Tenía la actitud de quien se cree impune. Por eso estaba a unos pocos kilómetros de donde en 1987 participó de la matanza de tres jóvenes en una esquina de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. Pero se equivocó con respecto a su impunidad. En la madrugada de ayer volvió a ver el uniforme que alguna vez vistió como cabo primero de la Bonaerense: esta vez lo vestían quienes iban a buscarlo a él, a Jorge Alberto Miño, condenado a 11 años de prisión y prófugo hasta ayer. Con su detención, queda sólo un fugitivo por la masacre de Budge, el ex suboficial principal Juan Ramón Balmaceda. El otro tirador, el ex sargento Isidro Romero, había sido detenido en 1998.

El trabajo de investigación para llegar hasta Miño, de 53 años, comenzó a principio de año. Una división especial del Ministerio de Seguridad de la provincia, dedicada al seguimiento de prófugos, consiguió las primeras pistas, lo ubicó, confirmó dónde estaba y consiguió una orden de allanamiento del fiscal general adjunto del departamento judicial de Lomas de Zamora Homero Alonso. Así pudieron entrar a la vivienda de Guaminí 47, del barrio Parque Barón, para detenerlo.

“Es para destacar el trabajo del Ministerio de Seguridad durante esta gestión, porque gestiones anteriores lo estaban encubriendo”, indicó a Página/12 Ciro Annicchiarico, uno de los abogados de los familiares de las víctimas. “Nosotros les llevábamos datos que obtenían los familiares porque se cruzaban con alguno de los policías, pero nunca se avanzaba. Ahora se nota que hay voluntad política y las cosas son diferentes”, considera.

El cambio de época surge con una anécdota. Unos diez años atrás, uno de los familiares fue a una comisaría a hacer un trámite. Algunos escritorios más allá del lugar en el que lo atendían, alguien sin uniforme tecleaba con dos dedos sobre una máquina de escribir: era el prófugo Balmaceda. A pesar de la denuncia de esa situación, aún continúa libre.

La historia del primer caso de gatillo fácil con repercusión pública empezó cuando el 8 de mayo de 1987 el dueño del bar Angiulina llamó a la policía. En la esquina del bar, Figueredo y Guaminí, tomaban cerveza Oscar Aredes, de 19 años; Roberto Argarañaz, de 24, y Agustín Olivera, de 26, que recibieron 7, 10 y 15 balazos, respectivamente, de parte de los uniformados que acudieron al llamado.

Romero tiro con una ametralladora, mientras que Miño y Balmaceda lo hicieron con sus nueve milímetros. Después de la balacera, el trío de la Bonaerense plantó dos armas a los jóvenes para intentar simular un enfrentamiento. La simulación quedó al descubierto con dos juicios en 1990.

En un primer juicio oral, Romero fue condenado a doce años de prisión por el delito de “homicidio simple y doble en riña” y Balmaceda y Miño, a cinco por “homicidio”. Más tarde, la Suprema Corte de la provincia anuló el juicio y los tres quedaron libres. Un segundo juicio los condena a once años. La condena quedó firme en 1994, pero días antes la Sala II de la Cámara Penal de Lomas de Zamora les concedió la excarcelación hasta que la sentencia quedara firme. Ese lapso fue en el que se transformaron en prófugos y existió gracias a que la defensa apeló con el argumento de que no hubo una serie de asesinatos, sino que los policías “actuaron en cumplimiento del deber y en legítima defensa”.

También la fiscal Marta Carranza presentó una apelación, pero porque consideró insuficiente la pena. En los alegatos había solicitado 20 años para Balmaceda, y 18 para Miño y Romero, al considerar como agravante la condición de policías. Los tres recién fueron exonerados de la policía el 14 de mayo de 1997. Con otro atraso, la detención fue ordenada en 1998.

El primer detenido fue Isidro Romero. Sus ex compañeros lo encontraron el 9 de octubre de 1998 en una casa de la localidad de Virrey del Pino, La Matanza, a partir del dato que alguien otorgó, interesado en los 30 mil pesos de recompensa que ofrecía el Ministerio de Seguridad. Sólo resta la detención de Balmaceda, que desde el ’87 estuvo preso 20 días.