El gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, aportó ayer un video en el que aparece entrevistado un joven, adherente de Callejeros, al que acusa de ser uno de los que tiró las bengalas que provocaron el incendio en el boliche de Once. Chabán prometió entregar un video similar la semana próxima para que se identifique a otro joven y, además, adelantó que va a declarar un testigo de identidad reservada que dará datos sobre la corrupción que existió en la habilitación del local en 1997 y en la renovación de 2003. La estrategia del administrador de Cromañón es sostener que la responsabilidad de las muertes debe recaer en los que tiraron las bengalas y los propietarios del predio de la calle Bartolomé Mitre, dos hermanos de apellido Levy, dueños de una sociedad uruguaya que tiene a su nombre la propiedad e hizo la habilitación. En Tribunales sostienen que es difícil que los elementos aportados alivien la situación de Chabán.

El administrador de Cromañón pidió ampliar su declaración y se presentó ayer ante la jueza María Angélica Crotto. El elemento fundamental aportado es un video de una entrevista realizada por el noticiero Telenueve a un integrante de una de las dos barras que respaldaban a Callejeros, El Fondo No Fisura y Familia Piojosa. El joven, flaco y de flequillo, cuyos rasgos –-según Chabán– coincidirían con un identikit que figura en el expediente, es el que arrojó una de las bengalas, en acuerdo con otros integrantes de su barra, con el objetivo de producir un hecho grave –Chabán habla de atentado– y conseguir que les den más entradas a los recitales. La teoría ya fue desarrollada por Chabán en más de una oportunidad. La semana próxima el administrador aportaría un segundo video que serviría para identificar a otro de los que habría arrojado bengalas.

En forma paralela, el administrador de Cromañón anunció la existencia de un testigo de identidad reservada que se presentará, también la semana que viene, y daría detalles sobre los mecanismos de corrupción que utilizaron los dueños del predio para que les den una habilitación que nunca les debieron otorgar. En la mira quedarán los propietarios del local y, supuestamente, también funcionarios de las administraciones del gobierno de la ciudad en tiempos de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra. La Cámara del Crimen ya había dado instrucciones de investigar esta trama, porque en el expediente se agregó una pericia que encabezó la Facultad de Arquitectura de la UBA, en la que se demuestran que las dimensiones que figuran en los planos son falsas, que las puertas no tenían el ancho declarado, que no existían los sistemas electromecánicos de apertura de puertas que aparecen en el trámite original ni existía la capacidad suficiente en los tanques de agua como para apagar un incendio. En una palabra, que el trámite de habilitación fue fraudulento.

En Tribunales sostienen que es casi imposible que estas movidas mejoren la situación de Chabán. El empresario está acusado de hacer ingresar al recital el triple de las personas admitidas por la habilitación, es decir más de 2700 cuando la capacidad era algo superior a mil. En segundo lugar, porque mantuvo cerradas las puertas de emergencia. La pericia de Arquitectura señala que la gran puerta de seis metros de ancho sí era una vía alternativa de emergencia, tenía una luz que señalaba que allí se salía y esa puerta estaba cerrada con alambre y candado. Por último, Chabán está imputado de estrago doloso, lo que significa que tenía plena conciencia de que podía ocurrir un incendio y no tomó medida alguna. Es más, se señala que hubo tres conatos de incendio anteriores, sin que Chabán reaccionara.

Respecto de los que arrojaron las bengalas, si hubiera pruebas suficientes, es posible que se los impute, pero será más que difícil reunir evidencias de que hubo intencionalidad. De todas maneras, a los integrantes de Callejeros ya se les agravó la situación judicial justamente por esa razón, porque alentaron el uso de bengalas, permitieron su ingreso y tampoco tomaron medidas para evitar un incendio que se veía venir.

En cualquier caso, todos estos elementos serán evaluados de una manera más decisiva en el juicio oral que, tarde o temprano, se hará. Las demoras y apelaciones podrían determinar que ese juicio no se haga a fines del año próximo sino recién en 2008. O aun después.