El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Gallardo recibió ayer su segundo procesamiento en menos de un mes por parte de la Justicia Federal, en ambos casos por resoluciones que ordenaban la clausura del casino Estrella de la Fortuna, anclado en la zona de Puerto Madero. El juez federal Norberto Oyarbide dispuso ahora el procesamiento de Gallardo por supuesto “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La figura prevé penas de un mes a dos años de prisión. Oyarbide cuestiona a Gallardo por haber tomado decisiones sobre barcos que están en jurisdicción nacional –las aguas del Río de la Plata– y no de la Ciudad. Según el juez federal, el magistrado porteño llevó adelante “medidas excesivas, desproporcionadas, provistas de gran contenido mediático”. Consultado por Página/12, Gallardo recordó que las medidas adoptadas por él, en marzo de 2005, fueron ratificadas por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Justicia porteña. “Yo hice lo que marca la Constitución porteña”, insistió. Mientras no reciba condena, Gallardo podrá seguir desempeñándose como juez.

Oyarbide, como antes lo había hecho la jueza federal María Servini de Cubría, dispuso el procesamiento de Gallardo, sobre cuyos bienes impuso un embargo de 15.000 pesos. La denuncia contra Gallardo, en el fuero federal, había sido presentada por los directivos de la empresa catalana Cirse, cuyo titular es Ernesto Cavallo. “Las medidas de clausura dispuestas” por Gallardo fueron ordenadas “en clara comisión del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”, dijo Oyarbide. Ese capítulo sanciona a los funcionarios públicos que dicten “resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales”.

“Lo que yo dije en su momento está escrito, lo que Oyarbide dijo ahora también está escrito, de manera que todo es una cuestión de tiempo. Ahora el tema va a ser analizado por instancias superiores de la Justicia que son las que van a determinar quién tiene la razón. Yo estoy tranquilo”, le dijo Gallardo a este diario. El juez, reconocido por sus polémicas con el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, insistió en que actuó “dentro de lo que dice la Constitución de Buenos Aires y la ley de juego 538, que rige en la ciudad, todo lo cual fue corroborado, en dos oportunidades, por la Cámara en lo Contencioso Administrativo”.

En uno de esos fallos, los camaristas Nélida Daniele y Eduardo Russo ratificaron lo que dijo Gallardo en cuanto a que era “a todas luces ilegal” la instalación de casinos en la ciudad de Buenos Aires sin llamado a licitación previa, invalidando así un acuerdo suscripto entre el gobierno porteño y Lotería Nacional. En forma paralela, la Justicia federal autorizó a que el casino siguiera funcionando porque Gallardo no tenía derecho a intervenir por cuestiones de jurisdicción.

El juez federal Oyarbide consideró que “el desempeño irregular y abusivo” por parte de Gallardo “ha quedado demostrado al quedar en evidencia” que las medidas ordenadas fueron “un exceso en su accionar”. Oyarbide dijo que Gallardo, “lejos de lograr el fin jurídico propio, ha causado conmoción y escándalo jurídico” generando “situciones de gravedad institucional que podrían evitarse de forma mesurada”.