sospechado”. “Sólo se ha demorado a tres empleados administrativos”, dijo. Además, el jefe policial insistió en el carácter de “usuarios” de los presuntos sospechosos, “cuya situación debe ahora definir la jueza Ana Lucero Offredi”, que a nivel provincial recibió el exhorto internacional de los investigadores españoles.

En el Gran Buenos Aires se realizaron intervenciones en domicilios particulares de Berazategui, Martínez, Ramos Mejía y Florencio Varela.

Otra casa particular fue allanada en Capital Federal, dos en la ciudad de La Plata y una en City Bell. En total, “unas 20.000 imágenes de pornografía infantil fueron secuestradas en las nueve intervenciones policiales realizadas, en otros tantos equipos de computación”, explicaron los investigadores.

La legislación argentina sólo permite secuestrar las computadoras detectadas desde donde se transmitían imágenes de pornografía infantil y los elementos donde eran almacenadas, como CD, DVD o disquetes. “Esto es así porque, salvo que se ubique a una persona ‘in fraganti’, no es posible asegurar fehacientemente que quien sea el propietario de la computadora haya sido el mismo que envió las imágenes perversas”, explicó la fuente. La causa se originó en España en busca de una organización dedicada a la producción y distribución de pornografía infantil, y si bien estos delitos están contemplados en las leyes argentinas, no ocurre lo mismo con el consumo de pornografía.