El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazó la designación de Laura Fernández como jueza del Tribunal Oral de San Nicolás, al responsabilizarla de “irregularidades en el manejo de una causa sobre violación de los derechos humanos”, ocurrida en 2004, en la Unidad Penal 3 de esa localidad bonaerense, cuando se desempeñaba como fiscal de ese distrito judicial. El pliego que designa a Fernández fue aprobado hace dos semanas por el Senado bonaerense. La fiscal intervino ante una denuncia de torturas en el penal pero, según los denunciantes, no adoptó las medidas que hubieran permitido sancionar a los responsables. “No cumplió con sus funciones y no tiene por qué ganar un concurso. Con esta acción se avala la violación a los derechos humanos”, afirma el CELS.

En 2004, un grupo de detenidos denunciaron que fueron víctimas de “una golpiza y de paso de corriente eléctrica, con unos aparatos que dan una fuerte descarga”, por parte del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en la cárcel de San Nicolás. El caso había llegado a la Justicia tras la denuncia del defensor general del Pueblo de esa localidad, Gabriel Ganon, y la causa cayó en manos de la fiscal Laura Fernández, de la fiscalía 3.

“La causa fue un fracaso, debido a las graves falencias de la investigación, que impidieron que se comprobara lo denunciado por los detenidos”, criticó una de las representantes legales del CELS, Paula Litvachky. Según la denuncia del organismo, se registró una “tardanza en la realización de la pericia anatomopatológica para comprobar golpes y marcas en la piel, y se permitió que se destruyeran los aparatos de paso de corriente eléctrica que estaban en manos del SPB, y que por ello se perdiera prueba fundamental”, dijo Litvachky.

Después de tomar conocimiento del tema, en noviembre de 2005 los abogados del CELS se enteraron de que la fiscal Fernández estaba postulada como candidata a jueza del Tribunal Oral de San Nicolás. En ese momento presentaron una carta, junto con la Comisión Provincial de la Memoria, al ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, para manifestarle que lo realizado en la causa judicial por la candidata a jueza “impedía que ocupara ese cargo, en la medida de que no había mostrado ni idoneidad ni compromiso con la investigación de una grave violación de los derechos humanos”. “Nunca tuvimos respuesta de la gobernación –apuntó Litvachky–. Esto no ayuda a revertir la situacion de la Justicia en la provincia. Por acción u omisión, se avalan las prácticas de tortura a detenidos.”