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Cuando entre los vecinos de la ciudad de Buenos Aires se presente un conflicto en el que no haya delito o contravención –por ejemplo, una cuestión de medianera o un problema entre propietarios e inquilinos–, los vecinos podrán acudir a un sistema de arbitraje que intervendrá en casos civiles y comerciales que se puedan solucionar sin llegar a juicio. Este sistema que se puso en vigencia ayer es voluntario y gratuito. La resolución arbitral tendrá valor de sentencia.

Se trata de una especie de “juicio abreviado” en el que las partes se comprometen a acatar la disposición del abogado que ejercerá como árbitro, aunque en caso de quedar disconformes con la decisión tienen acceso libre a la Justicia ordinaria.

Los nuevos tribunales arbitrales están coordinados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y buscan agilizar y abaratar la solución de problemas entre vecinos, además de aliviar los juzgados, cuyos depósitos acumulan miles de expedientes.

El tipo de cuestiones en torno de las que se podrá arbitrar serán “aquellos conflictos en los que no haya delitos ni contravenciones ni causas familiares como divorcios o sucesiones o que involucren a menores”, señaló a Página/12 la defensora del pueblo, Alicia Pierini.

“El arbitraje empieza con un encuentro de mediación, intentando que si las partes no se ponen de acuerdo con el conflicto, se pongan de acuerdo con el método”, indicó la funcionaria. Para ello, “se les explica que este procedimiento es igualmente confiable que el tradicional. Cada parte podrá elegir a uno de los abogados del tribunal arbitral mientras que el tercero va a sorteo, para garantizar la imparcialidad”.

El sistema “abaratará los costos, porque el trámite es gratis, no se paga tasa de justicia y ayuda a los jueces a liberarse de las causas por problemas menores”, señaló.

La Defensoría seleccionó a 50 de más de 300 abogados para que se convirtieran en árbitros. Entre los requisitos se dispuso que tuvieran 15 años de experiencia profesional, cinco más que lo que requiere el Consejo de la Magistratura para los jueces.

Si bien todos trámites se deberán realizar en la sede de la Defensoría, en Venezuela 842, próximamente estarán listas nuevas locaciones para las oficinas de los árbitros, sobre la calle Piedras, a menos de una cuadra de distancia. También se puede pedir información a través del mail ar [email protected]

La realidad demuestra que “mucha gente no llega a la Justicia porque le resulta complicado, el objetivo nuestro es hacer más accesible el sistema de justicia para todos, y hay otras maneras de hacerlo, no sólo a través de los tribunales”, subrayó Pierini.

En cuanto a los tiempos “estimamos que los arbitrajes se resolverían entre los tres y seis meses”, es decir, en menos tiempo que en un juicio.

Cuando se presente un conflicto, las partes “tendrán que exponer el tema, nosotros hacemos un diagnóstico para ver si lo admitimos o no, y se hace una reunión para ver cuál es el nivel de conflictividad. Si no se puede resolver por una mediación, se les dice que firmen un compromiso de arbitraje”, explicó Pierini.

No será compulsivo, pero una vez que ambas partes lo acepten deberán respetar el proceso y cumplir el laudo. Los árbitros convocarán a audiencias y podrán solicitar pericias. Luego, llegarán a un laudo, que será homologado por un juez de primera instancia, por lo que pasará a ser un fallo judicial, de cumplimiento obligatorio. Si una de las partes está disconforme podrá recurrir a la Cámara de Apelaciones.