Martes, 30 de mayo de 2006 | Hoy
EL PAíS › EL JUEZ RAFECAS ORDENO OCHO PRISIONES PREVENTIVAS
Por Miguel Jorquera
Fue uno de los tantos centros clandestinos de detención que funcionaron bajo el mando del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura. Por El Vesubio –ubicado en el predio de Camino de Cintura y Autopista Richieri asignado al Servicio Penitenciario Federal (SPF)– pasaron desde abril del ’76 hasta noviembre del ’78 más de 400 personas, muchas de las cuales continúan desaparecidas. La reapertura de la megacausa del Primer Cuerpo llevó tras las rejas a ocho de sus torturadores, entre militares y penitenciarios, para los cuales el juez federal Daniel Rafecas ordenó ayer la presión preventiva y un embargo de bienes por 28,2 millones de pesos. El extenso fallo de 515 páginas valora la acreditación de los hechos realizada por la Conadep y el testimonio de los sobrevivientes, y vuelve a desechar la obediencia debida como “eximente de responsabilidad”.
Estaban encarcelados, pero ayer el juez Rafecas ratificó su procesamiento hasta el juicio oral y el millonario embargo de sus bienes. Se trata del general Héctor Gamen, alias “Beta”, segundo comandante de la unidad militar con jurisdicción sobre El Vesubio; el teniente coronel Hugo Idelbrando Pascarelli, máximo responsable del área 114 del Primer Cuerpo a cargo de El Vesubio; el mayor Pedro Alberto Durán Sáez, alias “Delta”, jefe del centro clandestino de detención entre octubre del ’76 y diciembre del ’77; y los penitenciarios Ramón Antonio Erlán, alias “Pancho”; Roberto Carlos Zeoliti, alias “Sapo”; Diego Salvador Chemes (Alcalde Mayor SPF) apodado “Polaco”; Alberto Neuendorf (Prefecto SPF) apodado “Alemán”; José Néstor Maidana, actuó bajo el seudónimo de “El Paraguayo” o “Matos”; que cumplieron funciones de guardias, torturadores y secuestradores en El Vesubio.
Los militares Gamen, Pascarelli y Durán Sáez están acusados de “homicidio agravado y reiterado” y “privación ilegal de la libertad agravadas por mediar violencia y amenazas” reiteradas en decenas de casos. Los penitenciarios son acusados de “privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas” e “imposición de tormentos” reiterados en más de un centenar de casos. A todos ellos se les trabó embargo de bienes que promedian los 3,5 millones de pesos para cada uno.
En la resolución dictada por Rafecas el 23 de mayo dio por probada la existencia del centro clandestino de detención, su funcionamiento como tal durante el período mencionado y su dependencia del Primer Cuerpo de Ejército, y en especial “que todo secuestrado era sometido a un régimen con tanta carga de terror y sadismo, que de por sí era constitutivo del delito de imposición de tormentos”. Muestra de ellos son los testimonios que dan cuenta de que Durán Sáenz “abusaba sexualmente de las detenidas”; del perfil “sádico” y “sanguinario” de Maidana que “parecía que disfrutaba golpeando”; o la tortura psicológica que ejercía Chemes, que en una oportunidad le entregó a una secuestrada embarazada “una capuchita” igual que la de los detenidos para cuando naciera su hijo.
Los sobrevivientes también aportaron datos que servirán para la megacausa que investiga Rafecas. Elena Alfaro relató que Gamen acompañaba en sus visitas por el centro clandestino de detención al Comandante del Primer Cuerpo de Ejército, el fallecido general Carlos Guillermo Suárez Mason, que en ocasiones “decidía la vida o la muerte de los detenidos”. Visitas que efectuaba el también fallecido general Juan Bautista Sasiaiñ, quien se desempeñó como jefe de la subzona 11 a cargo de El Vesubio.
El fallo firmado por Rafecas da por probados 157 casos de secuestros y torturas, entre ellos, los del historietista Héctor Oesterheld y el escritor Raimundo Gleyzer. También los casos de 18 estudiantes secundarios del Nacional Buenos Aires y del Carlos Pellegrini; o los 60 secuestrados en 1978 de la agrupación política Vanguardia Comunista, muchos de ellos desaparecidos. La resolución judicial también incluye el caso de las enfermeras del Hospital de Quilmes María González y Generosa Fratassi, que fueron detenidas y desaparecidas por avisar a la familia de SilviaValenzi que ésta dio a luz a una niña durante su cautiverio en El Vesubio y tampoco volvieron a tener noticias sobre ninguna de ellas.
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