El lunes 3 de julio próximo, en medio de un clima de franca hostilidad entre las partes y sin que se haya resuelto –al menos hasta ayer– una denuncia sobre supuesta parcialidad del tribunal a favor del imputado, dará comienzo el juicio oral y público contra el cura Julio César Grassi, acusado de cometer seis hechos de abuso sexual y corrupción en contra de dos menores identificados bajo los nombres supuestos de “Ezequiel” y “Gabriel”. La difusión del caso comenzó el 22 de octubre de 2002, a partir de un programa especial realizado por el equipo de periodistas de Telenoche Investiga, donde “Gabriel” relató dos de los hechos de abuso que dice haber sufrido, obligado por el imputado cuando la víctima tenía 15 años. Los hechos, de acuerdo con la denuncia, ocurrieron en la sede de la Fundación Felices los Niños, en la localidad de Hurlingham, cuyo máximo responsable era Grassi. Ante la gravedad de la acusación sobre la supuesta parcialidad del tribunal, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo saber que actuará como veedor en la audiencia pública.

El proceso estuvo plagado de amenazas a los testigos y acusaciones cruzadas, pero el clima de tensión alcanzó su punto máximo el 22 de febrero pasado, cuando en la sede del Tribunal Oral 4 de Morón, en San Martín 123, quinto piso, se realizó la audiencia preparatoria del juicio oral. El abogado Juan Pablo Gallego, del Comité Argentino de Seguimiento de los Derechos del Niño, que iba a actuar como querellante, no pudo ingresar a la sala de debate “porque la policía y los empleados del tribunal me lo impidieron, invocando una orden emitida por el presidente del cuerpo, Pedro Rodríguez”. Los otros integrantes del tribunal son los doctores Carlos Torti y Rodolfo Castañares.

En esa audiencia preliminar, la defensa de Grassi y los fiscales Sandra Mingolo y Pablo Galarza desistieron de varios testigos considerados por Gallego como “fundamentales para sostener la acusación”. El abogado, con el respaldo de Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y del Comité, aseguró que si él hubiera estado presente en la audiencia “de ninguna manera hubiera desistido de algunos testigos clave, como Marta Díaz, Angel Insfrán, Amalia Castro o el ex obispo de Morón monseñor (Justo) Laguna”, cosa que sí hicieron los fiscales y defensores, con la aprobación de los miembros del tribunal.

Eso motivó la presentación, por parte del Comité, de una denuncia contra los tres miembros del Tribunal Oral 4, bajo los cargos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por las extrañas circunstancias que impidieron la participación de Gallego en la audiencia preliminar. “Si no se produce alguna novedad de último momento, ninguno de los chicos (por ‘Ezequiel’ y ‘Gabriel’), tendrá el carácter de querellante y por lo tanto pierden la posibilidad de apelar un fallo que consideren desfavorable.” La causa por la denuncia contra los jueces está a cargo de la fiscal general adjunta de Morón, Rita Bustamante.

“En ese expediente, los empleados del tribunal y el secretario, Alejandro Daniel Fernández, reconocieron que hubo una orden expresa del presidente, Pedro Rodríguez, para que se me impidiera la entrada”, aseguró Gallego a Página/12. Por ese motivo, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso la apertura de un expediente disciplinario. El trámite está a cargo de la oficina de Control Judicial, que es la que dispone las sanciones o la apertura del jury de enjuiciamiento contra los jueces.

En el juicio, la única fiscal será Sandra Mingolo, ya que Pablo Galarza también fue acusado de inducir a “Gabriel” a desistir de su condición de querellante. Grassi, a través de sus abogados, aseguró que “Gallego está mintiendo” y que “ha desatado una campaña mediática” en su contra. El cura tiene como letrados a Jorge Sandro, Julio Virgolini y Adrián Maloney, entre otros cotizados abogados del fuero local. “Gabriel” ha ratificado sus denuncias al afirmar: “Fui abusado sexualmente por Grassi cuando él tenía mi guarda ordenada por un juez y yo estaba en la Fundación”. El secretario de Derechos Humanos nacional, Eduardo Luis Duhalde, comunicó al Comité su decisión de actuar como veedor en el juicio.