“La caza continúa”, espetó el jefe de la policía paulista, Elizeu Teixeira Borges, contradiciendo al propio gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, quien acababa de asegurar que “la situación está bajo control”. Ayer murieron otras 26 personas. Organismos de derechos humanos denunciaron que al menos 16 fueron víctimas de escuadrones de la muerte. Las cifras de la violencia en la ciudad más grande de Sudamérica sumaron así 141 muertes y 251 ataques a objetivos policiales, bancos y autobuses. El propio gobierno admitió que hubo contactos con el jefe del PCC, Marcos Williams Camacho, Marcola, supuesto promotor de los ataques desde la cárcel de presunta máxima seguridad donde está detenido, pero Lembo negó que se hubiera cerrado un acuerdo con el grupo. El PCC también lo contradijo: “Hubo negociación”, aseguró Macarrao, Orlando Mota, otro líder del grupo, y pasó a detallar algunos de los puntos. En el Senado nacional, por su lado, se presentaban proyectos de mano dura para calmar a las fieras.

Lo más llamativo del día, más allá de otros 26 muertos, fue la abierta y pública oposición policial al mensaje de tranquilidad difundido por Lembo. Mientras el gobernador sostenía ante las cámaras de tevé que “la situación está bajo control”, el propio jefe policial, Elizeu Teixeira Borges, terciaba diciendo que “la caza continúa. La policía está matando a quien osa enfrentarnos”, declaró Teixeira. La abierta contradicción con el enunciado de Lembo no surgió a partir de filtraciones de declaraciones en off, sino que fueron realizadas por el propio Teixeira en rueda de prensa.

En apoyo del jefe uniformado, el mayor Sergio Olimpo Gomes, de la Asociación de Oficiales policiales, anunció lo que viene: “A partir de ahora morirá un promedio de 10 a 15 bandidos por día en San Pablo”. Y descartó cualquier tipo de acuerdo: “No se cumplirá porque 130 mil policías en las calles no lo respetarán”.

“Por lo menos hay 16 casos de personas que murieron baleadas por la policía que no tenían vínculos con la criminalidad. Hicimos la denuncia a Asuntos Internos de la Policía Civil y Militar de San Pablo”, dijo el coordinador del Movimiento Nacional de Derechos Humanos de Brasil, Ariel de Castro Alves. Por otro lado, James Cavallaro, de Human Rights Watch, reclamó que “las fuerzas del orden actúen dentro de la ley, porque de lo contrario la policía se convierte en una banda más, un grupo armado actuando sin ley”, dijo Cavallaro al diario Folha de Sao Paulo.

Las versiones sobre el acuerdo entre el gobierno y la cúspide de la mentada banda circulaban ya desde el martes. Ayer, el propio Lembo aclaró que la reunión se había realizado el domingo, pero detalló que se había realizado a pedido de una abogada de Marcola, que quería cerciorarse de que el preso estuviera en buenas condiciones de salud. Pero Lembo insistió en que no se había realizado “ningún acuerdo”.

Como para desmentirlo, después del domingo, la violencia decreció y los motines cesaron casi al unísono. Macarrao admitió desde el penal de Presidente Venceslau que “hubo negociación” y aseguró que lograron que se suavizaran las restricciones a recreos y visitas de abogados aplicadas a presos alojados en máxima seguridad. También hizo mención al pedido de televisores para ver la próxima Copa del Mundo de la FIFA. “Llegaron a decir que los bandidos recibirían televisiones con pantalla de plasma. El plasma que yo conozco es el de la sangre”, dijo el jefe de la Policía Civil paulista, Marco Antonio Desgualdo.

Lejos de San Pablo, en Brasilia, parte de la reacción a la violencia fue una ola de escandalosas propuestas manoduristas en el Senado nacional. Uno de los proyectos amplía el tiempo de aislamiento de los presos considerados de alta peligrosidad a dos años, plazo que podrá ser prorrogado por tiempo indeterminado por el juez. Actualmente, el tiempo máximo es de un año. Con esta enmienda se pretende separar a los líderes de bandas organizadas que actúan dentro de las prisiones del resto de los presos, aunque no solucionaría el problema de que queden aislados pero con celular, y los líderes seguirían supuestamente controlando el delito externo. También se propuso que las declaraciones se realicen por videoconferencia para evitar que el preso salga y entre del penal. Y para controlar el uso de los celulares, se propuso como proyecto crucial el de instalar bloqueadores de señales en los alrededores de las cárceles. Y otro proyecto caracteriza el uso de teléfonos móviles en las cárceles como un delito. Por otra parte, los abogados de los presos supuestamente vinculados con el crimen organizado, según una propuesta de la Orden de los Abogados de Brasil, sólo podrán hablar con sus clientes mediante un teléfono interno y las conversaciones serán grabadas.

Los hechos parecen demostrar que, por el momento, la policía es la encargada de decidir a quién le corresponde el sayo y a quién no.

Luiz Inácio Lula da Silva insistió en que para contener al crimen organizado no tienen sentido el “bloqueo de celulares ni la pena de muerte”, propuestos por algunas autoridades y parlamentarios. “Si hubiéramos invertido en educación en los años ’70, ’80 y ’90, muchos de esos jóvenes presos estarían trabajando, dando clases o estudiando”, dijo.