Una semana antes de que la virgen de San Nicolás se transforme en tema excluyente de la ciudad homónima, el boca a boca y los corrillos vecinales se dedicaron a la aparición en pantalla del director de la cárcel local, Alfredo Lione. El funcionario, al borde de la furia, desmintió que uno de sus hijos fuera parte del grupo de penitenciarios que molieron a patadas al preso Ricardo de Angelis Vacarini, partiéndole el hígado. El hijo de Lione había sido mencionado en una denuncia presentada por el defensor general de San Nicolás, Gabriel Gannon, y parcialmente difundida por Página/12 el lunes pasado. De Angelis no pudo reconocer a Lione hijo porque su legajo, donde consta su foto, no fue entregada al fiscal por su jefe, o sea Lione padre, quien asegura que su hijo estaba de licencia. Sin quitar seriedad a la desmentida, el Servicio Penitenciario Bonaerense no parece demasiado preocupado en evitar suspicacias: el sumario que debe investigar responsabilidades de los guardias depende de Carlos Turati, abogado del penal. Lo curioso es que Turati comparte estudio con José Antonio Corral, defensor de los dos únicos guardias pasados a disponibilidad.

El fiscal del caso, Vicente Botteri, pidió al director del penal los legajos de todos los penitenciarios que figuraban como ingresados en el libro de guardia del día de la paliza. Con los legajos en mano se dirigió al hospital San Martín, de La Plata, donde De Angelis se encontraba convaleciente. El preso reconoció a once de los agresores en las fotos. Entre ellas no se encontraba la de Leoni hijo, porque no figuraba en el libro de guardia, aunque tanto el preso como varios llamados anónimos recibidos por Gannon y volcados en su denuncia aseguran que el hijo del director fue de la partida.

A todo esto, un mes después de la golpiza, el ministro de Justicia Eduardo di Rocco ordenó pasar a disponibilidad a Lucas Burucúa, encargado de turno, y a Mario Rible, inspector de pabellón. Del resto de los denunciados por el preso ni noticia. En realidad, desde el primer día De Angelis señalaba entre los once agresores a un jefe penitenciario de apellido Cruz. Aunque figuraba en el libro, la carpeta de Cruz fue medio demorona. Finalmente, llegó. Tanta demora, sumada a la ausencia del legajo de Lione hijo, abrió las suspicacias: el abogado del penal que debe investigar a los guardias comparte estudio con el abogado que los defiende. El primero es Carlos Turati, el segundo José Antonio Corral. Este, a su vez, fue socio político de Eduardo di Rocco, actual ministro de Justicia bonaerense, quien también supo compartir el mismo estudio de abogacía.

En la denuncia de Gannon también se pedía investigar si la mansión de Cochabamba 431, en la ciudad de la virgen, pertenecía a Lione padre. Y de ser así, si había sido levantada con la venta de harina y papa proveniente de la cocina de la Unidad 3 de San Nicolás.