Miguel Eduardo Cardozo tenía 15 años y un juguete nuevo: el celular que le habían regalado sus padres. La noche de su muerte, acompañado por cinco amigos, se fue caminando desde su casa, en el barrio Almafuerte, de San Justo, hasta un ciber de Jujuy al 4500, cerca de la rotonda ubicada en el cruce de la Ruta 3 y el Camino de Cintura. Al ciber fueron a bajar la música para anunciar cada uno de los llamados que Miguel Eduardo, a quien todos llamaban Piki, iba a recibir en su teléfono móvil. De regreso al barrio, los seis amigos iban pateando una botella de plástico. El balón improvisado golpeó contra un auto estacionado sobre la calle Jujuy y comenzó a sonar la alarma. Todos corrieron, menos Miguel, quien recordó el consejo de Graciela, su mamá: “Si no hiciste nada, no hay por qué correr”. Tres hombres, dos de ellos policías, lo arrastraron por el piso cincuenta metros, lo golpearon durante 20 minutos acusándolo de un intento de robo inexistente. Uno de ellos, sin oír razones, le puso el revólver en la nuca y apretó el gatillo. El chico murió en el acto. Los tres adultos están presos por el homicidio. “Lo fusilaron”, le dijo Graciela a Página/12.

El asesinato incomprensible ocurrió en la noche del sábado 20, cerca de las 22. Una hora en la cual el barrio, de clase media, más algunas casas con toque lujoso, se preparaba para la cena en familia, mientras los más chicos hacían la previa del baile, una salida habitual en esa zona del partido de La Matanza. “Hay muchos testigos, incluso varios remiseros que pasaban por el lugar y trataron de interceder para que a Miguel no le hicieran nada. ‘Nosotros lo conocemos, es un buen chico’, llegaron a decirles a los tres hombres que lo maltrataban, pero no les hicieron caso”, relató a este diario Pablo Pimentel, de la filial zonal de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

En la causa judicial, a cargo del fiscal del Departamento Judicial de La Matanza, Elpidio González, está identificado el autor del disparo que mató al adolescente. Es el oficial de la Policía Bonaerense Mariano Luis Arn, de 28 años, propietario del automóvil cuya alarma sonó y desencadenó la tragedia. Lo detuvieron poco después del hecho, mientras que sus dos acompañantes, el policía bonaerense Cristian Andrés García, de 23 años, y el colectivero Félix Víctor Alvarez, estuvieron cuatro días prófugos y finalmente fueron detenidos. Todos fueron conducidos a la comisaría primera de Ramos Mejía, pero luego los trasladaron –por separado– a otras dependencias policiales. “La familia denunció que en Ramos Mejía estaban prácticamente libres, mejor que en sus casas, y por eso se produjo el traslado”, explicó Pimentel.

“Se había ido al ciber para bajar la música que le quería poner al celular que le habíamos regalado con el papá. ¿A usted le parece que lo hayan matado por ir pateando una botellita? Todos salieron corriendo y él se quedó para dar explicaciones. Lo arrastraron por el piso, le pegaron y después lo fusilaron. Lo mataron por hacerme caso. Siempre le dije que no había que correr cuando se es inocente. Cuando le pegaron el tiro estaba arrodillado. Les explicaba que no había hecho nada.” Graciela, la mamá del chico asesinado, sigue sin encontrar una explicación. “El señor asesino (sic), Mariano Luis Arn, está identificado. Hubo muchos testigos que lo reconocieron y lo señalaron. No sé qué más puedo decirle.”

Graciela tiene otros seis hijos, el mayor de 19 años. “Piki era muy trabajador. De lunes a viernes, desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde trabajaba en un depósito que compra y vende cartón, acá cerca del barrio. Y los fines de semana atendía una panadería. Estaba esperando cumplir los 16 años para ingresar a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Quería ser militar como un hermano mío. Es increíble lo que pasó.” Jorge Vega, tío de la víctima, precisó que “después de pegarle durante una media hora, mientras lo mantenían arrodillado en el piso, uno de los policías fue a buscar el arma a la casa y cuando volvió le dijo a mi sobrino: ‘Empezá a rezar porque son tus últimos minutos’”. Después de lo ocurrido, la familia recibió varias llamadas telefónicas con amenazas: “Nos dicen que paremos con las denuncias porque nos van a matar un hijo. Otro hijo más”. Pablo Pimentel, hijo de Eduardo Pimentel –inolvidable socio fundador de la APDH–, es también miembro del Comité de Transparencia convocado por el Ministerio de Derechos Humanos del gobierno bonaerense para acompañar a los funcionarios en la tarea de seguimiento y control del accionar de la policía. “Por su edad, son dos hombres jóvenes, los detenidos son miembros de la nueva policía y por eso hemos solicitado una reunión urgente con los ministros de Seguridad, (León) Arslanian, y de Justicia, (Eduardo) Di Rocco. Es evidente que existe una cultura que está metida en la cabeza de esta gente (por los policías) y que no existe el control necesario para que no ocurran estas cosas.”

Uno de los policías se desempeñaba en la Departamental de La Matanza, el otro en un grupo especial de La Plata. El colectivero detenido estaba de visita en la casa de Arn y no es clara cuál fue su participación en los hechos. La información conocida a través de fuentes policiales indica que el papel protagónico estuvo a cargo de Arn y de su colega García.

Una vez ocurrido el hecho, intervino la División Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, que dispuso el pase a disponibilidad preventiva de los dos involucrados. La causa fue caratulada como “homicidio simple”, con una pena de hasta 25 años, por la Unidad Fiscal de Investigaciones 2 de La Matanza, con intervención del Juzgado de Garantías 3 a cargo de Norberto Ochipinti. La familia está pidiendo que el caso sea calificado como “homicidio agravado por alevosía”, delito que puede merecer la pena de prisión o reclusión perpetua. El celular que le habían regalado a Miguel desapareció, igual que su DNI.